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México D.F. Viernes 12 de diciembre de 2003

Horacio Labastida

Legislatura y Presidencia

Aunque no somos el único país que escenifica luchas entre el Legislativo y el Ejecutivo, tales dramas nos agobian con frecuencia. En 1822 se instaló el Congreso del Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba que auspició Iturbide durante la consumación de la Independencia. La idea era instaurar una monarquía con algún miembro de la realeza hispana, y como el proyecto se vino abajo al saberse que las cortes peninsulares nulificaron lo acordado en Córdoba, floreció el plan de nombrar emperador a Iturbide. En la mañana del 19 de mayo, reunido el Congreso en medio de muchedumbres desenfrenadas, por 67 votos contra 15 fue autorizada la coronación exigida a gritos. La maniobra no tuvo éxito. Muchos legisladores defendían los intereses republicanos e Iturbide los de elites encumbradas, llegando la antinomia al extremo de disolver el Congreso en octubre de 1822. La situación se agravó e Iturbide reinstaló la Legislatura disuelta y pronto, derrotado, saldría del país rumbo a Italia. Es obvio que la razón política y social estuvo del lado de los diputados.

La contradicción de Legislativo y Ejecutivo exhibió características que se repetirían en la medida en que el primero ha exigido demandas del pueblo y el segundo las de clases privilegiadas. Con Antonio López de Santa Anna llegamos a niveles ignominiosos. Para evitar que la generación ilustrada de 1833 rompiera con la mano muerta del clero e inaugurara la educación popular, el general jalapeño hizo pedazos la Constitución federalista de San Pedro y San Pablo e instaló el Estado centralista (1836-46), dinamitando las cámaras de senadores y diputados creadas por dicha Constitución, y a la asamblea que en 1842 trató de restablecer el federalismo, sustituyéndola por una junta de notables.

La actitud del Congreso le resultó intolerable porque al abrirse las puertas republicanas se afectarían los grandes latifundios y ciertos sectores de la burguesía naciente. Se reprodujo el conflicto Ejecutivo-Legislativo cuando se publicó el Plan de Tacubaya (diciembre de 1857), rechazando el Código aprobado en febrero de 1857. Derrotados Miramón y Mejía, los invasores de Napoleón III y Maximiliano en Querétaro, Juárez restableció la República (1867) y la obra de los legisladores ayutlenses resultó victoriosa hasta el entronamiento de Porfirio Díaz y su prolongada hegemonía (1876-1911). El porfiriato hizo del Legislativo un mero servidor de su política antidemocrática, perfilando uno de los aspectos más negativos de la supremacía del Ejecutivo sobre el Legislativo; éste abandonó su representación popular y se agregó a las minorías latifundistas y a los inversionistas extranjeros protegidos por el gobierno.

La grandeza del Legislativo alcanzó brillos estelares en la tormentosa era revolucionaria. El triunfo de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez en 1911 no detuvo la oposición Legislativo-Ejecutivo, simbolizada en la persona egregia del senador Belisario Domínguez y el homicida Victoriano Huerta. Domínguez junto con los diputados de la 26 Legislatura denunciaron el estado criminal que apuntalara el embajador estadunidense Lane Wilson, y dieron inicio así a la derrota de la usurpación decapitada por Venustiano Carranza. Estas asimetrías llenaron el presidencialismo militarista que va de Obregón-Calles (1920-1936) a Manuel Avila Camacho (1940-46). Entre los asuntos destacados recordemos los siguientes: el plagio de senadores y el asesinato del senador Francisco Field Jurado, por oponerse a los Tratados de Bucareli (1923), ostensiblemente violatorios del artículo 27 constitucional, y la acusación de farsante, lanzada a Calles por el diputado Aurelio Manrique durante el informe del 1Ɔ de diciembre de 1928. Manrique escapó con vida porque sus compañeros eficazmente lo ocultaron de la policía oficial.

El presidencialismo autoritario civilista fue inaugurado por el presidente Miguel Alemán en 1947. Asumió un mando riguroso en el interior del país y obediente a las sugerencias de Washington. El riguroso mando implicó la subordinación del Legislativo federal y de los estatales a través, en este capítulo, de gobernadores designados por la Presidencia. La organización monolítica cambiaría ligeramente sin alterar su dureza a partir del reconocimiento de las minorías que se decretó por sugerencia de Adolfo López Mateos (1958-64), minorías que afortunadamente han crecido hasta el punto en que hoy forman mayoría oposicionista en el Legislativo.

ƑA qué conclusión nos lleva todo esto? Hablemos claro. Los mexicanos pensamos que esta oposición debe aprovecharse para recobrar las lecciones señeras del Senado de Belisario Domínguez y de los diputados de la 26 Legislatura. Hacer de México una democracia verdadera es el ideal sumo de los sentimientos nacionales.

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