Ayer, en Madrid, fue embarcado rumbo a México David Peñaloza Sandoval, ex presidente de Triturados Basálticos SA (Tribasa), prófugo de la justicia nacional desde diciembre de 2001 y detenido en la frontera franco-española el 29 de agosto del año siguiente. La extradición de este presunto delincuente de cuello blanco, participante al parecer en uno de los grandes desfalcos sufridos por la nación durante el sexenio pasado, sería un motivo de satisfacción. Pero, con los antecedentes de impunidad en las acusaciones contra Carlos Cabal Peniche, Isidoro Rodríguez, El Divino; Oscar Espinosa y otros protagonistas de las trapacerías del salinismo y del zedillismo, cuyas extradiciones se tradujeron en cómodas, cuantiosas e indignantes libertades condicionales, hay motivos para temer que la llegada a territorio nacional de Peñaloza Sandoval se convierta en una nueva burla a la justicia, a la sociedad y a la ética pública.

Es pertinente recordar que en agosto de 2001 el ahora extraditado fue acusado por el delito de fraude, en razón de los préstamos nunca rembolsados que su empresa recibió de Nacional Financiera (Nafin) cuando esa institución fue dirigida por Gilberto Borja Navarrete y, posteriormente, por Carlos Sales Gutiérrez.

Tras el desastre en que culminó la privatización carretera, y ante los quebrantos experimentados por Tribasa, el gobierno zedillista decidió "ayudar" a esa empresa con créditos de Nafin por 30 millones de dólares. Ese "rescate" fue concretado mediante la adquisición de tres pagarés de 10 millones de dólares cada uno, concertados a 90 días, que fueron renovados una y otra vez; Tribasa inventó una empresa inexistente --Aeropuertos del Sureste-- para garantizar la operación. Posteriormente la entidad bancaria canalizó otros 10 millones de dólares a Tribasa, que sirvieron para pagar una deuda contraída por esa empresa con el Bank of America.

Esas operaciones son representativas de los masivos desfalcos al erario perpetrados durante el sexenio de Ernesto Zedillo al amparo, presumiblemente, del gobierno federal, como dejó entrever en 2001 el abogado corporativo de Peñaloza, Enrique Garza. En ese entonces, cuando se dio a conocer la denuncia penal contra Tribasa, Garza adujo que los "apoyos" habían sido autorizados desde el más alto nivel federal y que "un alto funcionario" del zedillismo había ordenado a Nafin "ayudar" a Tribasa. Sin embargo, hasta la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) ha limitado la acusación al presunto defraudador privado y no se ha tomado la molestia de indagar qué funcionarios públicos pudieron estar involucrados en ese robo de recursos del Estado.

El proceso legal contra Peñaloza Sandoval es una oportunidad inmejorable para que el actual gobierno emprenda, de una vez por todas, la hasta ahora postergada tarea de ir a fondo en la indagación de los cuantiosos fraudes perpetrados en el contexto de los rescates bancario y carretero durante el sexenio anterior. Cabe esperar que lo haga, porque en caso contrario se expondrá a una nueva pérdida de credibilidad como la que acusaron los electores el pasado domingo, ya fuera en las urnas o en su inasistencia a ellas.