"El reclamo, cosa del pasado; ya prescribió": Conagua

Abandona el gobierno a 12 mil chinantecos

Los sacaron de Oaxaca y los reubicaron en Veracruz para construir una presa en 1974 Ahora son "invasores"

MATILDE PEREZ U.

Cerca de 12 mil personas que en 1974 fueron reubicadas en 15 poblados en la región del Uxpanapa, Veracruz -colindante con los Chimalapas, Oaxaca-, podrían quedarse sin tierras ni alternativa de vida ante las demandas de restitución de tierras que interpusieron varios ejidos en los tribunales agrarios y la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos.

Hoy, los chinantecos, que perdieron más de 26 mil hectáreas de las tierras más productivas de Oaxaca por la construcción de la presa Cerro de Oro y que fueron reubicados en Uxpanapa, están indefensos legalmente. Abogados de la Procuraduría Agraria les han dicho que la acción fue ejecutada por gobiernos anteriores y el actual "no puede hacer nada".

Además, varios cientos de hectáreas de las 260 mil expropiadas del Uxpanapa para el reacomodo de los indígenas desplazados eran de suelo rocoso; los proyectos productivos de la Comisión del Papaloapan -instancia federal para efectuar el reacomodo y encargada de apoyar el desarrollo de los campesinos- fracasaron, y hasta los 138 millones de pesos destinados a indemnizar a los indígenas desaparecieron del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

Las copias del Diario Oficial donde se publicó la expropiación y el anuncio de indemnización; del acta creación de la Unión de Ejidos Colectivos de Producción y Comercialización Agropecuaria del municipio de Uxpanapa, y de varios compromisos gubernamentales de apoyo -documentos presentados por los chinantecos al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y a la coordinadora para la Atención a Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez-, carecen del peso jurídico para detener la "orden de desalojo" de los centros urbanos que, prevén los afectados, dictaminará el Tribunal Unitario Agrario (TUA).

"No dejaremos las tierras, llegaremos hasta donde sea necesario para conservar lo poco que nos dejaron", advirtió el presidente de la Unión de Ejidos de Uxpanapa, Juan Zamora González. Los primeros en pasar de ser ejidatarios reubicados para, después de 30 años, convertirse en "invasores" serán un centenar de familias del ejido Benito Juárez que están en 30 hectáreas de zona urbana que reclaman como propias los ejidos Saturnino Cedillo y Carolino Anaya.

En similares circunstancias están las familias de ejidos como Alvaro Obregón, Josefa Ortiz de Domínguez, Salto Eyipantla, El Pilón, Buenavista y Adalberto Tejeda, que esperan los dictámenes del TUA.

Sobre la entrega de las indemnizaciones del Fifonafe, Zamora González comentó que de los 138 millones de pesos de 1974 sólo se entregaron algunos fondos durante cinco administraciones de las autoridades ejidales, y en 1995 la institución informó a la Unión de Ejidos que entregaría montos de mil a 5 mil pesos a cada ejidatario; sin embargo, no presentó un informe desglosado del número de beneficiados y del total del dinero entregado.

En 2000 indicó que los ejidatarios ya no tenían derecho a ningún fondo porque la Unión de Ejidos se había gastado 41 millones de pesos en proyectos de beneficio social, y en 2003 refrendó que no había dinero, pues la organización se había gastado 100 millones de pesos. El año pasado las autoridades agrarias prometieron celebrar reuniones para evaluar el conflicto, mientras la Comisión Nacional del Agua -corresponsable de la reubicación de los indígenas- asentó que "el reclamo es cosa del pasado y ya prescribió".

"Para los afectados el asunto no ha prescrito porque la reubicación y los fracasos fueron actos de gobierno. Lo que pretende el gobierno actual es romper con un pacto social y eludir responsabilidades; hace 30 años se cometió un etnocidio contra la cultura chinanteca, actualmente lo que se está provocando es un derramamiento de sangre entre ejidatarios", acotó Zamora.

Aplaude Menchú el arreglo en los Chimalapas

Por otra parte, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, calificó de "triunfo de la sociedad civil" la solución pacífica al conflicto entre la colonia Cuauhtémoc y Santa María Chimalapa, Oaxaca.

En carta enviada al presidente Fox, la guatemalteca manifestó que el acuerdo "es un ejemplo para las comunidades que aún se encuentran enfrascadas en disputas que han durado décadas y que, sin un proceso negociador, continuarán sin resolverse".

El pasado 25 de febrero los indígenas zoques recibieron 12 mil 850 hectáreas que reclamaban como suyas desde 1957. Menchú puntualizó que todos los actores sociales y políticos en los conflictos tienen un papel fundamental en la búsqueda de solucionar los conflictos agrarios. El caso de Chimalapas -dijo- permitirá encarar con optimismo y decisión otros desafíos ineludibles. En Chimalapas subsiste un conflicto por resolver: la entrega de 80 mil hectáreas que también reclaman como suyas ganaderos de Chiapas.