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México D.F. Miércoles 9 de julio de 2003

El objetivo, evitar que consigan su libertad en México por medio de amparos

Finca Estados Unidos nuevos cargos a los Arellano Félix para lograr su extradición

GUSTAVO CASTILLO Y JORGE ALBERTO CORNEJO REPORTERO Y CORRESPONSAL

Las autoridades de Estados Unidos presentaron ante una corte de aquel país dos nuevas acusaciones en contra de integrantes del cártel de los hermanos Arellano Félix, las cuales fueron calificadas de "históricas" por Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien reveló que el gobierno mexicano presentará una iniciativa para mejorar las acciones jurídicas contra miembros de organizaciones criminales, mediante modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
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Los nuevos cargos podrían llevar a la extradición a Estados Unidos de los hermanos Benjamín, Francisco Javier y Eduardo Arellano Félix, así como de otros integrantes del cártel de Tijuana.

Autoridades estadunidenses revelaron que los nuevos cargos no incluirían sentencias de pena de muerte, para buscar extraditar a los sospechosos ya presos en México hacia Estados Unidos y evitar así que pudieran obtener su libertad en territorio mexicano, de ganar algunos amparos.

Los hermanos Arellano Félix enfrentan nuevos cargos "por tráfico masivo de drogas de México a Estados Unidos, así como intimidación y amenazas".

Los nuevo cargos tienen como objetivo evitar que se niegue una eventual petición de extradición, ya que las leyes mexicanas prohíben la extradición de delincuentes que enfrentan la pena de muerte.

Las acusaciones de un gran jurado federal en San Diego, reveladas este martes, son consecuencia de un nuevo esquema de cooperación entre autoridades federales de ambos gobiernos, dijeron las autoridades estadunidenses.

Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de San Diego, California, que ofrecieron de manera conjunta Macedo de la Concha y el procurador de aquel país, John Ashcroft, se dio a conocer que dentro de las acusaciones se incluye información respecto de las operaciones del cártel, de sus sistemas de protección y de sus formas de distribución, y abarca actividades desplegadas en Colombia, México y Estados Unidos.

Según Macedo de la Concha, "los resultados que los gobiernos de México y los Estados Unidos han logrado en contra de esta organización criminal repercuten en todos los niveles de su estructura y no sólo en el directivo".
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Agregó que "para los ciudadanos de México y de Estados Unidos es una excelente noticia" que el gobierno de ese país inicie dos nuevas acusaciones, ya que fueron el "resultado de la cooperación respetuosa y de la confianza que se tienen las instituciones de ambas naciones para enfrentar las diversas manifestaciones del crimen organizado y así garantizar seguridad, justicia y salud a ambos territorios".

El titular de la PGR destacó que "esta acción refrenda la convicción de que las fronteras no significan impunidad y que las diferencias entre los sistemas jurídicos no son obstáculo para lograr la justa sanción a quienes atentan contra los valores más importantes de ambas sociedades".

En tanto, John Ashcroft, reconoció la labor que el gobierno mexicano ha realizado en materia de combate al narcotráfico por medio del procurador Macedo de la Concha, así como del titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos.

El procurador estadunidense indicó que las acusaciones incluyen las actividades de narcotráfico realizadas entre 1986 y noviembre del 2002, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

John Ashcroft, mencionó que la organización de los Arellano Félix negociaba con proveedores colombianos de cocaína y productores mexicanos de mariguana para la compra y transportación de toneladas de drogas ilegales, mismas que los inculpados y otros miembros de la organización introdujeron ilegalmente a Estados Unidos mediante varios métodos, incluyendo compartimentos secretos dentro de vehículos comerciales y privados, helicópteros, barcos pequeños, sin descartar el paso de peatones con mochilas.

Estas acusaciones, dijo, describen cómo los inculpados sobornaron a autoridades mexicanas y jefes militares para proteger sus cargamentos.

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