Con el argumento de que las matrículas emitidas por los consulados de México en Estados Unidos pueden ser utilizadas por terroristas, funcionarios del vecino país descalificaron esos documentos en el curso de una audiencia ante el Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza de la Cámara de Representantes. Steve McCraw, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), criticó los procedimientos de expedición de las matrículas por las representaciones mexicanas, afirmó que los documentos requeridos para obtenerlas pueden ser falsificados y opinó que el instrumento de identidad podría servir hasta para realizar "transferencias de fondos terroristas". Stewart Verdery, del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que el empleo de la matrícula consular como documento de identificación puede "comprometer la seguridad nacional". El congresista republicano por California Elton Gallegly no se quedó atrás y expresó la hipótesis de que grupos terroristas o gobiernos enemigos de Estados Unidos "estén viendo cómo explotar" las matrículas consulares.

Cabe recordar que, en meses recientes, algunas autoridades locales y estatales estadunidenses, así como entidades bancarias del país vecino, han empezado a aceptar la matrícula consular como identificación válida para expedir licencias de manejo, abrir cuentas y vender seguros. Esa flexibilidad -que dista mucho de haberse generalizado en todos los estados y en los diversos niveles de gobierno de la Estados Unidos- representa un respiro en las angustiosas e indignantes circunstancias en las que están obligados a vivir los mexicanos que se aventuran a cruzar la frontera norte sin los documentos requeridos y a trabajar en territorio estadunidense.

Esos pequeños márgenes de seguridad y bienestar han sido criticados desde el principio por los grupos conservadores que buscan mantener a los trabajadores mexicanos en la más completa indefensión y en una condición de total ilegalidad, como si fueran criminales peligrosos, y las críticas a la matrícula consular se inscriben claramente en esas posturas fóbicas, racistas y, en última instancia, hipócritas, toda vez que pretenden ignorar los enormes beneficios que los indocumentados aportan a la economía de Estados Unidos.

Ciertamente, las matrículas referidas pueden ser falsificadas u obtenidas de manera fraudulenta por ciudadanos de otros países. Pero no existe, hasta la fecha, un tipo de documento o una tecnología que erradique en términos absolutos la posibilidad de falsificación o uso indebido. Hasta la fecha, Washington no ha dado elementos contundentes sobre la identidad de los protagonistas de la conjura que culminó en los atentados del 11 de septiembre de 2001 pero, independientemente de quiénes hayan sido, es claro que disponen o disponían de una capacidad económica y organizativa suficiente para dotarse no sólo de matrículas consulares mexicanas, sino de visas y hasta de pasaportes estadunidenses.

Los argumentos de seguridad nacional contra los documentos que extienden los consulados de nuestro país son, pues, poco serios, y llevan a pensar que la verdadera razón para descalificar la matrícula es preservar las condiciones de opresión, persecución y humillación que sufren los migrantes mexicanos y latinoamericanos en la nación vecina.