Viola la ley al legislar y litigar al mismo tiempo, dicen

Exigen perredistas juicio político a Diego Fernández de Cevallos

JOSE GALAN

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del senador panista Diego Fernández de Cevallos, por conductas que encuadran dentro del artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su doble papel de legislador y litigante.

El diputado Miguel Barbosa Huerta sostuvo que, en caso de que procediera la petición de juicio político, Fernández de Cevallos podría hacerse acreedor a la destitución del cargo, la inhabilitación y "alguna" sanción pecuniaria. La solicitud también está firmada por 12 diputados priístas.

El documento se sustenta en presuntas conductas sancionables cometidas por el legislador panista de acuerdo con las fracciones V, VI y VII del artículo 7 de la ley mencionada, que hablan de cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando causen perjuicios graves (...) a la sociedad, o motiven algún trastorno en el funcionamiento normal a las instituciones; la usurpación de atribuciones, y las omisiones de carácter grave en los términos de las fracciones anteriores.

La demanda se sustenta principalmente en la propia confesión pública, "de cara a la nación", de Fernández de Cevallos realizada el pasado 24 de abril.

Para sustentar su petición, los legisladores perredistas presentaron un legajo de pruebas que incluye recortes periodísticos con declaraciones del propio Fernández de Cevallos; una cinta de video de la conferencia de prensa del 24 de abril y, para sorpresa de los reporteros, una lista de 28 representantes de los medios de comunicación presentes en dicha conferencia, con la mayoría de los domicilios particulares incluidos, con el propósito de que puedan rendir testimonio "el día y la hora que la comisión instructora señale".

Barbosa Huerta, presionado por los medios, advirtió que la intención "no es generar incomodidad", sino que se trata de pruebas que en su momento "deberán ser admitidas"; aclaró que para la demanda "no hay instrucción directa, insinuación o recomendación de terceros" del jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y que espera resolver dicha demanda "en los tres meses que nos quedan como diputados".