Ayer, al celebrar la virtual cancelación de la deuda mexicana en los denominados Bonos Brady -instrumento financiero puesto en vigor a finales de los años 80 para mitigar las crisis financieras latinoamericanas, y que para nuestro país llegó a representar obligaciones por más de 35 mil millones de dólares-, el presidente Vicente Fox se congratuló por los ahorros logrados mediante ese proceso de conversión de deuda cara en deuda barata, el alto nivel de las reservas internacionales y la credibilidad lograda por el país en el mercado internacional de capitales. La operación ameritó un acto especial en Los Pinos, con la presencia del director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler, y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, los cuales elogiaron el desempeño macroeconómico mexicano en los últimos años e instaron a la realización de nuevas reformas estructurales.

La reducción de la carga de la deuda externa es, a no dudarlo, una buena noticia, sobre todo si se considera que el gobierno federal debe destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a cubrir los costos financieros de esa deuda. También son datos positivos el aumento de la confianza de los centros financieros internacionales en México, el incremento de las reservas y la liberación de las garantías asociadas a los instrumentos cancelados.

Pero para los mexicanos que subsisten por debajo de la línea de la pobreza, los cuales constituyen más de la mitad de la población, las cifras sólidas, las tendencias venturosas y las palabras de elogio al país expresadas ayer no significan, por desgracia, nada. La reducción de la deuda externa, del déficit fiscal y del riesgo-país de las que alardea el actual gobierno no se han traducido, para ellos, en una atenuación de los contrastes sociales ni en una mejoría perceptible de sus condiciones de vida. El campo sigue expulsando grandes cantidades de personas hacia las ciudades, en las ciudades no hay trabajo y los que lo tienen carecen, en su gran mayoría, de salarios remuneradores. El mercado interno sigue tan deprimido como en el sexenio de Ernesto Zedillo, el crédito existe sólo para el gobierno, y las empresas micro, pequeñas y medianas siguen sufriendo los efectos de una recesión persistente y desesperanzadora.

Durante los últimos dos sexenios del régimen priísta los gobernantes insistieron en presentar a la nación cifras macroeconómicas plenas de autocomplacencia y aseguraron que la derrama de los beneficios correspondientes al grueso de la población era sólo cuestión de tiempo. Pero en diciembre de 2000 los mexicanos se encontraban más pobres que nunca, a pesar de los pretendidos aciertos económicos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo y como consecuencia, más bien, de sus pifias combinadas. Hoy resulta natural y lógico que la opinión pública desconfíe de las presentaciones con fanfarrias de indicadores económicos, por buenos que sean. Para la mayoría de la población, los mejores indicadores para medir los logros o los fracasos del gobierno son sus bolsillos, sus despensas, sus viviendas, las escuelas de sus hijos y sus centros de salud. Y el cambio prometido hace tres años sigue sin llegar hasta esos referentes humildes, pero irrefutables.