Martin Wolpold-Bosien*

Globalizando la defensa del derecho: Euzkadi

Algo especial debe haber pasado para que en una asamblea de accionistas de una trasnacional de neumáticos, una fábrica cerrada desde hace más de un año llegue a ser el centro del debate.

El mes pasado, durante la asamblea de la Continental AG, líder del mercado llantero en Europa, el tema del día fue el cierre de la fábrica de Euzkadi en El Salto, Jalisco, México. Ante los artículos que habían aparecido en varios periódicos, como Handelsblatt, diario líder de los economistas alemanes, el presidente de la Continental dedicó una parte considerable de su informe gerencial anual al caso Euzkadi. De 10 accionistas que tomaron la palabra en el Congress Center de Hannover, Alemania, cinco hablaron de Euzkadi.

El conflicto entre la trasnacional alemana y un sindicato mexicano, cuyos representantes presentaron sus consideraciones en el seno de la asamblea, obtuvo un eco enorme en importantes diarios alemanes: Sueddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Financial Times Deutschland. ¿Por qué tanta atención?

El caso Euzkadi-Continental es un ejemplo paradigmático que explica cómo derechos laborales y legislación nacional pueden caer bajo las ruedas de la globalización, y se está convirtiendo en un precedente para explorar posibilidades y nuevas necesidades de una globalización de la defensa de los derechos humanos económicos y sociales.

En principio, el caso suena como muchos: después de un conflicto entre sindicato y empresa, ésta cierra la fábrica y despide a los trabajadores. El 16 de diciembre de 2001 Continental declara el cierre de Euzkadi de El Salto, misma que compró en 1998, y manifiesta que los mil 164 trabajadores están despedidos. Sin embargo, como se verificó, la empresa no solicitó la aprobación de las autoridades laborales, según establece la ley mexicana, particularmente el artículo 123 de la Constitución y los artículos 434 al 439 de la Ley Federal de Trabajo. Continental "cerró" sin autorización, violando la ley mexicana en general y la legislación laboral en particular.

Esta es la conclusión del dictamen pericial que, a solicitud de FIAN Internacional, elaboró el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, especialista en la materia

A fines de enero pasado, el presidente Vicente Fox manifestó en una reunión en la embajada de México en Berlín, a la cual había invitado, entre otros, a FIAN Internacional y Germanwatch, que su gobierno "pondrá mucha atención a este caso, particularmente al pleno respeto de los derechos laborales". Sin embargo, hasta ahora sólo las instancias del Poder Judicial han implementado esta posición, mientras la Secretaría del Trabajo y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) han apoyado los intereses de la trasnacional en contra de su función: garantizar la prevalencia de la ley vigente.

En marzo de 2002 la JFCA declaró "improcedente" la huelga de los trabajadores de Euzkadi, resolución que después fue anulada por las instancias superiores del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo, y finalmente por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Sin embargo, en febrero de 2003, la junta emite una nueva resolución, copia literal de la que dictara con anterioridad en la que evita calificar la huelga en evidente incoherencia con lo resuelto por el tribunal colegiado.

El caso transciende porque ejemplifica un fenómeno muy observado en tiempos de globalización: algunas empresas trasnacionales no se sienten obligadas a cumplir con el marco legal establecido en el país donde operan. Sin embargo, esas mismas empresas tienen que cuidar su imagen en los países de sus principales mercados.

El caso Euzkadi-Continental cobra atención en Alemania porque rompe con un consenso intocable: nadie aceptará que una empresa alemana cometa actos violatorios de la ley de otro país. Asimismo ejemplifica un reto importante de la globalización: la decisión del cierre de la planta de Euzkadi se tomó en Hannover, Alemania. De ser así, ¿cuál será la corresponsabilidad de los estados en relación con la actuación de empresas que tienen la sede en su territorio y que toman decisiones inconformes con la legislación vigente en el país huésped? No cabe duda que la garantía de los derechos humanos económicos y de la legislación nacional es, en primer lugar, la obligación del Estado donde suceden los hechos, pero también del Estado donde se toman las decisiones correspondientes.

Este debate ocupa al Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a la Subcomisión de Protección y Promoción de Derechos Humanos de la ONU. Uno de los instrumentos recientes para tratar estos nuevos retos son las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para empresas trasnacionales. Esas directrices definen las reglas mínimas para éstas, y los estados miembros de la OCDE, entre éstos México y Alemania, tienen que supervisar su cumplimiento. El caso Euzkadi-Continental es uno de los primeros que se han presentado por violación de estas directrices en México y Alemania.

Más recientemente, el Ministerio de Economía y Trabajo invitó a la empresa alemana, al sindicato mexicano, a la embajada de México, sindicatos y organismos de derechos humanos de Alemania a conversar sobre el caso. No cabe duda de que este conflicto evidencia que hay nuevas necesidades y posibilidades para reconocer e implementar las obligaciones interestatales para la efectiva protección internacional de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.