.. | México D.F. Miércoles 3 de marzo de 2004
GDF: IR HASTA EL FONDO
Gustavo
Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal (GDF), realizó, en poco menos de dos años, 17 viajes
a Las Vegas, donde recibía el trato de cliente distinguido que se
reserva a los apostadores en grande. En uno de esos viajes se gastó,
en dos días, casi 20 mil pesos de propinas; adicionalmente, el año
pasado adquirió en una casa de cambio más de medio millón
de dólares. Tales actividades no constituyen, por sí mismas,
un delito, ni siquiera la prueba de un ilícito definido. Denotan,
en todo caso, cierta pobreza personal de miras y sugieren una tendencia
adictiva. Pero, en el caso de un funcionario público de primer nivel
de un país sumido en la recesión y la escasez de recursos
para la educación, la salud y la alimentación, los viajes
y los derroches de Ponce Meléndez son una manifestación de
insensibilidad, de indecencia y de nulo sentido republicano, así
como una deslealtad mayúscula hacia el equipo de gobierno del que
formaba parte hasta ayer en la mañana, equipo que pregona como valores
centrales la honestidad, la transparencia y la moderación en las
percepciones y en la forma de vida de sus integrantes.
Pero aun en el caso de que Ponce Meléndez pudiera
explicar satisfactoriamente su desmesurado tren de gastos, el que haya
rehusado a hacerlo y haya optado por esconderse refuerzan obligadamente
las sospechas en su contra y hacen pensar que el ex funcionario del gobierno
capitalino está efectivamente vinculado al fraude por 31 millones
de pesos en el que se ha involucrado a un subordinado suyo, Caetano Oliveira,
actualmente prófugo, así como a dos empleados de la delegación
Gustavo A. Madero.
El desmantelamiento y la investigación penal de
esa red de corrupción incrustada en el gobierno de la ciudad es,
en sí, un dato positivo. Pero la existencia de esa organización
delictiva y el posible involucramiento en ella del encargado de manejar
los recursos del GDF constituyen nuevos y graves golpes a la credibilidad
de las instituciones locales y nacionales y del conjunto de la clase política.
El nuevo escándalo contribuye, asimismo, a la degradación
de la vida republicana del país, de por sí afectada por revelaciones
sobre comportamientos ilícitos o indebidos de diversos protagonistas
políticos y gubernamentales.
Una constante deplorable en la cadena de escándalos
es que, ante la incapacidad de las instancias fiscalizadoras y de las instituciones
encargadas de procurar justicia, los medios informativos tienden a ser
utilizados, en forma cada vez más marcada, como descubridores
de posibles conductas delictivas de políticos y funcionarios. En
el golpeteo entre corrientes y partidos, así como entre facciones
de los institutos políticos, se recurre, con frecuencia creciente
y alarmante, al espionaje, a la grabación furtiva de videos comprometedores,
a la intercepción y grabación de conversaciones telefónicas
privadas y a la posterior filtración a los medios de esos materiales
despreciables.
Diríase que, en la perspectiva de corregir los
abusos y las malas prácticas del poder, resultan más eficientes
las revelaciones sensacionalistas que las contralorías y los instrumentos
institucionales de control de los empleados. Pero además es posible
percibir un trastocamiento de valores cívicos. La penosa exhibición
del aún presidente del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), Jorge Emilio González Martínez, buscando una "gratificación"
de 2 millones de dólares a cambio de obtener licencias para un complejo
turístico en Cancún no obedecía a ningún propósito
moralizante, sino a la ambición de quienes disputan al Niño
Verde las posiciones de poder y los subsidios de esa patente política.
Es obligado suponer que en la realización de los videos que muestran
al ex secretario de Finanzas del GDF apostando y gastando en Las Vegas
no subyace tanto un afán moralizador, cuanto la intención
de golpear a Andrés Manuel López Obrador y de minar sus posibilidades
como eventual aspirante a la Presidencia de al República.
Sea como fuere, la Procuraduría de Justicia capitalina
está obligada a llegar al fondo de la investigación de los
presuntos desviadores de recursos y de los posibles actos delictivos de
Ponce Meléndez; localizar a los prófugos y consignarlos,
en su caso, ante las autoridades judiciales, porque la corrupción
no puede permitirse en ninguna instancia de la administración pública.
Sería deseable, finalmente, que en la capital y los estados, así
como en las instancias federales, los municipios, y en el Legislativo y
el Judicial, los funcionarios públicos derrochadores, ostentosos
e insensibles -que los hay, y son legión- se vieran en el espejo
del ex secretario de Finanzas del GDF y se condujeran con mayor decoro
y responsabilidad.
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