Propondrá el no ejercicio de la acción penal al considerar que fue suicidio

Abogado de la familia Ochoa y Plácido teme que la fiscal dé carpetazo al asunto

BLANCHE PETRICH

La fiscal especial del caso Digna Ochoa, Margarita Guerra, recibirá hoy el resultado de los peritajes del asesor externo en criminalística, Rafael Moreno González, la última diligencia que esperaba antes de emitir su resolución, esta misma semana. "Tememos -adelanta José Antonio Becerril, abogado de la familia Ochoa y Plácido- que la fiscal concluya proponiendo el no ejercicio de la acción penal por considerar que se trata de un suicidio, no de un homicidio".

La certeza de este "anuncio esperado" por el penalista se produjo desde el momento en que -en marzo de este año- la fiscal Guerra y Tejada cerró la puerta a la familia de Digna Ochoa para presentar nuevas pruebas periciales de medicina forense, criminalística y química forense, precisamente las tres áreas de las investigaciones previas donde, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se detectaron omisiones y errores graves.

En mayo, después de estudiar las casi 20 mil fojas del expediente, el despacho de Becerril llegó a la conclusión de que Digna Ochoa murió asesinada. Y para acreditar el homicidio solicitó, conforme a su derecho, presentar pruebas. "Sin que sea habitual en la práctica legal, Margarita Guerra ordenó que dos peritos opinaran respecto de esta petición. Estos, el químico biólogo Vicente Jaime Corona Méndez y el médico Oscar Lozano y Andrade, concluyeron que nuestra petición era inconducente ya que la hipótesis del homicidio es una premisa falsa."

Recelando de que estos fueran los pasos previos para una resolución que dictaminara "suicidio" y ordenara archivar el caso, Becerril se amparó, en junio, contra la negativa de la fiscal y presentó queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En víspera del pretendido carpetazo, el abogado denuncia: "Negar el derecho de la víctima -en este caso la familia de la licenciada Ochoa- a presentar pruebas para encontrar la verdad de un hecho criminal, constituye una obstrucción de la justicia. Además, sienta un antecedente muy grave para todos los abogados, defensores de derechos humanos y luchadores sociales de esta ciudad, que en ejercicio de su trabajo puedan representar una molestia para la autoridad y puedan ser víctimas de un atentado. Este antecedente apunta a que en estos casos no se puedan presentar pruebas para esclarecer un delito."

En opinión de Becerril, la segunda fiscalía (la primera fue encabezada por el subprocurador de Justicia del Distrito Federal, Renato Sales Heredia, impulsor de la hipótesis del suicidio) no se apartó de esa primera línea "en ningún momento" y prueba de ello es el hecho de que nunca fue llamado a declarar nadie con carácter de presunto responsable.

Hasta la fecha, los sucesivos equipos de investigación han intentado sustentar el suicidio, fundamentalmente en los peritajes y perfiles psiquiátricos de la abogada veracruzana, hechos post mortem. "Esos son elementos subjetivos; en una investigación de este tipo debe tener más importancia la mecánica objetiva de los hechos. Y, hasta ahora, no conocemos ninguna mecánica convincente que sustente esta línea."

Justamente el equipo de criminalistas externos, contratados por la fiscalía en febrero de este año y encabezados por Rafael Moreno, deberán aportar este miércoles la mecánica objetiva de los hechos.

Moreno González es considerado una eminencia en medios de las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal. Es autor de numerosos libros de ciencia criminalística. "Su figura pesa -reconoce Becerril-, pero un caso como éste debe resolverse sobre la base de la experimentación, la fundamentación técnica, la debida observación de las pruebas y su correcta interpretación, no sólo por la autoridad de la firma de un afamado penalista."

Para el equipo de representantes de la familia de Digna Ochoa "es obvio" hacia dónde apunta la conclusión de la fiscal.

"En un acto de discriminación, está desechando de antemano nuestras pruebas. Aun si ganamos el amparo, si ella cierra el caso antes nuestro amparo queda sin efecto. Nosotros no queremos alargar indefinidamente la investigación. Pero si el caso ya esperó un año ocho meses, bien podría esperar unos meses más en aras de la verdad. Un juez con interés en desentrañar la verdad daría tiempo para que todos presenten sus pruebas, no coarta ese derecho."

-ƑQué podría obligar a la fiscal a aplazar su resolución y dar tiempo para que ustedes presenten las pruebas que tienen?

-Legalmente nada, a menos que la autoridad superior tome conciencia de la gravedad de esta negativa y dé oportunidad para presentar las pruebas. Lo harían si les interesara la verdad. Unos meses más a cambio de alcanzar la justicia. Ese sería el costo.