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México D.F. Jueves 12 de junio de 2003

La dependencia echa abajo argumentos con que se reabrió el expediente en 2001

Coadyuvantes en el caso Posadas Ocampo indujeron testimonios: PGR

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que los coadyuvantes del caso Posadas, el abogado José Antonio Ortega Sánchez y el panista Fernando Guzmán, indujeron testimonios en los que se acusa a José Córdoba Montoya, coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Carlos Salinas, de haber amenazado e intentado golpear al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, días antes de que el prelado fuera asesinado en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, el 24 de mayo de 1993.

Asimismo, los supuestos testigos del espionaje a Posadas Ocampo negaron haber visto a un helicóptero sobrevolar la casa del cardenal durante tres días, y también a un sujeto "misterioso", vestido de negro, que "observaba todo".

Lo anterior acontece a 19 días de que la dependencia diera a conocer el avance de las investigaciones del caso Posadas, en un informe en el cual se hizo referencia a que la mayoría de las nuevas pruebas a indagar tenían fundamento en testimonios "de oídas". Con ello se echó abajo el sustento con el que se procedió a la reapertura del expediente en junio de 2001 por parte de la entonces subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo, María de la Luz Lima Malvido.

Como se recordará, Guzmán y Ortega Sánchez aseguraron desde junio de 2001 que las pruebas aportadas por ellos permitirían establecer que la muerte del cardenal fue obra de un complot y no de una confusión, tesis que desde 1993 se ha mantenido vigente a pesar de las investigaciones realizadas desde aquel año por cinco procuradores.

Ayer, en un comunicado de prensa, la PGR dio a conocer que Ortega Sánchez y Guzmán indujeron a Ignacio Flores Ruiz, en sus declaraciones ministeriales del 25 de febrero de 1995 y del 14 de diciembre de 2001.

En esas diligencias, Flores Ruiz, quien era amigo de Posadas Ocampo, aseguró que el cardenal le confió el 6 de mayo de 1993 que Córdoba Montoya y el entonces gobernador de Jalisco, Guillermo Cossío Vidaurri, "le hicieron proposiciones indecorosas".

De acuerdo con la información de la PGR, el testigo presentado por Ortega Sánchez y Guzmán mencionó en sus comparecencias que Posadas Ocampo había ido a visitar al gobernador (Cossío Vidaurri) y había acudido a la residencia oficial de Los Pinos, en donde le pidieron "que no se metiera en el corredor Tijuana-Guadalajara de prostitución y que a cambio le daban todo lo que quisiera para su ministerio, y le refirió que Córdoba Montoya alcanzó al cardenal y lo quería abofetear".

La PGR señala en el comunicado 493/03 que antes de la diligencia realizada el 14 de diciembre de 2001, Flores Ruiz fue citado en un restaurante por Guzmán y Ortega Sánchez, y luego lo llevaron al lugar donde declaró en torno a las supuestas amenazas y ofrecimientos a Posadas Ocampo.

Sin embargo, la PGR precisa que el 21 de mayo de este año, ya sin la presencia de Guzmán y Ortega Sánchez, Ignacio Flores Ruiz volvió a declarar en torno al asesinato del cardenal Posadas, y en esa ocasión aseguró que quienes lo acompañaron lo engañaron e indujeron, "puesto que dice haber declarado en base a lo que Victoriano Navarro (un abogado pasante) le indicó".

Además, agrega el comunicado de la PGR, en esa última declaración "Ignacio Flores Ruiz, libremente y sin presión alguna, señaló que el cardenal Posadas nunca le manifestó en qué consistían esas proposiciones ni quién se las hizo, y que incluso el declarante desconoce quién es Córdoba Montoya".

En su comunicado, la PGR también respondió a las críticas que han vertido Guzmán y Ortega Sánchez, en el sentido de que la PGR ha desahogado las diligencias de la nueva investigación del caso Posadas a espaldas de la coadyuvancia.

Agregó que "transparencia, objetividad, imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos humanos no significan que la actuación del Ministerio Público quede supeditada a la aprobación o visto bueno de la coadyuvante Angelina Ramírez Tafolla, y menos aún de aquellos a quienes designó sus representantes legales", es decir, Ortega Sánchez y Guzmán.

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