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México D.F. Miércoles 3 de marzo de 2004

Carlos Martínez García

Sermón diplomático

En su doble carácter de jefe de Estado y cabeza de la Iglesia católica, el papa Juan Pablo II aprovechó la ceremonia de presentación de cartas credenciales del nuevo embajador de México ante el Vaticano, Javier Moctezuma Barragán, para criticar abiertamente el marco legal de nuestro país en lo tocante a las limitaciones y discriminaciones que, según Karol Wojtyla, padece la institución eclesiástica que él mismo dirige.

Curiosa ceremonia la que se llevó al cabo hace dos semanas en Roma. Para empezar, el Papa hizo una severa crítica a la que considera una "errónea concepción del principio de separación Iglesia-Estado y del carácter laico de este último", que intenta "reducir la religión a la esfera meramente privada del individuo, no reconociendo el derecho a enseñar una doctrina religiosa y a emitir juicios morales sobre asuntos que afectan al orden social cuando lo exijan los derechos humanos de la persona o el bien espiritual de los fieles".

En primer lugar hay que señalar ese afán excluyente del Papa, ya que solamente se refirió a la separación entre la Iglesia (en singular) y el Estado. En México existen múltiples Iglesias, asociaciones religiosas de acuerdo con la ley respectiva, realidad que habla de una sociedad diversa que vive un intenso proceso de pluralización religiosa.

Por otra parte, no está de más subrayar que en la simbiosis político-teocrática, que es el Estado Vaticano, su máximo líder se ponga a dar lecciones de ciencia política sobre la separación de una institución eclesial en particular y el Estado mexicano; dejando de lado un hecho que no por aceptado en la comunidad internacional es, en realidad, una contradicción si se le juzga de acuerdo con principios evangélicos (en consonancia con Los Evangelios): nos referimos a la naturaleza eclesial-política del Estado Vaticano.

Ante un embajador que lo escuchaba atentamente, el Papa siguió con su discurso-sermón, que era a la vez pieza oratoria que reflejaba los intereses diplomático-teológicos del Estado-Iglesia que se adjudica toda autoridad para en una ceremonia protocolaria hacer incisivas observaciones sobre el marco legal de otro Estado.

Juan Pablo II refirió que la Iglesia católica vive en la nación mexicana restricciones que le impiden desarrollar su trabajo con plena libertad. Uno de esos impedimentos es que no pueda impartirse educación religiosa en las escuelas públicas. Al reclamar cambios en nuestra legislación "la Iglesia no pide privilegios ni quiere ocupar ámbitos que no le son propios, sino que desea cumplir su misión en favor del bien espiritual del pueblo mexicano sin trabas ni impedimentos. Para ello es preciso que las instituciones del Estado garanticen la libertad religiosa de las personas y los grupos evitando toda forma de intolerancia o discriminación".

El problema de la Iglesia católica con las sociedades contemporáneas es, precisamente, que esa institución tiene una idea falsa de los ámbitos que le son propios. La jerarquía católico-romana, con el Papa al frente, entiende que el Estado debe garantizarle determinadas condiciones favorables para que exista lo que esa cúpula clerical entiende por libertad religiosa. Garantizar en realidad es, desde la óptica vaticana, facilitar con todo tipo de recursos, y hasta subsidiar, con estructuras y fondos públicos, la misión particular de la Iglesia católica.

Nacida al amparo del poder imperial romano, a la institución eclesiástica se le sigue dificultando, después de tantos siglos, aprender a propagarse mediante sus propias fuerzas. Como en los medios que le son naturales la Iglesia católica no logra la influencia ético doctrinal que quisiera alcanzar entre sus feligreses -teóricamente 85 por ciento de la población mexicana-, entonces busca por todas partes cómo hacerse de apoyos que repliquen las tareas eclesiales.

Para la Iglesia católica son insuficientes los espacios que le son propios para alcanzar a los remisos ciudadanos que, siendo nominalmente católicos, rehuyen la indoctrinación y mantienen autonomía ética de las enseñanzas de la Iglesia a la que supuestamente pertenecen. Los espacios no son insuficientes, más bien los clérigos son incapaces para atraer a la feligresía, y ésta ha decidido que puede vivir su fe católica con independencia de aquéllos.

La cuestión es que la jerarquía busca hacer urgencia nacional un problema que preponderantemente le atañe a ella, y en el camino busca culpabilizar a las instituciones de un Estado laico que debe mantener los espacios públicos libres de dominios particulares. Todo esto aprovechando una ceremonia de recepción del nuevo embajador mexicano, que guardó silencio frente a las críticas papales.

La libertad reclamada hacia afuera, que en realidad tiene, pero sujeta a límites necesarios en una sociedad plural y de régimen laico, es negada por la Iglesia católica hacia adentro y a los feligreses no les queda más que guardar las directrices de la jerarquía. Este modelo es uno de los principales factores que sigue debilitando a la Iglesia católica: ella misma ahuyenta a los feligreses que dice buscar afanosamente.

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