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México D.F. Domingo 8 de junio de 2003

Pretextando preservación biológica, se apodera de datos y tierras, señala análisis

Conservación Internacional, caballo de Troya de gobierno y trasnacionales de EU: Capise

McDonald's, Exxon y Citigroup, entre las firmas que financian la agencia ambientalista

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 7 de junio. "Conservación Internacional representa el caballo de Troya de grandes corporaciones trasnacionales y del gobierno estadunidense" para intervenir en los recursos naturales de México y de otras naciones, "incluyendo los territorios de los pueblos indígenas", afirma el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise) en un amplio análisis sobre la agencia ambientalista estadunidense Conservation International (CI), con base en su papel en los conflictos de Montes Azules.

"La estrategia de CI es recabar información y comprar grandes extensiones de tierra con altos potenciales de bioprospección, lo que le permite administrar los recursos naturales y/o estratégicos y ponerlos a la disposición de las grandes trasnacionales", prosigue Capise en su informe Conservación Internacional: el caballo de Troya.

Desde su fundación en 1987 en la ciudad de Washington, CI se ha involucrado en la protección ecológica y diversos negocios ecoturísticos, farmacológicos y de bioprospección. Con creciente poder, actualmente opera en 25 países y tiene inversiones en 22 de ellos. Su disponibilidad de recursos le permitió en 1988 comprar parte de la deuda externa de Bolivia.

CI se asigna la función de señalar los red spots (puntos rojos) de riesgo ambiental. Montes Azules y el mar de California (precisamente las dos regiones donde tiene intereses directos en México) son sus puntos rojos.

Es público que toda la información que recaba la pone a disposición del gobierno estadunidense. Resulta paradójico, apuntan los analistas, que CI "terminó convirtiéndose en un hot spot de los pueblos indígenas del mundo". Su participación "en la proyección del modelo económico neoliberal, en los intereses de las empresas trasnacionales, en la intromisión y hegemonía del gobierno de Estados Unidos sobre cualquier país del mundo, nos obliga a realizar un amplio monitoreo para impedir que las trasnacionales, con anuencia de los gobiernos, se apropien o administren los recursos naturales por encima de los pueblos indios", explica Capise.

CI insiste que sus proyectos respetan las leyes nacionales, lo que no necesariamente garantiza respeto a los derechos humanos. "Pretextar el cuidado del ambiente ignorando o incluso afectando otros derechos establecidos en el derecho internacional, es emular la miopía de quienes para acumular capitales defienden (su) libertad por encima de la igualdad. Este es precisamente el dilema de CI frente a los territorios indígenas en donde opera."

Intervenir directamente en Montes Azules "sin considerar antecedentes agrarios, territoriales, políticos, sociales, culturales y militares representa un grave riesgo de violencia para las poblaciones asentadas en esa región", acusa el informe. El organismo internacional actúa en los puntos del planeta "más amenazados" y su misión es "conservar la riqueza biológica".

Para ello recibe el financiamiento de empresas trasnacionales como McDonald's, Ford Motor Company, Intel, Sony, Exxon, Citigroup o Bank of America. En su consejo de administración participan directivos de Starbucks, Gap, Hyatt, United Airlines, Cemex (cuyo dueño, Lorenzo H. Zambrano, es uno de los vicepresidentes de CI). La agencia ambientalista "se ocupa también de capacitación y constitución de asociaciones empresariales, conservación privada de las áreas naturales protegidas (ANP), ecoturismo empresarial y usos farmacológicos de especies de la selva tropical húmeda".

Sobre los usos farmacológicos trabaja en forma coordinada con las trasnacionales NIH, Bristol-Myers y Squibb.

"CI financia la creación y la expansión de áreas protegidas en el mundo. Una de sus prioridades es comprar tierras y otorgar concesiones. Actualmente financia proyectos en 22 países y abarca 55 millones de hectáreas terrestres y marinas."

El perpetuo despojo

La región de los Montes Azules es desde hace siglos territorio maya. "La población tzeltal, chol, tojolabal, tzotzil y lacandona ha migrado dentro de dicho territorio de acuerdo con las situaciones políticas del momento, desde la caída de los reinos mayas en el clásico, pasando por la hegemonía mexica en Mesoamérica y las políticas de indios en la colonia, hasta el despojo total con la Ley Lerdo en la segunda mitad del siglo xix."

Esto justificó el reclamo de las "tierras baldías" en el llamado Desierto de la Soledad por compañías madereras de Tabasco, que usaron la mano de obra de estos pueblos. "Las grandes extensiones de tierra para la explotación de caoba son el antecedente de las fincas, que a pesar de la Revolución de 1910 y la reforma agraria, se mantuvieron en auge hasta mediados del siglo xx."

En marzo de 1978 se establece la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (Rebima), ocupando 75 por ciento de la "comunidad lacandona" de 1972. Posteriormente se crean otras ANP: Parque Natural Bonampak (1991), Parque Natural Yaxchilán (1991), Refugio de Flora y Fauna Chan Kin (1991), Reserva de la Biosfera de Lacan-Tún (1991), Refugio de Flora y Fauna Metzabok (1991) y Refugio de Flora y Fauna Nahá (1998).

Al hacerlo, el gobierno "desconoce el reclamo de tierras de los pueblos indígenas, los problemas agrarios de la región y sobre todo, el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas". Los antecedentes del derecho histórico y político de los propietarios de estas tierras son extensos. Según Capise, obviarlos en aras de la "protección del ambiente" y con "apego a la legalidad", representa en sí un foco rojo para los pueblos afectados. México firmó y ratificó el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (1976), y después otros convenios internaciones de carácter obligatorio.

"Si bien el decreto de la comunidad lacandona es anterior a la firma de esta convención, la creación de la Rebima y las ANP viola de manera continuada el derecho de los pueblos indígenas mayas a disfrutar de su propia cultura en relación con el uso y tenencia de la tierra", agrega el documento.

Indígenas, excluidos

El gobierno salinista reformó el artículo 27 constitucional, y dio fin al reparto agrario, derogando el carácter inembargable, imprescriptible e inalienable de los ejidos y comunidades agrarias, "única figura que defendía la posesión comunitaria de las tierras indígenas", abriendo la posibilidad de privatizar la tierra. La Rebima se expropió por causa de utilidad pública, pero ni entonces ni ahora se ha considerado a los pueblos indígenas. El artículo 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo determina: "Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos". Desconocer la propiedad territorial indígena "no es un asunto menor", considera el análisis.

Según el propio gobierno, persisten en México 653 conflictos de tierras, concentrados en los estados con mayor presencia indígena. "Si el gobierno en realidad quiere prevenir y solucionar los problemas relacionados con la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, incluyendo el de Montes Azules, debe primero reconocer el derecho de propiedad sobre el territorio, lo cual incluye delimitarlo, demarcarlo y titularlo para que posteriormente, en el goce del bien común, pueda protegerse la reserva con la participación de los legítimos dueños, en apego a los compromisos establecidos por el Estado mexicano frente a la comunidad internacional, pero sobre todo frente a los propios interesados."

Cumplir, en resumen, los acuerdos de San Andrés, señala Capise. "A Conservación Internacional no le interesan estos derechos, y al parecer no se da cuenta, o no quiere ver, que al no respetarlos prolonga la violencia, poniendo en riesgo la protección misma del ambiente."

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