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E C O N O M I A
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México D.F. Viernes 27 de junio de 2003

El pasado viernes comenzó la firma de convenios

Aceptan liquidaciones los ex trabajadores de Bufete Industrial

VICTOR CARDOSO Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

Los ex trabajadores de Bufete Industrial, que llegó a ser una de las tres constructoras más importantes del país, adquirida por un pago de mil pesos en junio de 2001 y declarada en quiebra en enero de 2002, aceptaron la firma de convenios de liquidación para poner fin a las relaciones laborales del grupo ''que por su mala situación financiera tuvo que cerrar sus puertas''.

El auxiliar de la sindicatura de la quiebra, Oscar Porter Lorenzo, informó que desde el viernes de la semana pasada comenzó la firma de los convenios de liquidación en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

''Con este proceso se soluciona uno de los pendientes que más preocupan a los liquidadores, que es el finiquito de la relación con los ex trabajadores de este grupo que inició actividades en 1977 bajo la presidencia ejecutiva de José Mendoza Fernández y que llegó a tener en nómina más de 8 mil trabajadores'', afirmó Porter Lorenzo en un escueto comunicado de prensa difundido ayer, en el que no se dan mayores explicaciones sobre el proceso.

Empresa con sino

Durante 50 años Bufete Industrial escaló los más altos peldaños de la obra pública en México. En 1977 incluso comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Alcanzó su máximo esplendor durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, trepada en la cresta de la ola de las inversiones en infraestructura energética. Con su entonces presidente, José Mendoza Fernández, la constructora fue una de las más importantes impulsoras de los proyectos ''llave en mano'' que permitieron los nuevos proyectos de construcción.

Pero después de ser considerada una de las tres constructoras gigantescas en México, a Bufete Industrial se le cayó el paraíso. En sólo tres años sufrió la debacle: en mayo de 2000 su principal filial, Bufete Industrial Construcciones, se declaró en suspensión de pagos luego de tres infructuosas negociaciones con posibles socios capitalistas.

Para el año siguiente ya no pudo soportar el peso de una deuda acumulada de 450 millones de dólares y la escasez de contratos. Su entonces presidente, Mendoza Fernández, tuvo que vender la constructora y, ''por dignidad'', retirarse de la actividad.

La venta se hizo al consorcio Serbo, propiedad del controvertido empresario Sergio Bolaños Quesada (mencionado en diversas ocasiones como prestanombres del ex líder petrolero Francisco Hernández Galicia, también conocido como La Quina) en una operación sui generis porque Mendoza Fernández sólo recibió un pago de mil pesos.

El interés de Bolaños Quesada era utilizar a la empresa para su mayor proyecto personal, la construcción del Complejo Petroquímico Altamira, que sería el primero en edificarse completamente con recursos privados e incluiría la edificación de una nueva ciudad. En la aventura, Bolaños Quesada estaría acompañado por el ex banquero Eduardo Legorreta Chauvet, quien fue designado vicepresidente del consejo de administración.

Sin embargo las cosas no mejoraron con el cambio y en octubre de 2001 la constructora ya no podía soportar siquiera el peso del pago de cuotas para mantenerse inscrita en la Bolsa Mexicana de Valores y tuvo que ser deslistada, junto con sus nueve subsidiarias, de ese mercado. Además, el día 30 de ese mismo mes Bufete Industrial sufrió una intentona de embargo por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para enero de 2002, ya bajo la presidencia de Sergio Bolaños, Bufete Industrial se acogió a la Ley de Concursos Mercantiles con el objetivo de ''llevar a cabo una restructuración financiera ordenada con sus acreedores'', cosa que tampoco se concretó.

Para colmo, en abril de ese mismo año José Mendoza Fernández y su hijo y ex vicepresidente de Bufete Industrial presentaron sendas demandas laborales en contra de la empresa por más de 45 millones de pesos por ''salarios caídos, vencidos y por vencerse contados a partir del 8 de febrero de 2002'', fecha a partir de la cual rescindieron sus respectivos contratos y la relación individual de trabajo ''por causas imputables al patrón''

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