Ahora la Corte quiere homologar pensiones de ministros con sueldos de los activos

Marcha atrás de la Judicatura al acuerdo que daba pensión vitalicia a consejeros

Las percepciones de los jubilados pasarían de 70 mil pesos mensuales a más de 140 mil

JESUS ARANDA

Ante la posibilidad de incurrir en delitos contra la administración pública, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió revocar el acuerdo general 22/2003, mediante el cual sus integrantes se habían asignado una pensión vitalicia al dejar el cargo.

Mientras tanto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en la víspera de aprobar un acuerdo general que concede a los 26 ministros jubilados en diciembre de 1994 la homologación de la pensión vitalicia que reciben con los salarios de ministros en activo, con lo cual sus percepciones mensuales pasarán de aproximadamente 70 mil pesos a más de 140 mil. Trascendió que el acuerdo, que podría ser aprobado en los próximos días, no cuenta con la aprobación de los 11 ministros, pues hay quienes piensan que violaría el artículo 13 constitucional.

Entre los ministros jubilados se encuentra Enrique Díaz Infante, actualmente bajo proceso por cohecho y presuntos delitos contra la administración de justicia, por su presunta participación en la liberación, en octubre de 1986, de Alejandro Braun Díaz, El Chacal; y algunos que sólo estuvieron en la Corte unos meses antes de su retiro, como Jesús Duarte Cano y Miguel Montes García, así como otros que aún "coyotean" asuntos en juzgados y tribunales sin que formen oficialmente parte de los juicios.

Historia de un acuerdo inexistente

El pasado 9 de junio La Jornada dio a conocer que, en una decisión sin precedente, el pleno del CJF aprobó el acuerdo 22/2003 que otorgaba pensión vitalicia a los seis consejeros -a excepción del presidente de la Corte y del CJF-, con lo que homologaron la situación prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estatuye una pensión vitalicia para los ministros del máximo tribunal, aunque con una diferencia: la ley no establece porcentaje de pensión para los jubilados en diciembre de 1994, pero sí para los que entraron a partir de enero de 1995 con un porcentaje de 100 por ciento de su sueldo los dos primeros años y 80 por ciento de por vida y para sus viudas.

El acuerdo del consejo, cuya existencia en su momento fue negada a este diario por el consejero Sergio Valls, establecía como única condición para acceder a la pensión citada que los consejeros -quienes perciben un sueldo superior a los 170 mil pesos libres- contaran con un mínimo de 25 años en el servicio público. Y "únicamente" 66.66 por ciento de su sueldo y dos años después 33.33 por ciento por cinco años en el CJF.

Sin embargo, debido a las críticas que motivó el acuerdo, tanto en el Poder Judicial de la Federación, donde magistrados con más de 30 años de servicio reciben pensiones de 12 mil pesos, como en medios políticos y sociales, los consejeros tuvieron que recular. Y aunque no todos aprobaron la medida, en sesión privada del pasado 25 de junio revocaron el acuerdo 22/2003.

Se cuestionaba que los consejeros se extralimitaron en sus funciones al adjudicarse pensiones, a pesar de que la ley no los facultaba para ello, y aun su probable responsabilidad penal por el desvío de recursos en el que incurrirían por malversar dinero de partidas presupuestales para pagar pensiones. Incluso se sabe que un ministro ordenó un estudio profundo del acuerdo para determinar si tenía visos de ilegalidad, y de ser así que el pleno lo revisara y revocara.

Finalmente pudo más la presión. Tal como lo aprobaron, en total hermetismo y sin dar una explicación oficial, así lo revocaron.

Quedaron atrás las argumentaciones de los consejeros, plasmadas en el acuerdo, de que contaban con independencia técnica para emitir sus resoluciones; que la legislación en materia de seguridad social permitía el mejoramiento de las prestaciones previstas en la ley (como son las pensiones), y que al fijar su presupuesto podían definir las políticas para "remunerar en forma adecuada a los servidores públicos del propio poder".

Homologación de pensiones para ex ministros

Pese a lo anterior los ministros están por aprobar el proyecto de resolución presentado por el ministro Humberto Román Palacios, que homologa las pensiones de los ministros jubilados en 1994 con lo que está previsto en la ley para los actuales integrantes del pleno. Esto a pesar de que el artículo 13 constitucional establece que "ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley".

La ley sólo prevé pensión de 100 por ciento los dos primeros años y de 80 por ciento el resto de su vida para los ministros en activo.

El 14 de octubre del año pasado La Jornada dio cuenta de la carta que 18 ex ministros (de 26 que integraban el pleno) enviaron al presidente de la Corte, en la que demandan homologar su pensión mensual de 64 mil pesos más prestaciones (chofer, secretaria, gastos médicos y auxiliar a su servicio que paga el Poder Judicial Federal) con los 170 mil pesos "libres" que perciben los actuales ministros.

Encabezados por Irma Cué y Noé Castañón, los ex ministros argumentan que su pensión debe incrementarse al mismo ritmo que los salarios de los que están en activo.

Es conocido que la respuesta del entonces presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, fue de rechazo, ya que desde el principio la petición generó molestia y preocupación en el Poder Judicial Federal, porque sería una mala señal que fueran aceptadas las presiones de los ex ministros, no sólo por pedir una suma no autorizada en la ley, sino porque el monto que pretenden es "insultante", toda vez que los niveles de pobreza en el país aumentan cada día.

El proyecto de resolución encomendado al ministro Román Palacios es en favor de los ex ministros, y se sabe que la mayoría del pleno comparte la decisión, que se oficializará en los próximos días.