Demandan al GDF concluya indemnización por expropiación de tierras ejidales

Claman justicia en los Culhuacanes

En ellas se construiría la Villa Olímpica, de acuerdo con un decreto de Gustavo Díaz Ordaz

JOSEFINA QUINTERO M.

Han pasado ya 38 años y los ejidatarios de los cinco núcleos agrarios de los Culhuacanes, en la delegación Coyoacán, todavía no reciben la indemnización total por 568 hectáreas que les fueron expropiadas por el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.

De acuerdo con el decreto, en las tierras ejidales se construiría la Villa Olímpica que albergaría a los participantes en los Juegos Olímpicos de 1968. El 13 de agosto de 1965 fue publicado el decreto expropiatorio de los Culhuacanes y los 906 ejidatarios fueron distribuidos en 163 hectáreas de las 568 que poseían.

Sin embargo, el gobierno no dio a las tierras el uso convenido y después de más de cinco años, en 1971, los ejidatarios intentaron recuperarlas, con base en la legislación agraria, que en su artículo 98 establece que en caso de no haber ejecución del decreto expropiatorio, se debe hacer la reversión. Sin embargo, la pretensión de los campesinos fue castigada y los encarcelaron, bajo los cargos de invasión y despojo.

Fue en 1973 cuando los ejidatarios de San Antonio, Los Reyes, Tomatlán, Culhuacán y San Francisco iniciaron un juicio de amparo, representados por Tiburcio García Altamirano, ex secretario de la Confederación Nacional Campesina (CNC). El juez Carlos D'Silva les concedió la suspensión provisional del decreto.

Así instalaron mesas de diálogo para convenir -autoridades y ejidatarios- la indemnización por las 568 hectáreas.

En 1977, representados por Antonio Alvarez Corona, quien también fungía como apoderado del entonces Departamento del Distrito Federal, firmaron los primeros convenios para finiquitar el asunto.

La representación de Alvarez Corona desencadenó en ambas partes un sinnúmero de abusos y despojos contra los ejidatarios, cuentan los hijos de aquellos que iniciaron una lucha en defensa de la tierra, que todavía no termina.

Tomás Rosas Rivera, presidente del Consejo de Vigilancia de San Antonio Culhuacán, explicó: "El primer convenio firmado por Alvarez Corona establece la entrega de 18 mil 500 pesos a cada ejidatario, así como mil 106 lotes de 250 metros cuadrados que se repartirían a los campesinos, dos centros comerciales, un vivero, una gasolinera, 50 pies de casas, entre otras cosas".

En ese entonces, señaló, también se hicieron convenios con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit): el gobierno le vendió en 28 pesos el metro cuadrado y a los ejidatarios se los dio con un costo de tres pesos. Sin embargo, como Alvarez Corona era el representante, nadie pudo hacer nada.

Agregó: "surgieron inconformidades y sin concluir la entrega del primer convenio se firmó un segundo, y más tarde un tercero, que a la fecha todavía está sin cumplir en su totalidad".

Por su parte, María Luisa Morales, ejidataria del lugar, manifestó que ante el avance urbano de la ciudad de México es imposible que se haga la reversión del decreto expropiatorio, por lo que, dijo, ahora sólo solicitan a las autoridades del gobierno de la ciudad que haga válidos los convenios firmados.

Los abusos de que han sido objeto los ejidatarios por parte de los representantes legales ha provocado que ellos mismos sean quienes realicen los trámites ante las autoridades correspondientes; sin embargo, la falta de conocimientos legales les ha impedido obtener avances.

Inclusive existe división entre los núcleos agrarios generada por la repartición de tierras del ejido San Francisco Culhuacán, el cual fue fraccionado para los 906 ejidatarios, situación que inconformó a quienes lo ocupaban y desde entonces han estado separados.

Así, exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que concluya el finiquito de los convenios realizados sobre la indemnización por la expropiación, pues debido al incumplimiento de éstos los lotes que estaban pendientes de entregar, en algunos casos han sido vendidos con el aval de la Dirección General de Regularización Territorial.

Asimismo denunciaron y ofrecieron pruebas de la venta e invasión de los lotes 40, 41, 42 y 43 de la manzana 21, colonia Presidentes Ejidales, Segunda Sección, delegación Coyoacán, en lo cual, aseguran, existe el avla del gobierno local.