El capital financiero no sólo ataca con sus pagarés en el IPAB los ingresos y los recursos de todos los mexicanos y endeuda fuertemente al Estado. También, como capital "de choque", conduce una gran ofensiva contra los salarios y las condiciones de trabajo de sus empleados y, en general, contra los derechos sindicales de los mismos y contra la democracia.

Hace 10 años, en efecto, en el sector bancario trabajaban 200 mil empleados y hoy sólo quedan 40 mil, cinco veces menos, con salarios cuyo valor ha disminuido. Los cambios tecnológicos (computarización de los servicios) explican sólo en parte estos datos. En realidad, se puede afirmar que la intensidad del trabajo ha aumentado enormemente mientras se han reducido en iguales proporciones los derechos de los empleados.

La mayoría de los bancos pertenece al capital extranjero y tiene condiciones privilegiadas; en su momento causó escándalo el hecho de que Banamex pasara al Citicorp por medio de una simple operación bursátil, sin pagar impuestos, que se deben desembolsar, en cambio, en cualquier venta de propiedades. Ahora, particularmente BBVA-Bancomer y Serfin se han lanzado a una campaña contra las tendencias democráticas en los sindicatos de empleados bancarios y, junto con otros bancos, hacen de todo para mantener pasiva a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, todo lo cual llevó a la constitución de la Asociación Nacional de Empleados y Ex empleados del Sistema Financiero Mexicano, que tiene la doble misión de democratizar la vida sindical de esos trabajadores y de resistir la ofensiva de los banqueros.

Hay que recordar al respecto que una parte importante del desencadenamiento del derrumbe argentino se debió a la extranjerización del sistema financiero, a la captación de ahorro nacional para exportarlo a sus casas madres y al papel totalmente parasitario de los bancos, que no otorgaban créditos, sino que ordeñaban al Estado. Las medidas antisindicales y las propias reformas reaccionarias a la Ley Federal del Trabajo fueron condiciones básicas en Argentina para convertir a los bancos en una verdadera pompa de succión y en un Estado dentro del Estado. ¿Queremos acaso que se repita en México lo que demostró ser funesto en Argentina? ¿Se dejará a los bancos vivir de la especulación con los pagarés del IPAB y eliminar todo control interno y externo sobre sus transacciones, instaurando además en sus instalaciones una especie de extraterritorialidad en lo que respecta a la vigencia de los derechos laborales protegidos por ley a escala nacional?