Hubo fallas estructurales en la procuración de justicia, señala reporte de la CIDH

La PGJDF no agotó la investigación sobre militares que hostigaron a Digna

Las deficiencias de la policía y el Ministerio Público indican falta de conocimiento profundo de la ley, desidia y resolución de los asuntos "de manera automática"

BLANCHE PETRICH / II Y ULTIMO

A punto de cerrar sus averiguaciones sobre el asesinato de Digna Ochoa y Plácido, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dejó sin agotar las líneas relacionadas con el Ejército, tanto en los aspectos que involucran a las unidades de soldados de la Sierra de Petatlán, que hostigaron el trabajo de la defensora de derechos humanos en su último viaje a la región guerrerense, como a los servicios de inteligencia militar, que en su momento fueron objeto de requerimientos legales de parte de la abogada como parte de su trabajo como litigante, y que también se vieron envueltos en actos de espionaje contra ella en años anteriores a su muerte.

Esto se desprende del amplio análisis que realizaron tres peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las actuaciones de los agentes del Ministerio Público y las fiscalías que a lo largo de los 20 meses transcurridos desde la fecha del crimen -19 de octubre de 2001- tuvieron a su cargo la investigación.

En ese trabajo, que las autoridades recibieron en mayo pasado, se asienta que la averiguación de los hechos de la muerte de Digna Ochoa acusó "fallas en la administración de justicia", que en el caso del Ministerio Público "son estructurales".

Asimismo, el relator de la CIDH, Pedro Díaz Romero, manifiesta que el rendimiento de funcionarios responsables del caso no fue, "en términos generales, satisfactorio".

Después de estudiar los procedimientos de los sucesivos equipos de la PGJDF, el reporte enumera, entre otras, las siguientes deficiencias de la policía y el Ministerio Público capitalinos: falta de conocimiento profundo del ordenamiento jurídico vigente, desidia, burocratización del trabajo y resolución de los asuntos "de manera automática, sin considerar las particularidades de cada caso".

Mención especial le merece a Díaz Romero el añadido de una evidencia en la escena del crimen, efectuada por la actual fiscalía que preside Margarita Guerra y Tejeda, cuando en febrero de este año fue "encontrada" casualmente, en la oficina donde yacía el cuerpo de Digna Ochoa, una bolsa de plástico con una etiqueta que dice: "polvo para manos", con una grafía que, según se determinó pericialmente, proviene de la defensora asesinada. Sólo que el casual hallazgo se produjo 16 meses después del hecho investigado.

"Resulta por lo menos desconcertante" -subraya el informe del relator especial de este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA)- que este elemento apareciera "casi a la vista" en el despacho donde fue encontrado el cuerpo de la abogada "mientras el inmueble estaba bajo custodia de la Procuraduría desde la fecha del crimen, excepto un periodo de menos de un mes en el que fue devuelto a sus poseedores" y a pesar de que en ocasiones anteriores hubo movimiento de muebles, peritajes diversos e incluso limpieza a fondo del sitio.

En suma, "manipularon la escena (del crimen) cuando evacuaron las pruebas técnicas y no hallaron tales evidencias".

Recomienda la CIDH que la Procuraduría aclare "en forma pronta y transparente" las razones por las que esta evidencia y otras más, como los periódicos recortados hallados en la azotea del edificio, con huecos y sin palabras que también "aparecieron casualmente" en una carpeta de la oficina, no fueron hallados ni relacionados en el momento debido.

Esto conduce a los peritos a recalcar en su informe, una vez más, una de las mayores falencias de todo el proceso de investigación: en ningún momento, ni siquiera durante el delicado y fundamental procedimiento de la necropsia, los funcionarios responsables cuidaron la llamada "cadena de custodia", que debe mantener bajo adecuado resguardo todas las piezas relacionadas con el cuerpo de la víctima, el lugar de los hechos y los objetos materiales que puedan asociarse con la investigación.

"Antojada interpretación"

El trabajo de los peritos destaca que uno de los principales problemas en la investigación "es la antojada interpretación" que los investigadores hicieron de las diligencias forenses. Los equipos de la tercera agencia de investigaciones, primero a cargo de Alvaro Corcuera y después de Nicolás Chávez, llegaron a conclusiones diferentes que los equipos de Renato Sales y Margarita Guerra, "dando lugar a conjeturas". El informe de la CIDH apunta la "marcada tendencia a expresar juicios de valor absolutos y definitivos" sin objetividad.

La prueba médico forense tuvo "fallas importantes en la descripción y relación de los hallazgos" en el lugar de los hechos y el cuerpo de la víctima y, en consecuencia, no hay certeza sobre el tiempo de la muerte, los orificios de entrada y salida del muslo izquierdo y la herida en el muslo derecho. Se registra, además, "un grado casi nulo de análisis, discusión e interpretación" de los hallazgos de la necropsia en todas sus fases.

Estas imprecisiones no fueron corregidas y persistían en las conclusiones de la fiscalía hasta julio de 2002.

Reconoce que la descripción de la herida mortal, en la sien izquierda, fue completa y correcta, no así la de bala en el muslo izquierdo y una lesión en el muslo derecho, del cual ya no se podrá saber cuándo y cómo pudo ocurrir.

Huellas y grafías

Otras ramas de la investigación sometidas a examen de la CIDH, fueron los peritajes de grafoscopía y documentoscopía.

En el terreno de la dactiloscopía es mínimo lo que se pudo establecer con certeza.

En el despacho fueron encontrados al menos ocho fragmentos de huellas dactilares, pero no fue posible extraer conclusiones sólidas. El informe afirma de manera protocolaria que "la búsqueda de huellas se ajustó a la práctica regular en la materia", pero acto seguido apunta que los informes rendidos no son lo suficientemente específicos.

Además, los dactilogramas de la víctima están incompletos, no tienen nitidez suficiente y en algunos casos su trazo fue alterado. De la mano derecha tres huellas son inútiles y dos de la mano izquierda.

Prueba de genética

Uno de los aspectos más discutidos del segundo equipo de investigación, encabezado por el subprocurador Renato Sales, fue el hallazgo, en diciembre de 2001, de restos de saliva de origen masculino en los sobres que contenían las tres últimas amenazas de muerte que recibió en vida Digna Ochoa. Esta pieza de evidencia no encajaba con la hipótesis del suicidio, fuertemente impulsada por Sales, quien encargó un nuevo análisis a un laboratorio privado, Genética Moderna. Ese segundo examen dio un resultado opuesto, modificando así un peritaje de ADN, concluyendo que se trata de un genotipo femenino que, sin embargo, no correspondía tampoco al ADN de Digna Ochoa. En su revisión de las investigaciones, los peritos de la CIDH advierten que Genética Moderna aplicó una técnica "muy discutida y no utilizada regularmente en estos casos" por sus altos márgenes de error.

Un tercer informe -febrero de 2003- retoma la primera conclusión del genotipo masculino de una sola persona.

Perfil psicológico

Pedro Díaz advierte en su informe que los análisis psiquiátricos y psicológicos pueden ser auxiliares en la investigación de un hecho criminal, pero nunca podrán sustituir otros procedimientos de la investigación.

En este aspecto también existen tres "perfiles" realizados por distintos equipos, en distintos momentos, y los tres son distintos, inclusive contradictorios.

El primero, el más divulgado por vías de filtraciones a la prensa, fue realizado por un psicólogo de Servicios Periciales de la PGJDF y define la personalidad de la víctima como "esquizotípica con rasgos paranoides; trastornos obsesivos compulsivos de la personalidad y trastorno de depresión crónica". Este estudio, según los peritos, es el más consistente de los tres. Un estudio posterior, con una "aproximación psicoanalítica", concluye que la licenciada Ochoa y Plácido reflejaba una personalidad "sana e integrada a su entorno". Este estudio es considerado como "no debidamente fundamentado" por la CIDH. Finalmente, por instrucciones de la última fiscalía, se realizó un tercer perfil que dictamina "un trastorno límite de la personalidad clasificado en nivel bajo".

Militares

En la línea de investigación sobre los militares y las actividades de Digna Ochoa en la Sierra de Petatlán, el informe del relator destaca que las recomendaciones hechas con anterioridad a la Procuraduría, de profundizar y cambiar la metodología de la averiguación y los interrogatorios, no fue atendida. El equipo de investigadores a cargo de la fiscal Guerra y Tejeda repitieron los cuestionarios rutinarios y "por exhorto" vía la Procuraduría de Justicia de Guerrero. "Subsiste -dice el informe- el estilo inconveniente de formular preguntas de cajón o habituales dentro de la jerga investigativa."