Luis Linares Zapata

Andanada privatizadora

La administración del presidente Fox emprendió una operación privatizadora en dos de los frentes vitales del programa patrocinado por el acuerdo de Washington: la primera de escarceo en el sector energético, con la mirada fija en los grandes negocios futuros, y la segunda, de defensa de hechos consumados en el sensible reducto bancario. Este último ya casi en su totalidad en las poderosas manos de corporaciones internacionales.

Los conspicuos señores del dinero, tanto del Citibank (Banamex) como del Bilbao Vizcaya (Bancomer), no quieren ser penalizados por las irregularidades que los anteriores y frustrados dueños cometieron al entregar, indebidamente, cartera al Fobaproa. Cuentan para ello con la voluntariosa ayuda de los funcionarios de la Secretaria de Hacienda, de varios abogados del PAN y de uno que otro metiche del PRI. Facilitadores de ocasión interesada que siempre merodean en busca de canonjías, promoción personal, asuntos para litigar en sus despachos o porque simplemente coinciden con su colonizada y medrosa actitud tecnocrática.

En lo que toca a la energía se despliega un amplio movimiento para convencer al público y, en particular, a los legisladores, de las bondades y hasta imperiosas necesidades de abrir Pemex a la inversión privada, mexicana y externa, al tiempo que tratan de profundizar, a través de regularizar el marco normativo, la participación trasnacional que ya inunda el sector eléctrico. El punto medular de esta intentona lo transporta de manera implícita y hasta semioculta la ley para contratar la obra pública, tal como ya la aprobó la Cámara de Diputados y que ahora ha encontrado fuerte oposición en la fracción de senadores priístas y del PRD. Este proyecto de ley se asemeja a la que rige desde 1992 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya legalidad ya fue puesta en duda por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ayer mismo el banquero Rangel Domene, también presidente del Consejo Coordinador Empresarial, desplegó sus artes de desinformador especializado para notificar a su audiencia, y de ser posible a la república entera, de las enormes cantidades de recursos indispensables y urgentes (en 10 años) que se requieren para desarrollar una barata, honesta y eficiente industria eléctrica y petrolera. El único problema que se interpone en ese honorable designio, y para lograr tan sacrificado objetivo, es el monopolio energético que estipula la Constitución en sus artículos 27 y 28, tarea que dejan a la próxima Legislatura.

Este profesional de la representación argumenta con las ya muy trilladas inversiones masivas que, según sus cálculos, el gobierno no puede reunir o que debiera dedicar a otros menesteres: educación, salud, etcétera. La cantaleta de siempre y que tantas veces se ha demostrado compuesta por cifras exageradas, simplificaciones groseras y promesas que no se han materializado en ningún país donde se les ha hecho caso.

Del éxito de ambos operativos de cabildeo, difusivos y de relaciones externas depende que se mantenga el escaso margen de confianza que ya aqueja al Ejecutivo federal entre grupos empresariales internos y sus aliados, socios y hasta patrones del exterior. Aliados y jefes que ya no se contentan con predecir calamidades inminentes, calificaciones endebles para la inversión o debilidades en el crecimiento del PIB, males posibles de no proceder a las reformas estructurales tal como ellos predican y desean. Ahora han pasado a las amenazas de horrores y daños inmediatos al sistema financiero mexicano de concretarse el castigo posible a Banamex (extensible a otros tres bancos: Bancomer, Bital y Banorte, mencionados desde la revisión del canadiense Michael Mackey), según ordenó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y confirmó la SCJN.

La administración de Fox emprendió entonces una enérgica y abierta defensa de sus amigos y apoyadores banqueros que llegó hasta la controversia constitucional. El punto central para la táctica evasora lo conforma un subterfugio de apariencia legal: un acuerdo legislativo que implicaría a todos los actores involucrados, es decir, los partidos, Hacienda; el IPAB, que aceptaría un simple canje de cartera; los bancos, que retirarían sus amparos contra adicionales auditorías, y la ASF, que tendría que recular en sus hallazgos y mandato. Tal acuerdo fue preparado por funcionarios de Hacienda y el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín. Un nombre a recordar cuando los ciudadanos tengan que pagar capital e intereses de esos 45 mil millones de pesos que fueron pasados de manera irregular al Fobaproa. Cartera que según el mencionado auditor Mackey nunca debió ser aceptada por las autoridades, pero que, de maneras por demás extrañas, fue incluida en el rescate bancario tristemente famoso y que lastra, hasta asfixiarlas, las finanzas públicas.

El diferendo tanto de los procedimientos para sanear las finanzas públicas como en las rutas para sostener el crecimiento, la independencia y soberanía de México, está en curso por estos electorales días. El gobierno de Fox amasa fuerzas y argumentos para empujar su proyecto aun siendo minoría evidente. En el lado opuesto, la coalición, esta sí mayoritaria, que han formado el PRD y el PRI, pero que se tambalea cada rato por las presiones de sus integrantes que quieren, a toda costa, pasarse al otro bando. El dictamen de las urnas alumbrará un tanto el curso de la batalla y a los posibles ganadores. Las consecuencias, de perderse esta lucha por mantener la energía en manos mexicanas e imponer la ley a esos grupos de banqueros poderosos, serán definitivas para fincar el futuro desarrollo nacional independiente.