Luis Linares Zapata

Limpiar lo común

La real medida de la democracia del país la dan las acciones ejecutadas por el ensamblaje institucional que se ha ido construyendo en México. Organismos como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son dos de las creaciones de última generación que dan testimonio de los progresos para llevar una vida colectiva regulada, en orden y, en lo que cabe, justa.

Así, las tropelías a la voluntad popular han sido trasquiladas de manera por demás efectiva. Las penalidades que afectan al PRI después de la multa de mil millones de pesos que se le impuso por el llamado Pemexgate se parecen a una piedra de molino que llevará al cuello durante dos años. Por primera vez en su historia los priístas se han visto obligados a competir en aceptable igualdad de condiciones con sus rivales políticos.

A los panistas todavía no los alcanzan los rigores presupuestales por el castigo determinado por el IFE, pero con seguridad padecerán similares restricciones cuando el TEPJF les dé la puntilla. No estarán solos: el Partido Verde de la familia González les hará compañía, con sus propias limitaciones, por su participación en el ya triste y famoso caso de los Amigos de Fox.

La temporada de rampantes agandalles de los recursos públicos, al menos en el ámbito federal, se acorta a pasos agigantados. Las maniobras para ocultar el financiamiento privado excesivo, o de origen indebido, van cediendo ante reglas y controles inesperados, pero saludables, que certifican el saneamiento de la competencia por el poder público. Aunque bien se sabe que todavía perviven bolsas de ilegalidad en algunos estados donde el caciquismo se resiste a desaparecer, la tendencia apunta hacia acciones de limpieza crecientes en esas lastimadas localidades.

Dos sucesos recientes están poniendo a prueba la vigencia institucional en el país. Cada uno con derivaciones que bien pueden ser ejemplares por sus impactos en el saneamiento de la vida pública. Uno se da en el ámbito partidario electoral. Lo configura con precisión la tentativa de soborno al llamado Niño Verde y la filmada presunción de tráfico de influencias que este personaje ofrece a cambio de 2 millones de dólares. El otro se desarrolla en el seno de la comunidad empresarial y afecta sus interrelaciones con las autoridades que tienen por obligación regular delicadas operaciones financieras. En este escándalo participa, de manera estelar, el señor Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca. Su socio Moisés Saba ya fue demandado por fraude civil, en tribunales estadunidenses, por alegadas manipulaciones accionarias. A su vez, Salinas Pliego posiblemente será acusado, según confiables reportes de The New York Times, por su participación en la compraventa de la deuda de Unefon, pues alegan que se afectó indebidamente a los accionistas minoritarios de Tv Azteca, televisora que posee 46 por ciento de esa telefónica.

Otro extenso artículo del The Wall Street Journal (27 de febrero) exhibe con meticuloso detalle una serie de operaciones de dudosa transparencia ejecutadas en años recientes por Salinas Pliego. Tal afluencia informativa en esos dos influyentes periódicos de Nueva York apunta hacia una malquerencia de las autoridades estadunidenses (SEC) encargadas de vigilar las transacciones financieras en la bolsa de valores de esa ciudad. Lo que no queda todavía claro es la participación que tendrán las autoridades mexicanas en este caso, a pesar de lo que suceda en el exterior. Pero, por lo pronto, el trato de la pareja presidencial al millonario empresario no se ha visto, al parecer, afectada en cualquiera de sus delicados ángulos.

Poco es lo que los mexicanos esperan de sus organizaciones y actores individuales, respecto a la punible actuación del Niño Verde. Es casi lugar común afirmar que no le sucederá nada a él ni tampoco al partido del que es propietario por vía hereditaria. El PRI, por mientras, ya dio color respecto a sus intenciones de continuar con las anunciadas alianzas con el PVEM y bloqueará cualquier intento de sanción en el Congreso. Los dirigentes del tricolor han decidido subordinar a los triunfos electorales el posible castigo que puede demandar el electorado. La sorpresa bien puede serle cara al Institucional, pues la afectación a la conciencia colectiva de los ciudadanos ha sido notable y, con seguridad aceptable, el deseo de cobrar facturas pendientes a los políticos será cargada a la engrosada cuenta negativa de los priístas. Poco logrará la incipiente tentativa de la Procuraduría General de la República para intervenir, sin denuncia previa, y determinar la existencia o no de factible delito de cohecho o tráfico de influencias.

Pero no todo está perdido. Posiblemente el TEPJF tendrá de nueva cuenta un papel destacado y el PVEM no saldrá ileso, a pesar de la tibieza del Consejo General del IFE para sancionar los antidemocráticos estatutos del Verde. Debió el IFE obligar a los verdes a nuevas elecciones internas mediante el cambio sustantivo de sus normas y procedimientos internos. Todo militante de un partido tiene inalienable derecho a elegir, sancionar o remover a sus dirigentes mediante los mecanismos establecidos para tal emergencia. Y en el PVEM, tal como están las cosas, no se tiene esa posibilidad. La sociedad quiere que sus partidos respondan por los cuantiosos recursos que se les aportan y el Verde es una dolorosa mancha a la mínima decencia y el decoro partidario.