México D.F. Miércoles 9 de julio de 2003
El objetivo, evitar que consigan su libertad
en México por medio de amparos
Finca Estados Unidos nuevos cargos a los Arellano Félix
para lograr su extradición
GUSTAVO CASTILLO Y JORGE ALBERTO CORNEJO REPORTERO
Y CORRESPONSAL
Las autoridades de Estados Unidos presentaron ante una
corte de aquel país dos nuevas acusaciones en contra de integrantes
del cártel de los hermanos Arellano Félix, las cuales
fueron calificadas de "históricas" por Rafael Macedo de la Concha,
titular de la Procuraduría General de la República (PGR),
quien reveló que el gobierno mexicano presentará una iniciativa
para mejorar las acciones jurídicas contra miembros de organizaciones
criminales, mediante modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.
Los nuevos cargos podrían llevar a la extradición
a Estados Unidos de los hermanos Benjamín, Francisco Javier y Eduardo
Arellano Félix, así como de otros integrantes del cártel
de Tijuana.
Autoridades estadunidenses revelaron que los nuevos cargos
no incluirían sentencias de pena de muerte, para buscar extraditar
a los sospechosos ya presos en México hacia Estados Unidos y evitar
así que pudieran obtener su libertad en territorio mexicano, de
ganar algunos amparos.
Los hermanos Arellano Félix enfrentan nuevos cargos
"por tráfico masivo de drogas de México a Estados Unidos,
así como intimidación y amenazas".
Los nuevo cargos tienen como objetivo evitar que se niegue
una eventual petición de extradición, ya que las leyes mexicanas
prohíben la extradición de delincuentes que enfrentan la
pena de muerte.
Las acusaciones de un gran jurado federal en San Diego,
reveladas este martes, son consecuencia de un nuevo esquema de cooperación
entre autoridades federales de ambos gobiernos, dijeron las autoridades
estadunidenses.
Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad
de San Diego, California, que ofrecieron de manera conjunta Macedo de la
Concha y el procurador de aquel país, John Ashcroft, se dio a conocer
que dentro de las acusaciones se incluye información respecto de
las operaciones del cártel, de sus sistemas de protección
y de sus formas de distribución, y abarca actividades desplegadas
en Colombia, México y Estados Unidos.
Según Macedo de la Concha, "los resultados que
los gobiernos de México y los Estados Unidos han logrado en contra
de esta organización criminal repercuten en todos los niveles de
su estructura y no sólo en el directivo".
Agregó que "para los ciudadanos de México
y de Estados Unidos es una excelente noticia" que el gobierno de ese país
inicie dos nuevas acusaciones, ya que fueron el "resultado de la cooperación
respetuosa y de la confianza que se tienen las instituciones de ambas naciones
para enfrentar las diversas manifestaciones del crimen organizado y así
garantizar seguridad, justicia y salud a ambos territorios".
El titular de la PGR destacó que "esta acción
refrenda la convicción de que las fronteras no significan impunidad
y que las diferencias entre los sistemas jurídicos no son obstáculo
para lograr la justa sanción a quienes atentan contra los valores
más importantes de ambas sociedades".
En tanto, John Ashcroft, reconoció la labor que
el gobierno mexicano ha realizado en materia de combate al narcotráfico
por medio del procurador Macedo de la Concha, así como del titular
de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, José
Luis Santiago Vasconcelos.
El procurador estadunidense indicó que las acusaciones
incluyen las actividades de narcotráfico realizadas entre 1986 y
noviembre del 2002, además de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
John Ashcroft, mencionó que la organización
de los Arellano Félix negociaba con proveedores colombianos de cocaína
y productores mexicanos de mariguana para la compra y transportación
de toneladas de drogas ilegales, mismas que los inculpados y otros miembros
de la organización introdujeron ilegalmente a Estados Unidos mediante
varios métodos, incluyendo compartimentos secretos dentro de vehículos
comerciales y privados, helicópteros, barcos pequeños, sin
descartar el paso de peatones con mochilas.
Estas acusaciones, dijo, describen cómo los inculpados
sobornaron a autoridades mexicanas y jefes militares para proteger sus
cargamentos.
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