En las elecciones federales realizadas ayer el gran triunfador fue el desencanto ciudadano. Así lo indica claramente el índice histórico del abstencionismo: cerca de 60 por ciento de los ciudadanos dieron la espalda a las urnas, como respuesta al abandono, por parte de la clase política en general, de las ideas, las propuestas, las plataformas y los principios.

Como en ninguna otra anterior, en esta elección se vació de contenidos la propaganda partidista, la cual se dejó orientar por una mercadotecnia que privilegió colores, paisajes, sonrisas, lemas y diseños sobre los programas y las iniciativas concretas. Los institutos políticos y las dependencias oficiales de todos niveles y adscripciones gastaron miles de millones de pesos en convencer a la sociedad de las bondades y la necesidad de un acto ciudadano -el sufragio- que había sido desprovisto de sentido real. La mayoría absoluta de los votantes percibió que los partidos y sus candidatos pretendían convertir los comicios en una subasta de cargos de elección popular; que la media docena de pequeñas agrupaciones sin ideología específica ni plataforma definida no representaban otras tantas oportunidades de participación ciudadana, sino un negocio para sus dirigentes; que los enormes recursos públicos invertidos en la elección eran, preponderantemente, una inyección financiera para los medios electrónicos, y que no tenía sentido salir de casa para ayudar a los políticos a repartirse puestos y acomodarse en ellos.

Es cierto que la jornada cívica transcurrió en casi completa calma y que imperaron la civilidad y la normalidad democrática, pero ese saldo positivo no debe atribuirse únicamente al avance del espíritu republicano, sino también a que los protagonistas de la elección -aspirantes, partidos, autoridades- no supieron comunicar a los votantes qué era lo que estaba en juego.

Esta desangelada elección constituye un grave revés para la democracia, para las instituciones y para el futuro político del país. Por ello, más que analizar los resultados arrojados por la minoría que acudió a sufragar -el retroceso del PAN, el avance del PRI y del PRD, la derrota del partido del Presidente en Nuevo León, el triunfo arrollador del instituto político que gobierna la capital de la República, el renovado empantanamiento en el Poder Legislativo, el retorno a la nada de las pequeñas fórmulas que se estrenaron en esta ocasión y que no lograron ni 2 por ciento de los sufragios-, habría que plantearse la necesidad de emprender una reforma política, legal, institucional y electoral que reconstruya la vinculación de los ciudadanos al quehacer político y el interés de la población por los asuntos públicos.

Es ineludible que los dirigentes partidistas hagan conciencia sobre el hecho de que, contada la abstención, sus verdaderos porcentajes de votación están muy por debajo de los números oficiales. El PRI, que va en primer lugar con poco más de 34 por ciento de los sufragios, no logró motivar ni siquiera a 14 por ciento del electorado; Acción Nacional recibió el respaldo real de 12 de cada 100 votantes y el PRD no pudo convencer más que a 7 de cada 100 electores.

Con esas cifras, no hay motivos para el triunfalismo de los liderazgos partidarios ni para felicitaciones por la madurez democrática. La circunstancia ameritaría más bien una autocrítica a fondo de la clase política y un replanteamiento honesto de leyes y códigos, de presupuestos, de normas y de procedimientos electorales. Una institucionalidad democrática que no logra concitar la credibilidad y la participación ciudadanas carece de sentido y termina sucumbiendo ante cualquier espejismo caudillista. A tres años de las elecciones presidenciales de 2006, los políticos deben tomar conciencia del riesgo y actuar en consecuencia.