Intervenido, el teléfono del procurador de Justicia; acusa a grupos federales

Descubren en Chihuahua sistema de espionaje a funcionarios estatales

Detenidas, dos personas en una casa cateada; una de ellas se identifica como agente de la AFI

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 11 de diciembre. Agentes de la Policía Judicial del estado (PJE) catearon esta tarde una casa de seguridad, desde donde presuntamente se realizaba espionaje telefónico en contra de funcionarios estatales.

Tras el cateo, se determinó que uno de los números telefónicos intervenidos por los supuestos espías era el del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Jesús José Solís Silva.

El agente del Ministerio Público estatal, José Francisco Moreno Pérez, informó que durante el operativo policiaco, puesto en marcha en la vivienda de la calle 44 marcada con el número 4208, de la Colonia Rosario, en esta capital, se arrestó a dos personas que operaban un sofisticado equipo de espionaje, capaz de monitorear números telefónicos de todo el país.

Indicó que uno de los aprehendidos, Alejandro González Montiel, se identificó como integrante de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y el otro, Marco Antonio Fuentes Arenas, dijo ser empleado administrativo.

Añadió que ambos detenidos eran originarios del estado de México y que el cateo al citado domicilio fue resultado de una orden que emitió un juzgado estatal para arrestar a una tercera persona, cuyo nombre no se dio a conocer.

En la vivienda se localizó una computadora de gabinete, dos lap-tops, cinco teléfonos celulares, grabadoras y casetes grabados, un arma de fuego calibre 9 milímetros, aparatos para intervenir teléfonos, así como transcripciones de llamadas intervenidas, entre ellas algunas efectuadas desde la oficina del procurador Solís Silva, además de las realizadas desde cinco números de casas particulares y tres de celulares.

De acuerdo con el agente del Ministerio Público Moreno Pérez, los detenidos no acreditaron con ningún documento una justificación para las labores de intervención telefónica que llevaban a cabo.

Mencionó que esos trabajos de espionaje probablemente iniciaron el 22 de noviembre, un día después de que fueran aprehendidos presuntos empleados de Petróleos Mexicanos, a quienes la PGJE puso en arraigo domiciliario, acusados de participar en los preparativos de un atentado contra el gobernador Patricio Martínez.

Luego del operativo, el procurador Jesús José Solís aseguró que "está comprobado el espionaje en contra de funcionarios estatales", incluido él mismo, por parte de corporaciones federales, "lo que representa una grave violación a la Constitución política del país y a la soberanía del estado de Chihuahua".

Agregó que con esa labor, el gobierno federal violenta también la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, y reiteró que el gobierno del estado, lo mismo que los servidores públicos que en él laboran, "están siendo acosados con la permanente fiscalización de todos sus actos públicos, desde el pasado mes de agosto".

El tema del espionaje generó una ríspida discusión en el Congreso estatal, donde los diputados del PRI impusieron su mayoría, y en ausencia de la bancada del PAN -que salió a atender a un grupo de empresarios-, aprobaron fast-track un punto de acuerdo, mediante el que exigen al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, el retiro de todos los cuerpos de información que operan en Chihuahua.