Niegan a la defensa copias de pruebas ministeriales

Diferida, audiencia sobre amparo promovido por parientes de Digna

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La audiencia final sobre la demanda de amparo presentada en noviembre pasado por familiares de Digna Ochoa y Plácido no pudo efectuarse ayer en el juzgado primero B de distrito en materia penal, debido a que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) presentó, a última hora, varios anexos de informes periciales sobre la muerte de la abogada, los cuales constan en videos, fotografías y discos compactos.

Al enterarse de lo anterior, el abogado de los quejosos, José Antonio Becerril, solicitó copia de las pruebas ministeriales para analizarlas en detalle, pero el juez Juan García Orozco las negó, con el argumento de que no son documentos escritos, sino pruebas materiales.

En representación de sus clientes, el litigante se inconformó e interpuso un recurso de queja en segunda instancia, la cual deberá resolver el segundo tribunal colegiado en materia penal. Así, la audiencia constitucional del amparo tramitado ante el Poder Judicial de la Federación tuvo que ser diferida por quinta ocasión consecutiva, aunque esta vez será de manera indefinida, porque el tribunal colegiado no tiene tiempo específico para resolver la queja de los demandantes.

Ahora corresponderá al órgano colegiado decidir si el juez de amparo debe proporcionar a la parte quejosa los videos, las fotografías y los discos compactos de constancias periciales entregadas al juzgador por la PGJDF.

El Ministerio Público pretende demostrar con esas pruebas al impartidor de justicia que la procuraduría capitalina sí fundamentó el no ejercicio de acción penal en el caso de la muerte de la abogada, y que la determinación de sostener la hipótesis del "suicidio simulado" estuvo apegada a derecho.

Las constancias de las que solicitó copia la defensa son 22 videocasetes en formato VHS, una docena de fotos a color que se encuentran en la averiguación previa integrada por la PGJDF para investigar la muerte y cinco discos compactos que contienen información de las pesquisas en torno al caso.

El juicio de amparo 2202/2003 solicitado por la familia de Digna Ochoa es para que se reabra la investigación de la muerte de la también defensora de los derechos humanos y la PGJDF acepte pruebas que los demandantes intentaron ofrecer durante la indagatoria, las cuales fueron rechazadas por el Ministerio Público.

Entre las pruebas ofrecidas por los quejosos destacan los resultados de una segunda necropsia del cuerpo de Digna Ochoa -los cuales no fueron analizados por la PGJDF-, que, de acuerdo con el abogado José Antonio Becerril, demuestran que la ahora occisa no se suicidó, sino fue asesinada.

Además, los familiares de Digna Ochoa sostienen en la demanda de amparo que durante las pesquisas que en su momento efectuó Margarita Guerra, fiscal especial para investigar la muerte, hubo varias irregularidades, entre las cuales destaca que las señales post mortem de la última posición del cuerpo de la activista indican una postura diferente a la ofrecida por la procuraduría capitalina.