Fue solicitada por el Ejecutivo contra decisión de la ASF sobre el IPAB

Rehúsa la Corte suspender a bancos descuento de créditos irregulares

Declara improcedente la controversia constitucional contra la Cámara de Diputados

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la suspensión provisional, solicitada por el Ejecutivo federal, que pretendía dejar sin efecto siete oficios mediante los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito de Público (SCHP) ''descontarles'' a los bancos los montos de los créditos que integraron irregularmente en la deuda reconocida por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

En el marco de la controversia constitucional interpuesta por la consejera jurídica presidencial, María Teresa Herrera Tello, en contra de la Cámara de Diputados por presunta ''invasión de esferas'', el ministro instructor Juventino V. Castro y Castro declaró improcedente la petición presidencial, porque de aceptar suspender la vigencia de los oficios girados por la ASF a Hacienda ''se afectaría a instituciones fundamentales del orden jurídico''. Además recordó que los legisladores tienen entre sus facultades la revisión de la cuenta pública, para garantizar a los gobernados que los recursos son manejados debidamente y se destinan al bienestar de la población.

Cabe señalar que los oficios impugnados datan del 7 y 20 de marzo pasado, en los que el director especial de Desempeño de la ASF notificó oficialmente a Hacienda que en auditorías realizadas a la compra de cartera de las bases para la actualización de intereses del IPAB, en marzo de 2002, ''se identificaron créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos'', como era el caso de préstamos en litigio, de empresas en quiebra o en suspensión de pagos e incluso intereses moratorios que fueron ilegalmente considerados ''en calidad de reservas''.

De acuerdo con denuncia presentada por el presidente Vicente Fox Quesada, a través de su consejera jurídica, tan sólo en dos de los siete oficios que forman parte de la controversia -a los que tuvo acceso La Jornada- se precisa que Banamex incluyó ilegalmente en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) cartera vencida por 6 mil 539 millones de pesos, más intereses bancarios. Cabe recordar que apenas hace unas semanas la ASF determinó que en el primer año de gobierno de Fox se entregaron irregularmente 44 mil millones de pesos a Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco del Atlántico, recursos que tendrían que ser devueltos al erario.

Por lo que se refiere a los oficios girados que están relacionados con Banamex, se precisan cinco créditos que la institución bancaria integró irregularmente al Fobaproa y que, por ende, la Secretaría de Hacienda estaba obligada a ''instrumentar las acciones convenientes para que por la vía que considere procedente'' descuente dichas cantidades de los compromisos adquiridos por la compra de cartera vencida, mediante convenios establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Grupo Financiero Banamex-Accival, Fobaproa y Banco Nacional de México.

Los oficios en cuestión obligan además a la dependencia del Ejecutivo federal a informar a la ASF del cumplimiento de las acciones ordenadas, aunque, como se desprende de la documentación que forma parte de la controversia, la auditoría estableció en su momento que la secretaría que encabeza Francisco Gil Díaz no había atendido las recomendaciones de descontar, al menos en el caso de Banamex, las cantidades de mil 880.2 millones de pesos, mil 464.9 millones, mil 719.7, mil 841.3 y 2 mil 817.5 millones de pesos, más los intereses ''históricos'' que generaron dichos recursos y que fueron pagados al banco de manera irregular.

Ante esa situación, la auditoría estableció la obligación de Hacienda de entregar un informe bimestral, a partir del 20 de mayo próximo, ''sobre los créditos que sufran evicción -a los que les quiten las cantidades que fueron integradas indebidamente como deuda del Fobaproa-, previa actualización de montos e intereses''.

Después de que la ASF giró los oficios correspondientes, el Presidente de la República decidió interponer controversia constitucional en contra de la actuación de la auditoría y de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, al ser aceptada la demanda, el ministro Castro determinó que la acción únicamente procedía en contra de la Cámara de Diputados, porque la auditoría depende del cuerpo legislativo. Asimismo, el ministro aceptó que el Banco de México forme parte del juicio, en su calidad de tercero interesado.

A su vez, la parte demandante interpuso una solicitud de suspensión provisional en contra de la aplicación de los oficios referidos, en tanto se resuelve el fondo del asunto; sin embargo, el ministro instructor negó la petición con el argumento de que, ''de concederla, se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico''.

Agregó en su resolución que es facultad de la Cámara de Diputados la revisión de la cuenta pública con la finalidad de conocer el estado de la gestión financiera; para comprobar si el Ejecutivo federal se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos, para cumplimentar los objetivos y contenidos de sus programas de trabajo. Y también para determinar las responsabilidades que correspondan en caso de detectar anomalías en el ejercicio del presupuesto.

Aun cuando se negó la suspensión provisional, es apenas el primer paso de esta demanda legal, en la que será el pleno de ministros el que determine si procede o no la inconformidad del Ejecutivo federal en contra de los oficios de la ASF respecto al no pago de cartera vencida que habrían incluido irregularmente los bancos involucrados.