| México D.F. Domingo 31 de agosto de 2003
Se inconforman por un proyecto de Sagarpa en Oaxaca
Señora directora: Solicitamos la publicación
de la siguiente carta:
CP Javier Usabiaga Arroyo, secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, presente.
Estimado contador: Por medio de la presente, los abajo
firmantes queremos manifestar a usted nuestra inconformidad por el proyecto
que la secretaría a su cargo ha tenido de promover plantaciones
de café robusta a pleno sol.
De seguir con este proyecto, los resultados traerían
graves consecuencias ecológicas, ya que como usted lo sabe, Oaxaca
es el estado que tiene la mayor biodiversidad de todo el país y
en él han prevalecido las plantaciones de café de sombra,
las cuales han ayudado a preservar los recursos naturales de la franja
cafetalera y, por consiguiente, provee de servicios ambientales al país.
Atentamente
Francisco Toledo, Iván Restrepo, José
Luis Bustamante, Claudio López, Luis Mario Cortés, Alejandra
G. Rodríguez, Alberto Pérez Mariscal, Homero Blas Bustamante
y Fabiola García Herrera
Aclaraciones de la Secretaría de Salud
Señora directora: Con relación a
la nota publicada el 29 de agosto en ese diario, intitulada "Exige la SRE
prueba antisida a aspirantes a trabajar en Canadá", en la cual se
asegura que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del
VIH/sida (Censida) apoya la prueba obligatoria de detección de anticuerpos
al VIH a los migrantes que buscan empleo en ese país, me permito
precisar lo siguiente:
1. La Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993 para la
prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia
Humana, es muy clara en cuanto a las condiciones en que deben practicarse
las pruebas serológicas antes mencionadas, subrayando que debe contarse
con el consentimiento del interesado para poder practicarlas.
2. La Secretaría de Salud, incluyendo el Censida,
opera bajo un absoluto respeto a los derechos humanos y no aprueba que
la detección del VIH se utilice como instrumento para limitar los
derechos de las personas afectadas, incluido el que se requiera para entrar
o salir del país, y así se ha expresado en múltiples
foros.
3. El supuesto sustento al que alude la nota es la derivación
de una solicitud hecha al Censida, en el sentido de que las personas interesadas
en trabajar en otro país (principalmente trabajadores agrícolas)
a las que se les pide como requisito para ello presentar la prueba, contaran,
para el caso de que por propia voluntad decidieran practicársela,
con ese servicio gratuito en los diferentes centros que realizan ese tipo
de pruebas diagnóstica en el país.
4. En ningún momento de la reunión a la
que se refiere la nota las organizaciones de la sociedad civil u otras
instituciones participantes calificaron como "pasiva" la actitud del Censida
en cuanto a la defensa de los derechos humanos de quienes viven afectados
por el VIH/sida.
5. La Secretaría de Salud lamenta que el apoyo
que se brinda a quienes deciden practicarse las pruebas para poder laborar
en otro país se hubiera distorsionado en su sentido inicial, y reitera
su compromiso de vigilar que la detección de anticuerpos al VIH
se apegue a la normatividad aplicable y se realice voluntariamente, en
condiciones de confidencialidad y con una adecuada consejería.
Atentamente
Gustavo Lomelín Cornejo, director general de
Comunicación Social de la Secretaría de Salud
Respuesta de la reportera
Señora directora: En relación a la
carta de Gustavo Lomelín, director de Comunicación Social
de la Secretaría de Salud, me permito puntualizar que la nota informativa
sobre la reunión que sostuvieron organizaciones civiles con la comisión
contratada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones
Unidas para la elaboración de un diagnóstico sobre la situación
de los derechos humanos en México, dejó constancia que la
directora del Censida, Patricia Uribe, resaltó que existen leyes,
reglamentos y normas que prohíben la discriminación de los
infectados.
Sin embargo, al permitir que la prueba de detección
-que debiera ser voluntaria y sus resultados confidenciales- se realice
para cumplir con un requisito (necesariamente obligatorio) de otro país,
es una manera de violar los derechos humanos de los enfermos. Eso fue lo
que denunciaron las ONG en el caso de los campesinos que desean laborar
en Canadá.
Además, este hecho contraviene los compromisos
que los países miembros de Naciones Unidas -incluido México-
adquirieron en la Asamblea General de ese organismo internacional, que
con carácter de urgencia se realizó en junio de 2001 para
examinar y hacer frente al problema del sida en todos sus aspectos.
Ahí quedó establecido que deberían
eliminarse todas las formas de discriminación contra los enfermos
y asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos y libertades fundamentales.
El numeral 4 de la carta de Lomelín carece de fundamento
porque la nota publicada el viernes 29 de agosto en ningún momento
dice que el Censida tenga una actitud pasiva.
Por lo demás, lamento que en su misiva, el director
de Comunicación Social omita referirse al resto de las denuncias
que hicieron las organizaciones civiles con trabajo en la lucha contra
el sida, las cuales dan cuenta de la constante violación de los
derechos de los enfermos.
Atentamente
Angeles Cruz, reportera
Solicita ayuda para localizar a sus dos hijos
Señora directora: Me dirijo a usted solicitando
su ayuda para localizar a mis dos hijos, Ina Cecilia del Carmen y Santiago
Alexander, quienes el pasado jueves 14 de agosto me fueron robados por
su papá, el señor Donald Alphonso Marshall Tomlin, de nacionalidad
jamaiquina, a bordo de un taxi ecológico.
 Los
hechos se dieron en la esquina de Angel Urraza y Pestalozzi, afuera del
módulo 30 para obtener la CURP. En tan sólo 3 minutos en
que realicé dichos trámites, el señor Marshall Tomlin,
de 43 años, tomó a mis hijos, ambos de apellido Marshall
Lezama, y se los llevó, sin avisarme; es decir, sin mi consentimiento.
Acudí al Ministerio Público correspondiente
en la delegación Benito Juárez, donde se abrió una
averiguación previa; fui al Capea y también me dirigí
al Instituto Nacional de Migración, así como a la Procuraduría
General de la República, sin tener noticia alguna del señor
Marshall hasta este momento.
El señor Marshall y la de la voz vivimos durante
tres años en unión libre, pero desde septiembre del año
2000 dejé su domicilio porque las condiciones de vida eran indignas,
ya que prevalecía la violencia intra-familiar. A partir del momento
en que me separé de él, yo me hice cargo de los niños,
dándoles todo lo necesario para crecer sanos y felices. Después
de un año de no saber nada del señor Marshall, él
comenzó a frecuentarlos pero sin aportar dinero para su manutención
y visitándolos únicamente en mi domicilio.
 Abusando
de la confianza que se le había brindado, aprovechó un descuido
para llevarse a los niños, sin decirme dónde están,
y con el peligro de que les suceda algo. Mi hija Ina Cecilia del Carmen
sufre de asma, por lo que debe tener su medicamento a tiempo; Santiago
es muy depresivo, por lo que puede estar sufriendo mucho lejos de su casa
y su familia.
Agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes
en los teléfonos 56 04 99 65 /56 01 46 71, y en el correo electrónico
[email protected].
Atentamente
Rosa Cecilia Lezama Parra
El
Correo Ilustrado
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