Esta semana, en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pondrá a votación una resolución de condena al gobierno cubano por su desempeño en la materia. Año con año Estados Unidos -que oficialmente no forma parte de la CDH- ha presentado mediante gobiernos dóciles -Uruguay, Costa Rica y, en esta ocasión, Honduras- proyectos de resolución que buscan aislar y desprestigiar a las autoridades de la isla, así como dar justificación a las permanentes agresiones económicas, políticas y diplomáticas de Wa-shington contra La Habana.

La comisión, por las autoridades cubanas, de graves violaciones a los derechos humanos es un hecho indiscutible y sin duda condenable. Al quebranto regular y sistemático de las libertades de reunión y expresión y a la conculcación de los derechos políticos de los ciudadanos por el gobierno deben agregarse las ejecuciones esporádicas, pero no por ello menos repugnantes, de reos comunes.

Sin embargo, en el mundo de hoy, el régimen castrista dista mucho de ser el ejemplo máximo de violaciones a los derechos humanos, como pretenden presentarlo Estados Unidos y sus prestanombres diplomáticos. Algunos de los más estrechos aliados políticos y militares de Washington, como Pakistán, Turquía, Arabia Saudita e Israel, así como algunos de sus socios comerciales, como China, cometen contra sus ciudadanos atrocidades infinitamente más graves, mucho más abundantes y frecuentes, que las que tienen lugar en la acosada isla caribeña.

En el propio territorio estadunidense se cometen, de manera sistemática, severos agravios contra las libertades, las garantías y los derechos fundamentales; el estado de Texas, por sí mismo, somete a la pena de muerte a muchos más prisioneros que Cuba; por lo demás, las invasiones, ocupaciones y arrasamientos angloestadunidenses de Afganistán e Irak han dado lugar no sólo a graves violaciones de los derechos humanos, sino también a crímenes de guerra de los que puede ser botón de muestra el asesinato, en estos días, de cientos de habitantes inocentes de la ciudad de Fallujah, incluidos niños, ancianos y mujeres.

Otros gobiernos que se presentan en la arena internacional con credenciales de democracias impolutas y humanitarias, como el español, practican la tortura de manera más que esporádica, según el más reciente informe de Amnistía Internacional (AI), y conculcan los derechos de asociación y libre expresión de sus minorías nacionales.

Pero la CDH no ha emitido, ni se propone emitir, una resolución de condena contra Washington, contra Londres, contra Madrid, contra Riad o contra Islamabad. En 2001 las censuras se limitaron, además de Cuba, a Israel y la Palestina ocupada, el Afganistán de los talibanes, Irak, Mianmar, Irán, Sudán, Congo, Sierra Leona, Burundi y "algunas partes de Europa sudoriental".

La lista de condenados fue la misma el año siguiente, en tanto que en 2003 las resoluciones fueron dedicadas a Corea del Norte, Turkmenistán, Mianmar, Bielorrusia, Congo, Burundi y Cuba. Esa instancia de la ONU carece, en consecuencia, de un rasero común para juzgar a los países, así como de equidad y de equilibrio. En tales circunstancias, la condena a Cuba que Washington gestiona y presiona este año no demuestra una genuina preocupación por los derechos fundamentales de los cubanos, sino equivale a fortalecer la doble moral, la hipocresía y la distorsión unilateralista en los organismos internacionales.

En esta perspectiva, sería trágico que el gobierno mexicano repitiera el dislate cometido durante el nefasto paso de Jorge Castañeda Gutman por la titularidad de la Cancillería, cuando se unció la diplomacia mexicana a los intereses de Washington y se votó, en ese contexto, una resolución presentada por Uruguay -y auspiciada por el gobierno de George W. Bush- que exigía a la isla aceptar la visita de una misión de observadores de la CDH.

En el mundo interconectado e interdependiente de hoy en día, la situación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo -incluida Cuba, por supuesto- es un legítimo e irrenunciable tema de interés, preocupación y crítica para todas las sociedades. Si la CDH de la ONU fuera justa en sus resoluciones, y si en ellas se pidiera la presencia de relatores de derechos humanos en Cuba, en Estados Unidos, en España y en el Irak ocupado, por ejemplo, sería procedente votar en favor de tales medidas. Pero en los términos y en el contexto en que se presentan, las resoluciones contra el gobierno de La Habana son un inadmisible ejercicio de simulación e hipocresía.