En 1972 se creó un latifundio para tres poblados y 66 familias: Maderas del Pueblo

La Comunidad Lacandona, constituida con base en un enorme fraude agrario

Con el decreto violaron derechos de 47 poblados tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis.. 5 de junio. Son casi 126 ejidos los que se encuentran junto o dentro de Montes Azules, y la mayoría cuenta con resolución presidencial (entre 1972 y 1989); otros no tienen resolución pero son antiguos. El gobierno foxista ha hablado de medio centenar de comunidades "ilegales"; es decir, que afectan las 614 mil 321 hectáreas propiedad de los lacandones. Un latifundio que algunos autores consideran "enorme fraude agrario". Ahora, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, reconoce que el problema es ante todo agrario y anuncia que la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), y no su dependencia, encabezará las eventuales negociaciones. Los funcionarios federales y estatales que entran y salen de reuniones de alto nivel esos días, meticulosamente evitan mencionar el problema social en Montes Azules, que no por su omisión declarativa deja de existir.

A propósito de declaraciones y "replanteamientos de estrategia", el que no se midió fue el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Hernán Alfonso León, al acusar ayer al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) de "promover" la ocupación de tierras en Montes Azules. "Dos mujeres", a las que según el funcionario "los lugareños conocen como las gringas" (Reforma, 5 de junio), estarían "azuzando" a nuevos "invasores"; también señala al Mocri y al Frente de Resistencia Civil como presuntos instigadores. Lo curioso es que al menos el CDHFBC no ha estado cerca del asunto, y mucho menos in situ, salvo en las misiones de observación. La información es falsa y desafortunada, pero también reveladora de un "guión" que incluye desprestigiar y criminalizar en lo posible a los organismos civiles, aun a costa de convocar fantasmas de xenofobia en los "lugareños" (que siempre es un arma de doble filo, y más si esperan atraer turistas de primera división).

En su informe Montes Azules, ejemplo del reiterado fracaso de la política "conservacionista" de las áreas rurales en México y de los intereses creados que se esconden detrás de ello (2003), la organización civil de observación ambiental Maderas de Pueblo recuerda que la llamada Comunidad Lacandona se constituyó en marzo de 1972 por resolución presidencial de Luis Echeverría Alvarez, con "base en un enorme fraude agrario, mediante el cual se crea dolosamente un latifundio comunal para favorecer a tres poblados (dos de los cuales ni siquiera estaban allí) y únicamente a 66 familias de mayas caribes (falsamente llamados 'lacandones'), violando el derecho agrario previo de 47 poblados indígenas y 4 mil familias tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales, tan mayas como los caribes, asentadas en ese territorio desde los años 50 y 60, de las cuales 17 ya contaban con resolución presidencial".

Dichos pueblos han sido periódicamente amenazados de desalojo, acusados primero de "invasores" del "territorio lacandón", y luego de "depredadores" de un área natural protegida. "La finalidad del fraude agrario llamado Comunidad Lacandona -prosigue el documento- en esos tiempos fue la explotación de maderas semi preciosas". (O lo que quedara de ellas luego de un siglo de monterías y depredación por empresas tabasqueñas.)

En 1974, otro decreto presidencial creó la maderera paraestatal Cofolasa, la cual firmó de inmediato con los caribes (quienes como se ve lo firman todo) un contrato para la explotación de 35 mil metros cúbicos de madera, a cambio de 5 mil pesos semestrales por concepto de "derechos de monte" para cada una de las 66 familias lacandonas.

Según Maderas del Pueblo, el decreto de José López Portillo que crea en 1978 la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (Rebima) "no detuvo ni impidió la explotación maderera de Cofolasa, ni la expansión de ganadería en toda su zona de amortiguamiento. Siendo la primera reserva de la biosfera en México, tardó 22 años en contar con un plan de manejo (2000), el cual nuevamente ignora la realidad sociopolítica de la región". En los años pasados continuaron las acciones agrarias oficiales de dotación de ejidos sobre la "comunidad lacandona" y la propia Rebima, con el apoyo sistemático de una política de colonización y apoyos para la ganadería extensiva. A partir de 1994-95, "la presión e intimidación creadas por la presencia masiva del Ejército federal, y la operación impune de paramilitares (1995-2000), obligó a un número indeterminado de indígenas a refugiarse en Montes Azules, convirtiéndose entonces en desplazados de guerra".

En fechas tan cercanas como septiembre de 2002, "reaparecen al norte de Montes Azules grupos y acciones paramilitares, como la Opdic, liderada por el diputado local priísta Pedro Chulín (señalado como el principal delator durante la represión alborista en Taniperla contra el municipio autónomo Ricardo Flores Magón)", con la evidente intención "de intimidar y provocar a las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional".

Como siguen documentando investigadores, académicos y observadores civiles, el área de Montes Azules está rodeada por decenas de Bases de Operaciones Mixtas y campamentos militares, posiciones fronterizas y fluviales de la Armada, e inclusive dos cuarteles generales: San Quintín y Maravilla Tenejapa. Un terreno minado, donde ni la "guerra de baja intensidad" ni la resistencia indígena han cejado.

Denominada mesa agraria-ambiental en tiempos de Zedillo-Albores (para atender el problema ya entonces candente de Montes Azules), con el cambio a Fox y Salazar quedó sólo en ambiental, donde las instituciones federales y estatales siguen abordando la cuestión desde un punto de vista ambiental-autoritario, presto al desalojo "violento si es necesario", en nombre de una conservación que trae aparejados intereses privados. Ya están en la fila los grupos Inmobiliaria San Martín (de Gerardo Turrent) y Alquimia (X'caret), Conservation International, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC, Ford Motor Company y su red de distribuidores, la automotriz Isuzu, Savia (Pulsar) y otros.