La muerte por asfixia de casi una veintena de migrantes indocumentados en la localidad texana de Victoria constituye un recordatorio trágico e imperioso sobre las prioridades de la política exterior mexicana y sobre la tarea principal del actual gobierno en el ámbito de las relaciones bilaterales con Estados Unidos: lograr que ese país reconozca las necesidades de mano de obra de su economía, despenalice la migración y otorgue un estatuto legal a los mexicanos que trabajan en su territorio.

Es pertinente enfatizar que los fallecidos en el contenedor de un tráiler abandonado son víctimas de la estrategia estadunidense de perseguir a los indocumentados con el propósito de abaratar el suministro de fuerza de trabajo para la agricultura, la industria y los servicios y obtener, de esa forma, ventajas competitivas ante las naciones asiáticas y europeas; que los mexicanos y latinoamericanos que fueron encontrados vivos o muertos en el vehículo no son delincuentes, sino trabajadores, y que las condiciones de peligro mortal en que se internan en territorio estadunidense, así como las agresiones, maltratos y humillaciones de que son víctimas una vez que se encuentran en el país vecino, representan masivas, graves e inaceptables violaciones a los derechos humanos.

Es inadmisible que, en tales circunstancias, las autoridades nacionales pretendan adoptar la agenda de Washington en materia de combate a las organizaciones terroristas y de pretendidas obsesiones por la seguridad nacional. La brutalidad criminal con que las autoridades estadunidenses persiguen a nuestros connacionales que cruzan la frontera constituye, para los mexicanos, un riesgo de muerte mucho más claro y concreto que las nebulosas tramas del terrorismo internacional y las fábulas de Washington sobre armas de destrucción masiva en manos de gobiernos supuestamente dispuestos a usarlas.

Si el gobierno de George W. Bush se empeña en buscar a sus enemigos entre las fantasmagóricas organizaciones fundamentalistas o en presuntas conjuras para fabricar armas atómicas en países remotos, México no tiene por qué hacerle compañía. Nuestros enemigos más visibles no son ésos, sino las disposiciones estadunidenses que ilegalizan a los mexicanos y latinoamericanos migrantes, así como los dispositivos de persecución y acoso que los conducen a la muerte. El objetivo central, principal e irrenunciable de la diplomacia nacional debe ser, por consiguiente, impedir que mueran más mexicanos asfixiados en contenedores, insolados y deshidratados en el desierto o atropellados en las autopistas del sur del país vecino. Ni uno más.

Una vez que se dio cuenta de la inevitabilidad de su derrota ante el candidato Néstor Kirchner, y siempre dispuesto a causar el mayor daño posible a su país y a la institucionalidad argentina, el inefable Carlos Saúl Menem optó por retirarse de la segunda vuelta electoral que estaba prevista para el próximo domingo. De esa forma, el dos veces gobernante provocó suspiros de alivio en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, pero dejó al ahora presidente electo Kirchner sin posibilidad de llegar al cargo con el respaldo de una mayoría absoluta.

La asombrosa falta de escrúpulos del ex presidente peronista se corresponde en magnitud con el repudio a su figura entre los electores argentinos, los cuales, según los sondeos, no le habrían proporcionado en la segunda vuelta muchos más votos de los que obtuvo en la primera y habrían, en cambio, votado en masa por un candidato relativamente anodino y desconocido -Kirchner- así fuera sólo para evitarse un tercer mandato menemista. Pero, ante la deserción de Menem, la legislación concede automáticamente la primera magistratura a su rival, el cual se verá obligado a asumirla -el próximo 25 de mayo- con sólo 22 por ciento de los sufragios que obtuvo en la elección pasada.

Néstor Kirchner será, pues, por principio, un presidente débil, que es lo que menos necesita Argentina en la circunstancia actual, y su gobierno tendrá que salir adelante sin más respaldo que su propia eficacia. De ella dependerá que Kirchner consiga o no consolidar y estabilizar la institucionalidad presidencial y sacar al país del marasmo en que se encuentra. Por el bien de los argentinos y de los latinoamericanos, cabe esperar que lo consiga.