Exigen que el Congreso de Oaxaca declare la desaparición de poderes

Piden a la CIDH otorgar protección al Consejo Ciudadano de Unión Hidalgo

Deben investigarse amenazas y agresiones contra sus miembros, sostiene el Prodh

ROSA ROJAS

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el establecimiento de "medidas cautelares, con carácter urgente", para salvaguardar la vida e integridad de Carlos Manzo, David Sánchez Alonso, Ausencio Rodríguez Orozco, Sofía Olhovich, Romel Giovanni Matus y demás miembros del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) del municipio Unión Hidalgo, Juchitán, Oaxaca; que se investiguen las agresiones y amenazas de que han sido objeto y que el Congreso estatal declare de inmediato la desaparición de poderes.

Anoche, de última hora se informó que a las 16 horas fue arrestado Carlos Manzo y trasladado al penal de Tehuantepec.

Por su parte, el CCU afirmó que en lugar de solucionar los problemas del municipio, el gobierno estatal "protege y financia" al desconocido alcalde Armando Sánchez Ruiz, lo que ha provocado "un estado cada vez más grave de ingobernabilidad y violencia contra el pueblo", que está cercado por policías judiciales luego de los hechos ocurridos el martes 13, provocados por "paramilitares" al servicio de Sánchez Ruiz, en los cuales diez personas resultaron con heridas graves por golpes de piedras y palos y dos lesionadas de bala.

Agregó que "el ambiente está muy tenso, la violencia ha crecido. Hemos solicitado a los comités de los partidos políticos, al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación que se suspenda la votación del 6 de julio en Unión Hidalgo", y dijo que solamente el candidato del PRI "no ha escuchado la voz del pueblo".

En Unión Hidalgo habitan casi 20 mil personas, 90 por ciento de las cuales habla zapoteco, que eligen a sus autoridades mediante el método de usos y costumbres. La población está en lucha por el reconocimiento y la titulación de sus tierras como propiedad comunal.

Trascendió que en su solicitud a la CIDH, el Prodh relata que, de acuerdo con información del CCU, el alcalde Sánchez Ruiz rindió, el 26 de diciembre de 2002, su primer informe de actividades en una casa particular, sin avisar a la población del municipio, y dio cuenta de diversas obras "que nunca fueron realizadas o que sí lo fueron pero se reportan con costos superiores a los que realmente tuvieron", lo que motivó que el CCU solicitara, el 10 de enero de 2003, que se practicara una auditoría al ayuntamiento de Unión Hidalgo.

El 6 de febrero, al ratificar su escrito de solicitud de auditoría, el CCU pidió también que se declarara la desaparición del ayuntamiento y que se nombrara un consejo municipal. En esa fecha los integrantes del CCU se reunieron con Juan Ramón Díaz Pimentel, José Esteban Bolaños Guzmán, Jorge Sharif Zatuna Curioca y Oscar Cruz López -presidente de la Gran Comisión Permanente, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y miembros del Congreso estatal-, quienes informaron que la auditoría sería practicada a más tardar el día 13 del mismo mes.

El 13 de febrero, al no haber llegado personal de la legislatura a practicar la auditoría, el CCU convocó a una asamblea en la cual se acordó iniciar una marcha hacia el palacio municipal y exigir a las autoridades la inmediata realización de la auditoría y abrir el proceso para desaparición de poderes.

El mismo día, cerca de la 18:20 horas, cuando los ciudadanos marchaban hacia el palacio municipal, se escucharon disparos que provenían de la sede de la Policía Municipal, ubicada en las afueras del palacio municipal. "El contingente continuó avanzando rumbo al palacio, creyendo que se trataba de disparos al aire. Sin embargo, a pocos pasos comenzaron a caer algunas personas heridas de bala. En ese momento se percataron de la presencia, en los corredores del palacio, del alcalde Armando Sánchez Ruiz, del síndico Ricardo de la Rosa y del asesor del ayuntamiento Manuel Motero, quienes ordenaban a gritos a los agentes municipales y a otras personas armadas que resguardaban el recinto, que tiraran a matar; como resultado murió Manuel Salinas Santiago y otras nueve personas fueron heridas". Ante la gravedad de los hechos, los funcionarios se dieron a la fuga, y dañaron y destruyeron gran cantidad de bienes muebles propiedad del municipio.

Por estos hechos se inicio la averiguación previa 54/2003 contra las autoridades municipales y los elementos de la policía a su cargo, pero "a tres meses de que ocurrieron los hechos, no ha sido consignada ante el juez". La Policía Preventiva quedó custodiando el palacio municipal y se suspendieron todos los servicios públicos.

El Prodh anota que el alcalde denunció "supuestos hechos de saqueo del palacio municipal", por lo que se integró la averiguación previa 45(II)/2003 y se emitieron órdenes de aprehensión contra varios miembros del CCU, entre ellos, Héctor Ordaz Matus, Mariano López Martínez, Dámaso Sánchez Martínez, Raúl López Cartas, Carlos Manzo, Tito Figueroa y Franco López Santos.

El 16 de febrero, en asamblea general, el pueblo decidió desconocer al gobierno municipal y adoptó medidas para mantener provisionalmente la vida del municipio y la comunidad, de acuerdo con los usos y costumbres zapotecas. El día 18, el CCU reiteró su solicitud al Congreso de suspensión y desaparición de poderes del ayuntamiento de Unión Hidalgo, la cual fue ratificada el 6 de marzo ante la Comisión de Gobernación del Congreso de Oaxaca. Hasta el momento sólo han obtenido un acuse de recibo.

El Prodh relata también las agresiones de que fueron víctimas, por policías de seguridad pública, el 26 de abril de 2003, David Sánchez Alonso, Ausencio Rodríguez y Romel Giovani Matus. El primero solicitó a los policías que no despintaran una barda que había pintado el CCU, y en respuesta fueron agredidos con gases lacrimógenos, palos y piedras, los despojaron de 10 mil pesos y los trasladaron al Ministerio Público de Juchitán, donde, los golpearon e insultaron ante la presencia del agente de cargo.

Anota que los funcionarios municipales han amenazado a los miembros del CCU si no se desisten de la acción emprendida para lograr la desaparición de poderes y la consignación de las averiguaciones abiertas contra las autoridades. Agrega que dichas autoridades "cuentan con la colaboración de los agentes de seguridad pública y del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que ha sido omiso en cumplir sus obligaciones integrando las averiguaciones previas correspondientes y ejercitando acción penal contra los responsables de los hechos delictivos que se han consumado", lo cual seguirá afectando la vida y la integridad de los ciudadanos de Unión Hidalgo si no se adoptan a la brevedad las medidas que se solicitan. Señala que contribuye a agudizar esa situación de riesgo la inacción del Congreso estatal para declarar la desaparición de poderes en el municipio, ya que el estado de ingobernabilidad que impera es propicio para que en cualquier momento se den los enfrentamientos.

El Prodh subraya que las amenazas de muerte, la afectación a la vida, la integridad personal y la libertad de los miembros del CCU, la impunidad y el estado de ingobernabilidad que vive el municipio desde hace tres meses, "crean un clima de confrontación y hostilidad que pone en riesgo los derechos a la vida y la integridad personal protegidos por la convención Americana sobre derechos, que podría consumarse si no se adoptan con carácter urgente medidas cautelares en favor de Carlos Manzo, David Sánchez Alonso, Ausencio Rodríguez Orozco, Sofía Olhovich, Romel Giovanni Matus Matus, dirigentes y miembros del Consejo Ciudadano".

El Prodh solicita a la CIDH que se dirija al Estado mexicano y solicite la adopción de las siguientes medidas en favor de esos ciudadanos: investigación pronta y efectiva de los hechos, con el propósito de identificar a los responsables y proceder a su procesamiento y sanción de acuerdo con la ley; medidas para resguardar su vida e integridad, "en diálogo y consulta con los beneficiarios", y que se integren las averiguaciones previas por los hechos cometidos contra la vida, la integridad y la propiedad de los ciudadanos de Unión Hidalgo, y a la mayor brevedad se consignen ante el juez.

Asimismo, que el Congreso estatal declare de inmediato la desaparición de poderes en Unión Hidalgo y, tomando en cuenta las propuestas CCU, nombre un consejo municipal o administración municipal interina.