Eran favorecidas con contratos para la realización de diversas obras en la ciudad

En el fraude contra el GDF, red de complicidades con Grupo Quart

El ilícito va más allá de los más de 31 millones de pesos reportados en la GAM En Alvaro Obregón y Tláhuac se tienen detectados convenios multianuales por $180 millones y $270 millones

DE LA REDACCION

En el fraude de más de 31 millones de pesos que se perpetró en la delegación Gustavo A. Madero, y en el que podría estar implicado el ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, están involucradas seis firmas ligadas al consorcio Quart del empresario Carlos Agustín Ahumada Kurtz, de acuerdo con documentos que obran en poder de este diario.

La historia es la siguiente: las empresas Centro Decorativo Nicte-há; Ingeniería, Diseño y Construcción Banda; Jori Construcciones; D'Regil Creaciones; Promotora y Constructora El Naranjo, y Arquitectura y Construcción Pachocán cobraron el 20 de enero, sin contrato de por medio y por obra que nunca se realizó, 31 millones 332 mil pesos.

Con destreza inusitada, gestores de la delegación Gustavo A. Madero, donde supuestamente se habían realizado trabajos de desazolve en la red secundaria de drenaje, lograron que en poco tiempo -apenas unos días- uno de los directores de la Dirección General de Egresos, Administración y Gobierno de la Subsecretaría de Egresos, Alierso Caetano de Oliveira Contreras, aprobara la tramitación de 18 cuentas por liquidar certificadas (CLC, equivalentes a órdenes de pago) por el monto antes mencionado.

Ese mismo día, los representantes de las empresas favorecidas depositaron en sus cuentas los cheques de pago y de inmediato trasladaron alrededor de 29 millones de pesos a la cuenta de la empresa Pagoza Urbanizadores y Constructores, cuyo administrador único es Antonio Martínez Ocampo, quien junto con su hermano Héctor, aparece como apoderado y socio de distintas compañías pertenecientes al grupo de Ahumada Kurtz.

Desde 1999, año en que Rosario Robles asumió como interina la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, se consolidó esa red de empresas de la construcción, mismas que, en complicidad con funcionarios incrustados en diversas delegaciones y en la propia Secretaría de Finanzas, obtuvieron contratos para la realización de diversas obras en la capital.

Y la red siguió funcionando. Tanto, que en las delegaciones Alvaro Obregón y Tláhuac se tienen detectados contratos multianuales por 180 millones y 270 millones de pesos, respectivamente -obligan a los delegados que asumieron su gestión en diciembre de 2003, sin que hayan tenido nada que ver en el asunto-, que fueron pactados en 2002.

José Elías Rodríguez Razo fue quien se encargó de firmar los cheques de depósito para Pagoza, con el dinero que la GAM entregó a cuatro de las empresas (entre ellas Jori Construcciones S de RL de CV). Este operador financiero fue detenido anoche, mientras sobre Antonio Martínez Ocampo pesa una orden de aprehensión, revelaron fuentes cercanas a la investigación.

Los pagos fueron tramitados por Luis Salazar Cano y María Martha Delgado Arroyo, quienes hasta el 27 de enero pasado, cuando se presentó la denuncia penal ante la PGJDF, fungían como director de Recursos Financieros y subdirectora de Planeación, Programación y Presupuesto de la demarcación, pero autorizados por la Secretaría de Finanzas. Octavio Flores Millán, titular de la Gustavo A. Madero, admitió que él aprobó la contratación de los dos ex funcionarios, quienes ahora son buscados por la PGJDF.

Estos contratos, sujetos a revisión, culminarían hasta noviembre de 2005. En el caso de estas delegaciones, entre las empresas contratadas se encuentran otra vez Pagoza y Quart, así como Falcón y Cascata, también vinculadas a Ahumada Kurtz por medio de los mismos hermanos Martínez Ocampo y de Nicolás Sánchez Leoncio, quien en los documentos que tiene La Jornada figura como apoderado tanto de Cascata como de Falcón.

Muchos de los nombres de los socios, apoderados y representantes se repiten en las actas constitutivas de las empresas mencionadas y todas conducen a Quart. En unas son socios, en otras comisarios, apoderados legales, administradores únicos y en algunas más miembros de los consejos de administración. En varias ocupan diversos cargos.

Esto podría no resultar extraño. Pero hay un común denominador: los contratos multianuales no se justifican y las obras pactadas están siendo auditadas porque se tiene la presunción de que se entregan mal, o simple y sencillamente no existen.

Otro de los documentos obtenidos arroja un dato más en común: las actas constitutivas de cuatro de las compañías involucradas en el presunto fraude, Jori, Nicte-há, D'Regil y El Naranjo, fueron protocolizadas en Mérida, Yucatán.

Empresas fantasmas o pantallas

Las empresas pantallas que cobraron el dinero, para luego enviarlo a la cuenta de Pagoza, registran domicilios y teléfonos que no existen o no corresponden a la razón social.

Unicamente dos de las seis empresas involucradas en el fraude de más de casi 32 millones de pesos denunciado por la delegación Gustavo A. Madero aparecen en el registro de proveedores y contratistas de Compranet, página electrónica donde se difunden las licitaciones para servicios y obras públicas de los gobiernos federal y estatales.

Se trata de Promotora y Constructora El Naranjo y de Jori Construcciones, pero entre sus datos aparecen números teléfonos inexistentes, de domicilios particulares, compañías distintas e incluso uno de ellos remite a la delegación Alvaro Obregón.

Es el caso de la empresa El Naranjo, cuyo teléfono, 5272 5555, extensión 2152 (aunque actualmente cambió a 6737, según personal de la delegación), pertenece a la Unidad de Contratos y Estimación de la Alvaro Obregón. Dedicada a la "construcción de casas, bienes raíces e inmuebles, edificios, carreteras, calles y pozos", esta empresa proporciona otro teléfono, el 5613 7886, que nunca fue contestado, y dos domicilios, uno en Iztapalapa y otro en Cuajimalpa, pero uno es una casa deshabitada.

La otra empresa registrada en Compranet es Jori Construcciones, que proporciona cuatro números telefónicos: uno no existe, dos corresponden a casas particulares y el último es de la empresa constructora Afán Empresarial.

Jori Construcciones tiene tres domicilios en la calle de Morena, en la colonia Del Valle: uno en el número 226, que no existe; otro en el 228, despacho 302, donde en realidad se ubica el giro Sic, Tecnología Plástico; la otra dirección es en el mismo número, pero en el despacho 403.

En Compranet nada se encontró en el registro de proveedores sobre las otras cuatro empresas, pero este diario investigó que la empresa Pachocán se encuentra en Guanacastle 313, camino Villa del Alamo, Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo. El inmueble existe, pero también está deshabitado.

D'Regil presenta un domicilio en la calle de La Otra Banda, en San Angel, cuyo número se omite por tratarse de una casa particular, lo mismo que los teléfonos, pero en la Gaceta del GDF se descubrió que en abril de 2002 obtuvo un contrato por un millón 788 mil pesos, por obras de conservación y mantenimiento para 10 módulos deportivos.

En torno a Decorativo Nicte-há nadie responde en el despacho que dice tener en las calles de Doctor Vértiz, en la colonia Narvarte, y los teléfonos y el fax registrado corresponden a una empresa que se llama Consorcio Empresarial.

La otra empresa registrada en Compranet es Jori Construcciones, que proporciona cuatro números telefónicos: uno no existe, dos corresponden a casas particulares y el último es de la empresa constructora Afán Empresarial.

Pese a todo, estas empresas pudieron cobrar contratos de entre 5 millones 115 mil pesos y 5 millones 291 mil pesos cada una. No hubo papeles de por medio y tampoco obra. Por eso, en el libro de registro de obras de la Madero no aparecía ninguna. Esto fue lo que puso en alerta a las autoridades una vez que se percataron de la "extraña forma" en que fueron tramitados las CLC.

Otras delegaciones

La red llegó a otras demarcaciones y ayer en la tarde el procurador Bernardo Bátiz admitió que la investigación se extiende: "Estamos investigando otras (delegaciones) pero no tengo todavía el número... Hasta ahorita son Gustavo A. Madero, Tláhuac y Alvaro Obregón", dijo al término de una reunión que sostuvo con el Club Rotario.

Cuatro de las empresas investigadas también fueron contratadas por la delegación Alvaro Obregón, durante la administración de Luis Eduardo Zuno, pero con excepción de Jori Construcciones el resto (Arquitectura y Construcciones Pachocán, Ingeniería y Diseño Banda, Promotora y Constructora El Naranjo) cumplió en tiempo y forma con las especificaciones de los trabajos requeridos.

De hecho, Jori mantiene actualmente un litigio con las actuales autoridades de Alvaro Obregón porque estaba a cargo de la ejecución de obras de ampliación y construcción de las oficinas de la Dirección Jurídica y de Protección Civil, pero las dejó inconclusas y devolvió parte de los recursos que le fueron asignados.

En Tláhuac, la jefa delegacional, Fátima Mena Ortega, aseguró que no se ha detectado ninguna irregularidad en las obras realizadas durante su administración o la de su antecesor, Francisco Martínez Rojo, y se mostró sorprendida de las declaraciones del procurador, pero manifestó su disposición a colaborar en cualquier investigación. Al preguntarle si alguna de las empresas involucradas en el fraude de la GAM ha tenido contratos en Tláhuac, la delegada comentó que ninguna le parecía conocida, "no me suenan", dijo en entrevista telefónica.

Sin embargo, después de conocer el presunto desvío de recursos destinados a obras que podrían involucrar a la jurisdicción, el diputado federal Gilberto Ensástiga señaló que la Secretaría de Finanzas tendrá que explicar los motivos del rezago en infraestructura urbana.

Manifestó que hay tres proyectos importantes que no se han realizado: la instalación de los recolectores de agua, las plantas potabilizadoras y el mantenimiento a la planta de tratamiento para el campo, todos considerados en el presupuesto del año pasado y de los que tenía conocimiento Gustavo Ponce. Diputados locales del PRD de Gustavo A. Madero y Tláhuac afirmaron que se debe investigar si hubo o hay una "red de corrupción" que va de la Secretaría de Finanzas a algunas delegaciones.

El legislador Andrés Lozano, ex funcionario de esta demarcación, admitió que existe la posibilidad de que haya colusión entre funcionarios del GDF y delegacionales. "En todos los casos se requiere directa, quien autoriza es la secretaría de Finanzas. Debe esclarecerse quién o quiénes dieron el visto bueno a estos contratos y los pagos a estas empresas sin que hubieran concluido las obras". En el mismo sentido se manifestó el diputado de Tláhuac Juventino Rodríguez, quien advirtió que detrás de esto no sólo está Ponce, "hay que rascarle bien, debe haber otros funcionarios de la Secretaría de Finanzas involucrados".

Todas estas operaciones no se habrían realizado si no se contara con la complicidad de funcionarios del más alto nivel de la SF del Gobierno del DF.