Gabriela Rodríguez

Presupuesto y derechos humanos

La gran paradoja que hoy estamos viviendo es que el discurso de los derechos humanos está más visible que nunca en noticiarios, en periódicos, en medios electrónicos, hasta en la casa, en la escuela y en la calle y, sin embargo, estamos en-frentando uno de los peores mo-mentos de su ejercicio. En principio porque su aterrizaje depende de los egresos que los gobiernos asignan en sus presupuestos para que toda persona goce de su ejercicio, y en segundo término por el peso político que se da hoy al discurso ideológico, que promueve la ignorancia y su desconocimiento, lo cual dificulta la exigibilidad de los mismos.

El avance de los gobiernos conservadores en el nuevo orden imperial lleva a colocar a los derechos humanos como uno de los blancos privilegiados a destruir. Ningún político lo afirmaría de esa manera; por el contrario, el discurso políticamente correcto afirma el compromiso con esos consensos multilaterales, para contradecirlo silenciosamente a la hora de asignar presupuestos de gobierno.

La violación a los derechos económicos, sociales y culturales de los estadunidenses ha sido escandalosamente concretada al retirar sustanciales recursos de programas sociales, de salud y de educación para desplazarlos a las campañas bélicas de Medio Oriente. Y más aún, los propios derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de expresión, de movimiento, la no discriminación, también se vulneran con la justificación de acabar con el eje del mal (léase: los terroristas que andan pululando como migrantes en toda la Tierra).

Y si en el país de George Washington, el primer político que articuló en la historia moderna el derecho a la libertad, a la igualdad, a la solidaridad y a la felicidad, se está actuando contra los cimientos que construyeron ese Estado, Ƒqué nos queda a los países que orbitamos desde la pobreza a su alrededor?

Que 90 por ciento de los ciudadanos del mundo no puedan ejercer sus derechos económicos y sociales es un duro indicador del panorama del siglo XXI. Hoy tendremos que admitir que los derechos humanos son, sobre todo, un discurso político, un conjunto de acuerdos que consensa las mejores intenciones que la humanidad ha podido construir y que ha permeado todas las Constituciones del mundo; se trata de principios que no han podido extenderse ni a todas ni a todos los seres humanos "por el solo hecho de nacer y de estar dotado de razón y conciencia" (Declaración universal de derechos humanos, 1948).

Las estridentes disputas sobre el presupuesto, particularmente respecto al porcentaje de IVA a alimentos y medicinas en las que estamos atrapados, reproducen la supremacía de intereses electorales por encima del compromiso del Estado mexicano para garantizar derechos económicos fundamentales: el derecho a la alimentación y a la salud.

Simultáneamente el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Anders Kompass, presenta al presidente de México un diagnóstico, elaborado por expertos, investigadores y líderes de organizaciones civiles, que desnuda un conjunto de obstáculos estructurales que explican el triste panorama nacional. Llama la atención la relevancia que da este informe a la pobreza, al carácter "anacrónico" del sistema judicial y a la vulnerabilidad del Estado laico.

El Estado laico ha sido sustancial para extender los derechos a las mujeres, así como a las minorías religiosas y sexuales, tal como ampliamente se documenta en ese diagnóstico. Por eso es que otra de las disputas que el tema del IVA ha opacado es la reducción del presupuesto de egresos destinado a las mujeres, enviado por el Ejecutivo federal.

Dicho presupuesto disminuye de 1.03 por ciento del gasto total de 2003 a 0.11 para 2004, y dentro de la Secretaría de Salud la reducción del gasto destinado a mujeres (derecho a servicios de salud reproductiva, a la integridad corporal y a vivir sin violencia) se reduce de 17 a 7 por ciento. Lo que se lleva más dinero ahora es el Seguro Popular, programa que está violentando el derecho a la salud, de esa garantía individual reconocida en el artículo 4Ɔ de nuestra Constitución. La nueva estrategia para mermar estos derechos es transferir la responsabilidad desde las secretarías y hacia la Cámara de Diputados para que carguen con el descrédito popular.

Así, sin recursos, los derechos humanos siguen ignorados y se hacen menos exigibles, con lo cual los políticos tienen mayor libertad para manipular y utilizar el presupuesto en campañas electorales y en beneficio personal: programas clientelares, desvío de presupuestos, altísimos salarios y prebendas que sólo benefician a la clase política.