En momentos en que resulta evidente la necesidad de presionar en forma cohesionada a Estados Unidos para iniciar la negociación de un acuerdo bilateral que regularice y reconozca los flujos migratorios que vinculan a ambas naciones y benefician a ambas economías, el gobierno federal parece expresarse al respecto por medio de voces divergentes: por un lado, la del canciller Luis Ernesto Derbez, quien, ante las muertes de indocumentados ocurridas en Victoria, Texas, sólo atina a insistir en el nefasto papel de los polleros en esa clase de tragedias y a pedir nombres y datos de traficantes de personas; por el otro, la del secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien, aunque para algunos sobrepase el ámbito estricto de sus atribuciones, pone un atinado acento en la insistencia de avanzar hacia un acuerdo migratorio bilateral. Ayer mismo, el responsable de la política interior anunció que hoy sale a Washington una comisión de alto nivel conformada por el subsecretario de Asuntos Migratorios, Javier Moctezuma Barragán; el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eduardo Medina Mora; la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Magdalena Carral y, en representación de la cancillería, el subsecretario Jerónimo Gutiérrez.

Derbez no tuvo empacho en anunciar que el gobierno de Vicente Fox establecerá en la frontera sur del país una deplorable y oprobiosa copia de los juguetes tecnológico-policiacos con que los funcionarios estadunidenses esperan cazar migrantes mexicanos y presuntos terroristas. De esa manera, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores socava la necesaria defensa de la dignidad, la integridad y los derechos de los mexicanos que en el momento de ingresar en territorio del país vecino serán fichados como criminales, junto a extranjeros de otras nacionalidades. Ahora resulta que México aplicará, contra los extranjeros que llegan a su territorio, los métodos policiacos empleados contra los mexicanos en Estados Unidos. Todo ello, en nombre de "la prioridad que nosotros le damos a la seguridad y al ataque contra el terrorismo". A lo que puede verse, el jefe de la diplomacia nacional no sabe que el principal peligro para los mexicanos en el extranjero no es el terrorismo, sino la bárbara persecución policial y penal de que son objeto en territorio estadunidense y en la cual se crea el caldo de cultivo para la operación de los polleros.

Creel, por el contrario, puso el dedo en la llaga al señalar que "el valor de seguridad debe estar compaginado con el valor de la libertad de tránsito de personas y de bienes" y que, para evitar que ocurran nuevas muertes trágicas e indignantes como las de los asfixiados la semana pasada en un tráiler en Texas, es imprescindible lograr un acuerdo migratorio con el país vecino.

En su afán por concentrar toda la responsabilidad de esta clase de hechos trágicos en los polleros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, parece no darse cuenta que esos traficantes existen y pueden hacer negocios justamente por la hipocresía del gobierno y la sociedad estadunidenses, los cuales, si bien necesitan la mano de obra de nuestro país y de otras naciones, prohíben su ingreso para forzarla a una estadía ilegal que permite expulsarla en forma discrecional y que la obliga a aceptar salarios ínfimos e infames. El negocio del tráfico de personas es, sin duda, una actividad ilegal, detestable y punible; pero si los flujos migratorios estuvieran regulados y aceptados por medio de un acuerdo bilateral, los polleros no existirían.

Para colmo, la ira del canciller contra los traficantes de indocumentados resultó ser meramente retórica, como lo puso en evidencia la hermana de uno de los migrantes fallecidos en Victoria, Texas, la cual, en plena conferencia de prensa, le señaló a Derbez que ha aportado el nombre y el teléfono del pollero que reclutó a su hermano para ese viaje fatídico pero que nadie en la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho caso a la denuncia.

Finalmente, al margen de atingencias y de desatinos, en la circunstancia actual cabría esperar que las autoridades nacionales hablaran con una sola voz y que ésta fuera una firme e inequívoca expresión de defensa de los derechos, la dignidad y la vida de nuestros trabajadores migrantes.