Amenaza dejarlo fuera de negociaciones fiscales y resolver con la próxima legislatura

Ultimátum de Conago al gobierno federal

Gobernadores panistas y priístas protestan por "cerrazón e insensibilidad" de Gil Díaz

ROSA ELVIRA VARGAS Y RENATO DAVALOS

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) advirtió, en una resolución encabezada fundamentalmente por panistas, que si en 40 días no hay respuesta del gobierno federal para definir plazos y términos hacia una convención nacional hacendaria, la organizará en forma autónoma y decidirá los trabajos sólo con la legislatura que entrará en funciones en septiembre próximo.

Mientras en este punto hubo virtual unanimidad, los gobernadores no pudieron discutir de manera formal la exigencia de varios de ellos para que el presidente Vicente Fox y las demás instancias de gobierno suspendan de inmediato la promoción y entrega de obras.

La novena reunión de la Conago, que tuvo como anfitrión al Gobierno del Distrito Federal (GDF), se realizó en medio de un denso cerco de seguridad que rebasó el millar de elementos uniformados -granaderos, preventivos, policía montada, charros y demás-, que desde temprano cerraron el perímetro del hotel sede, en las inmediaciones de la Alameda.

El argumento para el despliegue fue que se realizaba no sólo el encuentro de gobernadores, sino que también el presidente Fox iría al Centro Histórico y de este modo se buscaba evitar "sorpresas" del contingente de la disidencia magisterial, que en las semanas recientes y sin anuncio previo, se manifiesta ante edificios públicos, corporativos y de embajadas. Sin embargo, apenas una docena de profesores se presentaron por ahí para solicitar de manera formal una entrevista con los mandatarios, que fue rechazada por "cuestiones de agenda".

El encuentro se inició pasadas las 10 de la mañana con apenas 13 de los 32 invitados. Otros, hasta sumar 24, se fueron incorporando a lo largo de la mañana. Muchos venían de Gobernación, donde se reunieron con Santiago Creel, aunque en el caso del oaxaqueño José Murat, si bien estuvo en Bucareli, decidió no sumarse a los trabajos de la Conago con el argumento de que si en otros encuentros similares el jefe del GDF, Andrés Manuel López Obrador, no ha acudido con la excusa de que tiene mucho trabajo en la ciudad de México, él tiene una carga similar en su estado.

Lo cierto es que Murat se quedó todavía varias horas más en la ciudad de México concediendo entrevistas y haciendo gestiones de política partidista.

Al final, el gobernador de Oaxaca, cuya entidad es de las mayores expulsoras de migrantes hacia Estados Unidos, se quedósin participar en la aprobación del punto propuesto por el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, para conformar una comisión que se abocará al análisis de la situación en esa materia.

Rechazo al "pacto político"

Monreal llegó al encuentro con un documento en el que proponía la suscripción de un "pacto político" para suspender desde ya la entrega y promoción de obras gubernamentales -desde el presidente Vicente Fox hasta el alcalde del último punto del país- con el propósito de no enturbiar el proceso del 6 de julio.

Lo secundó el colimense Fernando Moreno Peña, quien acusó que no sólo los delegados federales de su estado -todos panistas- arguyen constantemente que las obras realizadas son del gobierno foxista, sino que hace unos días se presentó en aquella entidad el director de Banobras, Felipe Calderón Hinojosa, para, en los hechos, apoyar a los candidatos del PAN.

Pero en contra de cualquier reglamentación, pacto, acuerdo o modalidad política para suspender la promoción electoral desde el gobierno, hablaron el chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía y el aguascalentense Felipe González. Argumentaron que en la Conago los asuntos de coyuntura política nunca han sido tema de discusión, precisamente para preservar las decisiones por consenso. Ante ello, el anfitrión y conductor de la mesa, Andrés Manuel López Obrador, dio por cerrado el tema y no habrá, por lo menos desde la Conago, tal iniciativa.

En la reunión, los gobernadores decidieron posponer unos días más las condiciones para crear un secretariado técnico de la Conago, que presentó el perredista Alfonso Sánchez Anaya.

Respecto al tema fiscal, la advertencia de los gobernadores fue precedida de un embate del gobernador panista de Baja California, Eugenio Elorduy, contra Francisco Gil, secretario de Hacienda, al llamar a las autoridades "insensibles" y "cerradas" a la información que han solicitado los mandatarios estatales sobre la entrega de recursos provenientes de los excedentes petroleros para dedicarlos a infraestructura. Inclusive instó a sus compañeros a no amilanarse ante la actitud del titular de la dependencia, quien, apuntó, no debe olvidar que "tiene un jefe político y no se manda solo".

El chihuahuense Patricio Martínez presentó un documento en el que se resumió el acuerdo para hacer el planteamiento a Hacienda, en el sentido de que si no hay respuesta para la reunión del 17 de julio en San Luis Potosí, los gobernadores negociarán directamente con la nueva legislatura. El hidalguense Manuel Angel Núñez Soto informó que hay un diferendo de cifras con Hacienda, por el excedente petrolero, de 14 mil millones de pesos anuales, es decir, 8.15 dólares por barril de crudo.

El panista interino de Nuevo León, Fernando Elizondo, trató de mediar y pidió "mesura", con el razonamiento de que si se endurece la actitud hacia la dependencia, ésta va a cerrarse más. En entrevista al término del encuentro, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo que el gobierno evaluará los términos de la convención en los próximos días.

Además de la comisión migratoria que encabezará Monreal, se acordó que respecto a la fiscalización del ramo 33 del presupuesto, la comisión respectiva presente a las secretarías de la Función Pública y de Hacienda las conclusiones de sus trabajos consensuados, para que se definan los ámbitos de competencia de las auditorías a municipios y entidades.

En torno a las Administraciones Portuarias Integrales -tan sólo la de Veracruz aporta recursos por 4 mil 800 millones de pesos anuales que van al erario federal y no al estatal o municipal-, se acordó que la comisión respectiva presente un informe sobre las gestiones para transferir esos organismos a los estados.

El secretario de Salud, Julio Frenk Mora, presente en la reunión, explicó las condiciones en las que operará el seguro popular, que serán evaluadas por los gobernadores.