Se pretende implantar un modelo estadunidense, dicen

Advierten senadores que no habrá reforma al vapor del sistema judicial

ANDREA BECERRIL

La bancada del PRI en el Senado dejó ayer muy claro ante un representante de la Presidencia de la República que no se dejará presionar para aprobar "al vapor" o "sobre las rodillas" el paquete de reformas estructurales al sistema de justicia mexicano, y exigieron que se aclare a la opinión pública el contenido real de esa propuesta, que intenta copiar el modelo estadunidense.

El senador Manuel Bartlett advirtió que no puede plantearse un periodo extraordinario de sesiones para discutir esa reforma mientras no haya dictámenes, y que "no se vale que el presidente Vicente Fox trate de endosarle al Congreso la responsabilidad" al asegurar que su paquete legislativo solucionará el problema de la inseguridad, cuando ello no es cierto.

Preocupa "que se quiera implantar un sistema hollywoodense, en donde todo mundo pueda, desde una silla, hacer sus propios juicios e influir de manera directa sobre los juzgadores", advirtió la senadora Martha Tamayo, mientras Laura Alicia Garza Galindo resaltó que todo indica que la propuesta de Fox obedece a dictados del Tratado de Libre Comercio (TLC) que México signó con Estados Unidos y Canadá.

Durante más de cuatro horas, senadores del PRI, entre ellos quienes encabezan las comisiones dictaminadoras de la propuesta de Fox, como Bartlett y Antonio García Torres, discutieron con el jefe de la Unidad para Proyectos de Innovación de la Presidencia de la República, Bernardo María Olea, el proyecto legislativo foxista y le expresaron sus puntos de vista acerca de las inconsistencias y riesgos que conlleva.

De entrada, Bartlett Díaz advirtió que se trata de un tema de gran sensibilidad, ya que pretende cambiar por completo el sistema penal mexicano, en torno del cual giran los valores fundamentales de la libertad y la defensa del patrimonio de los ciudadanos. "Es un tema que no se puede tratar con ligereza ni frivolidad o ser sometido a presión".

Su compañero, Antonio García Torres, precisó que en la fracción del PRI se formaron seis grupos de trabajo que desde marzo analizan ese proyecto, que incluye 22 reformas constitucionales y 14 modificaciones a leyes y códigos secundarios, además de nuevas normas.

César Camacho Quiroz advirtió que un cambio de denominación poco ayuda, ya que llamar a la Secretaría de Seguridad Pública en adelante Secretaría del Interior "genera más confusiones que soluciones", y quitar a la Procuraduría General de la República ese nombre para denominarla Fiscalía General "va también a contrapelo de la tradición jurídica mexicana".

Héctor Michel Camarena cuestionó que se pretenda quitarle valor a las diligencias del Ministerio Público, y alertó que podría incluso retrocederse en lugar de avanzar en el combate al crimen organizado.

Igualmente, Dulce María Sauri señaló lo "enormemente peligroso que es una excesiva concentración de poderes" en lo que se pretende que sea la Secretaría del Interior, y en general una visión que pretende equiparar "lo que vemos en muchas series policiacas de televisión estadunidense con lo que sucede en la realidad del país".

En respuesta, el funcionario rechazó que la intención hubiera sido adaptar el sistema jurídico mexicano con normas del TLC.