Parte de los mexicanos mantiene una visión asistencialista de las autoridades, revela encuesta

Sedeso: urgen políticas de Estado que incrementen la corresponsabilidad social

Según la percepción de los consultados lo peor que le puede suceder a alguien es ser pobre

CAROLINA GOMEZ MENA

Entre muchos mexicanos persiste una visión asistencialista sobre el papel que desempeña el Estado en las políticas sociales, revela la encuesta nacional Corresponsabilidad y participación ciudadana, aplicada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Según la consulta sólo una "cuarta parte de la población opina que para acabar con la miseria los pobres deben salir (de ella) por su propio esfuerzo", mientras que "40 por ciento considera que la tarea es responsabilidad del gobierno". Paradójicamente, "80 por ciento considera que el gobierno da dinero a los pobres como una ayuda o un favor y no como una obligación".

En lo que concierne a la importancia de la pobreza como concepto de justicia, para los consultados la justicia se relaciona con el acceso a satisfactores económicos más que a la aplicación de la ley. Es así como 43 por ciento relaciona la palabra justicia con tener mejores condiciones de vida y sólo 21 por ciento la liga con el castigo a quien incumple la ley, y 19.8 por ciento la relaciona con compensar a quienes sufren una injusticia.

Estos resultados plantean al gobierno "retos urgentes" para cambiar con actos dichas percepciones, consideró Josefina Vázquez Mota, titular de la Sedeso, quien aseguró que este sondeo no se quedará sólo en un trabajo diagnóstico, sino que se traducirá en "toma de decisiones" para elaborar políticas que incrementen la corresponsabilidad social.

"Pareciera que la legalidad y el estado de derecho se vinculan muy poco con la situación de pobreza de millones de mexicanos (...) da la impresión que en nuestro análisis no aparece el cumplimiento de la ley como una condición obligada en la superación de la pobreza, en cada acto de violentación (sic) a la ley hay una causa directa de pobreza, cada vez que se comete un acto de impunidad hay un incentivo que alienta la pobreza".

En cuanto a la percepción de que el gobierno hace favores a los pobres, Vázquez Mota consideró que este sentir "invita a la discrecionalidad para incluso tratar de manipular los apoyos sociales, dado que el ciudadano lo ve como una ayuda, y al no sentirse como una obligación coloca al ciudadano en el terreno de un súbdito más que como una ciudadanía libre y corresponsable". De ahí -destacó- que la Sedeso emprendió "una larga batalla por la transparencia y rendición de cuentas".

El sondeo realizado por expertos independientes a la Sedeso (Berumen y Asociados) entre el 2 y el 14 de diciembre de 2003 a población (urbana y rural) abierta mayor de 17 años de edad con un cuestionario de 130 preguntas también refleja que para los mexicanos lo peor que le puede suceder a alguien es ser pobre. Esta situación es considerada peor que estar expuesto a la injusticia y el abuso de la autoridad. Sólo 43 por ciento dijo que lo peor es sufrir injusticia y el abuso de autoridad contra 48.3 por ciento que se inclinó por ser pobre o ser rechazado por su comunidad.

Asimismo, casi 40 por ciento consideró que la manifestación de justicia social es que existan salarios justos y 20 por ciento que haya educación para todos, entre otros.

Al responder la pregunta sobre quiénes deben acabar con la pobreza, 16.1 por ciento estimaron que los ricos deben ayudar a los pobres, 16.4 por ciento el gobierno y los pobres, 24 por ciento, los pobres con su propio esfuerzo y 40.3 que es el gobierno el indicado para abatir la pobreza.

De igual forma, 69.2 por ciento consideró que el gobierno da dinero a los pobres como una ayuda, 24.1 como una obligación y 5.6 como un favor.

En el acto estuvieron presentes Miguel Székely, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedeso, Jacqueline Peschard, ex consejera electoral y académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM; Luis Aguilar, director de la Gerencia Pública de Servicios de Consultoría, y Gaspar Reza, director regional de Berumen y Asociados.