El atentado cometido ayer en contra del gobernador de Oaxaca, José Murat, constituye un grave indicador del estado de crispación en el que se encuentra el país. El ataque contra el vehículo del mandatario oaxaqueño -realizado con rifles de alto poder- es un acto delictivo por completo condenable que debe ser investigado y esclarecido con rapidez y a cabalidad, y cuyos responsables -por ahora desconocidos- deben ser sancionados conforme a derecho. Si bien Murat resultó, por fortuna, sólo ligeramente lesionado -golpes y escoriaciones leves, sin herida alguna por arma de fuego-, dos agentes de seguridad sí resultaron seriamente afectados y uno de ellos se encuentra en estado de coma. Por ende, el saldo de esta agresión no debe minimizarse, en el entendido de que el atentado de ayer es un síntoma de la posible existencia de individuos o grupos decididos a utilizar la intimidación y la violencia más descarnadas para conmocionar a la sociedad y golpear a las figuras políticas del país.

Ciertamente, se desconocen hasta el momento la identidad y las motivaciones de los autores del ataque contra Murat, aunque el propio gobernador ha señalado vagamente a "las mafias con los caciques" o a "áreas de inteligencia" como los presuntos responsables del ataque. Tales afirmaciones resultan graves, por lo que el mandatario oaxaqueño debería emitir una clarificación sobre el particular. ¿Con qué datos cuenta para señalar responsables de forma anticipada, cuando las investigaciones judiciales apenas comienzan? ¿Qué terribles cuentas querrían cobrarle sus supuestos enemigos al grado de pretender su eliminación física? Si las afirmaciones de Murat tuviesen algún fundamento, revelarían que México se encuentra en un peligroso y perturbador escenario de barbarie política -tal como sucedió hace casi 10 años en el contexto de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu-, que pondría en riesgo la institucionalidad republicana y la democracia nacional.

Pero al margen de tales aseveraciones, es claro que en el país tiene lugar una indeseable escalada de enfrentamientos y escándalos que enturbia la convivencia partidista y el necesario diálogo político, y que coloca a la ciudadanía en un estado de confusión, malestar e incertidumbre. El atentado contra Murat, así, representa una señal de alerta que debe suscitar, de manera urgente y definitiva, la suspensión de toda forma de estridencia discursiva y de confrontación entre los diversos actores políticos del país, los cuales deben limitarse estrictamente a los mecanismos institucionales, jurídicos, cívicos y democráticos para dirimir respetuosamente sus diferencias y rivalidades, máxime cuando en los próximos meses tendrán lugar procesos electorales para renovar las gubernaturas de 10 entidades de la República.

De igual forma, y sin presuponer intencionalidades vinculadas al atentado de ayer, el solo hecho de que un gobernador haya sido víctima de una balacera a plena luz del día, y en un espacio público, constituye una prueba más de que la actividad criminal sigue sin control y de que nadie se encuentra a salvo. Por ello, cabe exigir que, de una buena vez, las autoridades de todos los niveles de gobierno cumplan con su obligación de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de los mexicanos, y emprendan un combate frontal contra la delincuencia y la inseguridad, siempre con estricto apego a derecho y sin conceder margen alguno a la impunidad y a la corrupción.