Presentan el documento Pensar en el campo desde los derechos humanos

Reactivar el agro requiere de recursos, no de acuerdos migratorios: Quintana

Los agricultores dejan la tierra porque carecen de una vida digna, señala

CAROLINA GOMEZ MENA

"Cada día 600 hombres del agro deben renunciar a ser campesinos y emigrar. Una muestra de ello es que tan sólo en Chihuahua, entre 1995 y 2001, la población ocupada en el sector primario disminuyó casi 10 por ciento, al pasar de 19.4 a 8.9 puntos", señaló Víctor Quintana, asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), al ofrecer un ejemplo de uno de los derechos humanos que son vulnerados en el agro nacional.

Al participar en la presentación del documento Pensar en el campo desde los derechos humanos, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Quintana manifestó, acerca de la migración campesina, que un acuerdo sería "un tanque de oxígeno para un moribundo", porque lo que se necesita es reactivar al campo con más presupuesto.

"Un acuerdo es útil, pero no resuelve el problema de fondo. Los campesinos no emigran por gusto, sino porque no tienen una vida digna. Así, un acuerdo puede servir para que sus derechos laborales se respeten, pero no para resolver el problema de la migración."

Acerca de la violación al derecho de seguir siendo campesinos, Edgar Cortez, director del Prodh, resaltó que durante los "tres sexenios más recientes las medidas anticampesinas se han sucedido unas a otras, y como consecuencia la polarización de la desigualdad y la profundización de la pobreza se han extendido por todo el mundo rural". Entonces, agregó, el derecho a elegir y ejercer la profesión y vocación campesina, como medio para asegurarse una subsistencia decorosa y como forma de aportar en el proyecto de nación, no existe, porque el país carece de las condiciones para que los campesinos hagan efectivo ese derecho.

"Quienes optan por esta alternativa de vida están condenados a permanecer en condiciones de pobreza, lo que ha provocado un éxodo hacia distintas urbes del país o de Estados Unidos (...) el derecho a no migrar por motivos de pobreza tendría que convertirse en un derecho humano", se expone en el documento.

Otras garantías vulneradas por el actual modelo económico son el derecho a la tierra, al territorio y los recursos naturales, el derecho a la alimentación -por los estragos que ha provocado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte-, los derechos laborales (el campesino ha tenido que abandonar su modelo de producción tradicional y ha ingresado al mundo del trabajo asalariado) y los derechos civiles y políticos en la lucha campesina.

En el texto se destaca que "existe un patrón sistemático de violación" a esas garantías, pues quienes se atreven a "sumarse a las protestas colectivas sufren intimidación, amenazas, vigilancia, persecución, desalojo violento de manifestaciones, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias e ilegales, encarcelamiento de líderes y hasta ejecuciones".

Por estas razones, se concluye que "para quienes viven en el campo no es posible plantearse y elegir a éste como el proyecto de vida que les permita ejercer sus derechos humanos y hacer realidad su dignidad".

Quintana y Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, también hablaron del Acuerdo Nacional para el Campo. Lamentaron que esté detenido por trabas "burocráticas" y dijeron que a pesar de que se pueden tener los mejores deseos para reactivar el agro, hay que enfrentar "mentalidades burocráticas de funcionarios de segundo nivel" y criticaron el uso electoral que el gobierno hace del acuerdo.