Bertha Luján en la ALDF

Se procederá penalmente en el asunto San Juan

LAURA GOMEZ

La contralora general del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Bertha Luján, informó que iniciará una averiguación de oficio en torno del caso Paraje San Juan, para determinar el número de personas involucradas, sin importar "colores, partidos, rangos o nombres".

Agregó que entregará dichos resultados a la procuraduría capitalina para que actúe penalmente, dado que es imposible imponerles ya una sanción administrativa, porque los casos prescribieron.

Al término de su comparecencia ante el pleno de la tercera Asamblea Legislativa, donde fue severamente criticada por PRI, PAN y PVEM, por los "pocos o nulos logros alcanzados", precisó que no han abierto ningún procedimiento contra ex servidores públicos que participaron en la expropiación, pues "la limitación de los términos de prescripción -tres años- nos impide actuar".

Empero, precisó que en materia penal los términos son más amplios e indudablemente se actuará si se comprueba que existió delito, dolo o falsificación de documentos, por lo que "si encontramos en el proceso elementos que nos lleven a actuar, lo haremos con toda diligencia en los próximos días, pésele a quien le pese", afirmó.

"No hay desacato": consejera jurídica

Por su parte, la consejera jurídica del GDF, María Estela Ríos, al comparecer ante el pleno de la ALDF señaló que negarse a pagar los mil 810 millones de pesos no es un desacato a la autoridad judicial, cuando la ley no obliga a aceptar sentencias fraudulentas.

Explicó que no se han agotados todos los recursos legales disponibles, como el juicio de nulidad, así que hasta en tanto se dé una decisión final de la Corte, se harán valer todos los medios, porque "la cosa juzgada no se aplica a terceros ajenos a juicio, y en este caso hay muchos que no tienen por qué ser perjudicados".

Aunque no descartó la posibilidad de "endosarle la factura al gobierno", confió en que no lo harán porque se ha demostrado la colusión y los errores cometidos en este caso en que se pretende obligar a los capitalinos a pagar más de mil 810 millones de pesos. "Continuaremos en la lucha hasta el final y con las consecuencias que se deriven", advirtió la consejera.