Falta atender recomendaciones por tortura y detenciones arbitrarias, señala

Pide Alvarez Icaza al GDF reconocer violaciones a derechos humanos

Cuestión de principios, el respeto del gobierno local a esas garantías, afirma Martí Batres

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Al rendir su informe de labores correspondiente a 2002, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, señaló que el respeto a estas garantías es un indicador de gobernabilidad democrática.

Si bien reconoció que sería utópico pretender que no ocurran violaciones a esos derechos, puntualizó que la medida para conocer si un gobierno ejerce democráticamente el poder estriba en la existencia de recursos apropiados para prevenirlas y para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables de incurrir en esas faltas.

En su informe, el ombudsman insistió en que los casos de tortura y detenciones arbitrarias requieren una especial atención, pero no son plenamente reconocidos por el Gobierno del Distrito Federal (GDF).

"Vemos con preocupación que las recomendaciones sobre esta problemática no han sido plenamente aceptadas ni cumplidas. A pesar de que desde 1992 existe la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, actualmente ningún funcionario está purgando una sentencia por haber cometido este delito", puntualizó.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno del DF, Martí Batres Guadarrama, quien asistió en representación del jefe del Ejecutivo local, Andrés Manuel López Obrador, ratificó la voluntad de las autoridades capitalinas de estrechar la relación y la comunicación con la CDHDF, y sostuvo que la causa de los derechos humanos es para el gobierno un compromiso de principios.

Respecto de la seguridad pública, tanto Alvarez Icaza como Batres Guadarrama admitieron que es uno de los principales reclamos de la ciudadanía y representa un desafío que no se resolverá fácilmente, aun cuando hay acciones de las autoridades que reflejan su preocupación en esta materia. El ombudsman aprovechó para reiterar su rechazo a medidas como el incremento de las penas para contener la delincuencia: "es públicamente reconocido que más de 90 por ciento de los delitos denunciados quedan sin castigo. De poco sirve que se promuevan leyes más severas si las que ahora existen no se aplican cabalmente".

Luego hizo un llamado "para que todos los actores relacionados iniciemos un proceso para la elaboración de una política de Estado en materia de seguridad pública para el Distrito Federal". Propuso que dicha política parta del consenso en temas como el combate a la impunidad, la atención a las víctimas de los delitos, la participación ciudadana, una reforma policial de fondo, la erradicación de prácticas violatorias de derechos humanos, el fortalecimiento del sistema judicial y una reforma penitenciaria.

En tanto, Martí Batres, al ser cuestionado sobre la política de Cero tolerancia del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien elabora un diagnóstico sobre la inseguridad en el DF, aseguró que el gobierno de la ciudad en ningún caso ha adoptado ni adoptará como política de seguridad pública alguna medida que atente contra los derechos humanos.