En un operativo de dimensiones y extensión sin precedentes, el gobierno de George W. Bush realizó una redada policiaca en 60 establecimientos de la cadena Wal-Mart para detener a trabajadores indocumentados. Desde New Hampshire hasta Arizona y desde Carolina del Sur hasta Nueva York, las fuerzas policiales del país vecino emprendieron una cacería humana que tuvo como resultado el arresto de más de 300 extranjeros cuando éstos terminaban sus labores y se disponían a regresar a sus hogares.

En un primer acercamiento podría resultar sorprendente que un gobierno que se dice empeñado en una guerra planetaria contra lo que denomina "el terrorismo internacional" -un saco conceptual tan polivalente y amplio que caben en él desde los autores de los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta las guerrillas colombianas, pasando por el depuesto régimen de Saddam Hussein y quienes actualmente desarrollan una desesperada resistencia nacional en el Irak ocupado- distraiga a sus corporaciones policiales de la tarea estratégica de buscar peligrosos terroristas y las dedique a capturar pacíficos trabajadores de limpieza asignados a la referida cadena de tiendas de autoservicio. Pero si se afina un poco el análisis se verá que hay razones políticas y económicas para este proceder a primera vista disparatado.

Con estas detenciones de indocumentados, y en el contexto del pronunciado giro a la derecha en que está inmerso el país vecino -giro ejemplificado, entre otras muchas expresiones, por la elección del racista Arnold Schwarzenegger como nuevo gobernador de California-, el gobierno de Bush, acosado por su propia ineficacia económica y estratégica, puede presentar un triunfo fácil a los sectores más fóbicos y cavernarios de la opinión pública, algo que permita balancear el mortífero empantanamiento en que está derivando la agresión militar angloestadunidense contra Irak.

En el ámbito económico, es bien sabido que Washington utiliza su legislación migratoria como una suerte de válvula para regular la oferta y la demanda laborales; en momentos de expansión económica y alto empleo, el gobierno suele aplicar con laxitud las disposiciones administrativas contra los trabajadores extranjeros. En cambio, en circunstancias de crecimiento del desempleo, como la actual, el país vecino intensifica la persecución contra los migrantes. En todos los casos, el gobierno de Estados Unidos aplica sus propias leyes migratorias en forma convenenciera, discrecional e hipócrita.

Por último, es inevitable suponer que, de los más de 300 arrestados ayer en sus sitios de trabajo, una buena parte, posiblemente la mayoría, son mexicanos. La enorme redada debiera llevar a las autoridades nacionales a emprender un operativo consular extraordinario a fin de brindar a nuestros connacionales detenidos asistencia legal y protección en el caso -nada remoto- de que, durante la detención, las autoridades del país vecino hayan violado sus derechos fundamentales. Y es obligado protestar, por supuesto, ante esta infame e injustificable cacería humana.