La procuraduría capitalina ya concluyó indagaciones

Enrique Arcipreste, a un paso de ir a prisión por presunto fraude procesal

SUSANA GONZALEZ G.

Para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ya concluyó la investigación sobre el delito de fraude procesal cometido presuntamente por Enrique Arcipreste del Abrego, quien reclama al gobierno capitalino una indemnización de mil 810 millones de pesos por la expropiación del predio Paraje San Juan, en Iztapalapa.

Sólo resta que el expediente sea revisado por la Subprocuraduría de Procesos para que sean afinados los últimos detalles y se eviten errores en la integración de la averiguación previa, para que a más tardar la semana próxima sea consignado ante un juez penal, a quien paralelamente se le solicitará la orden de aprehensión contra Arcipreste del Abrego.

Fuentes de la procuraduría indicaron que lo de menos es detener y encarcelar a Arcipreste, pues al cerrar la indagatoria, el Ministerio Público confía en haber reunido los elementos suficientes para acreditar el delito de fraude procesal y con ello aportar nuevos elementos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sirvan para invalidar la millonaria indemnización.

Lo paradójico del caso, señalaron, es que la principal prueba que originalmente presentó Arcipreste del Abrego ante las autoridades para acreditar la propiedad del paraje, es la misma que ahora sirve a la PGJDF para acusarlo de fraude procesal.

El documento consiste en un oficio del Departamento del Distrito Federal, fechado el 19 de marzo de 1993, el cual reconoce a Arturo Arcipreste Nouvel como "único propietario del predio denominado Paraje San Juan", padre de Enrique Arcipreste, el cual tiene al calce la firma de Marcelo Ebrard en su carácter de secretario general de Gobierno, pero que la procuraduría determinó que era apócrifa.

Con la falsificación de la firma del actual secretario de Seguridad Pública, explicaron las fuentes, Arcipreste del Abrego engañó a la juez octava de distrito B en materia administrativa en el Distrito Federal, Gabriela Rolón, responsable de la sentencia emitida contra el gobierno capitalino para que pague mil 810 millones de pesos.

Sin embargo, Arcipreste del Abrego, en su declaración ante el Ministerio Público argumenta que fue su padre, y no él, quien se ocupó de todos los trámites y gestiones legales para acreditar el pago de la indemnización ante las autoridades, al tiempo que señala que la PGJDF carece de facultades legales y constitucionales para calificar un juicio y de manera insistente asegura que el gobierno capitalino jamás cuestionó la validez y autenticidad de los documentos que se presentaron en el proceso.

En la PGJDF se iniciaron dos averiguaciones previas relacionadas con el caso del Paraje San Juan: la primera fue interpuesta por el gobierno capitalino, por medio de su apoderada legal, Laura Larissa Báez Casas, la cual quedó radicada con el número FDF/T/778/03-07; mientras la segunda fue presentada por Ebrard, a propósito de la falsificación de su firma, la cual ahora sirve para reforzar la acusación de fraude procesal contra Arcipreste del Abrego.