De dónde saldrán los recursos para reactivar el agro, pregunta constante

Legisladores, empresarios y especialistas, escépticos ante el pacto para el campo

"Es una ironía que se firme un acuerdo que ya tiene desacuerdos", afirmó Sauri Riancho

ROBERTO GARDUÑO, VICTOR BALLINAS Y DAVID ZUÑIGA

El acuerdo nacional para el campo fue recibido con escepticismo por legisladores, líderes políticos, empresarios, investigadores universitarios y hasta por funcionarios del actual régimen, porque desde su punto de vista se carece de los recursos económicos suficientes para remediar el rezago y la problemática del sector agropecuario del país.

Para diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra latente el riesgo de despertar al México bronco en caso de que no se obtengan resultados positivos del acuerdo o que se convierta en "un barril sin fondo", si no se cuenta con las instituciones necesarias y especializadas en administrar los recursos que se destinarán al campo.

En tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que la clave de la "nueva política agropecuaria" anunciada ayer por el presidente Vicente Fox es la disponibilidad de recursos para crear infraestructura. Por su parte, la titular de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, calculó en 30 mil millones de pesos lo que se requiere para llevar servicios básicos a todas las comunidades de más de 100 habitantes.

A su vez, el investigador de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Dussel Peters, advirtió que cualquier programa de apoyo para el campo no tendrá éxito a menos que forme parte de una política integral con enfoque sectorial y regional. Y la senadora priísta Dulce María Sauri Riancho sintetizó: "es una ironía que se firme un acuerdo que ya tiene desacuerdos".

En el Palacio Legislativo, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados e integrante del PRD, Oliverio Elías Cardona, consideró que el problema del campo no se circunscribe a conceder mayores recursos económicos, "es un conflicto que se genera por la ausencia de tecnología e estructura para competir en el ámbito internacional".

Consideró insuficientes los próximos tres años para solucionar la situación que priva en el campo, porque "la desatención ocurre desde hace dos décadas, cuando empezaron a desmantelarse todas las instituciones y empresas que le daban certidumbre". Habló de Fertimex, Agroacemex, de Banrural, de los precios de garantía y las tarifas eléctricas. "Aquí el Presidente de la República tiene la obligación histórica de empezar a dar solución a este problema", dijo.

El diputado Librado Treviño, integrante del grupo de legisladores campesinos del PRI, dijo que el acuerdo representa "un sacrificio" para millones de trabajadores del campo, porque incluye criterios de un grupo de productores altamente beneficiados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y se contrapone a los pequeños productores, que son la mayoría en el medio rural.

El presidente de la Comisión Especial de Ganadería, Arturo de la Garza Tijerina, advirtió que el Presidente de la República tiene la obligación de "no salirse por la puerta de atrás y asumir su responsabilidad ante millones de mexicanos que se encuentran en la indefensión total".

Mientras tanto, en el Senado, la priísta Sauri Riancho resaltó la importancia de haber alcanzado un conjunto de medidas para atender la situación de emergencia en el campo, sobre todo por la concertación entre organizaciones de productores, el gobierno federal y los estados y llamó a rechazar intereses mezquinos que saboteen los resultados del acuerdo.

Desde el punto de vista del CEESP, el acuerdo firmado ayer se convertirá en una presión más para las finanzas públicas junto con la baja en los precios internacionales del petróleo y el aumento del subsidio a las tarifas eléctricas.

En un estudio, el organismo se preguntó de dónde provendrá el dinero que se requiere si el país se encuentra en un ambiente de bajo crecimiento económico y sin una reforma fiscal que aumente la recaudación, la cual apenas representa 11 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Y si bien la falta de recursos económicos se plantea como un problema para alcanzar los objetivos del acuerdo para el campo, el investigador universitario Dussel Peters consideró que es necesario, entre otros aspectos, detectar y compensar los factores que afectan a los sectores agrícola y agroindustrial, desde la falta de infraestructura, hasta la ausencia financiamiento.

Recordó que en la crisis de 1994-95 el gobierno federal aceptó utilizar 20 por ciento del PIB para pagar el Fobaproa. "Y si en esa época se encontrar recursos para rescatar a un grupito de empresas, ¿por qué no hacerlo ahora para ayudar a 25 por ciento de la población del país?"