El vasto despliegue policial realizado ayer en nueve entidades del centro del país, y en el curso del cual se realizaron más de 150 detenciones de dudoso apego a la legalidad y a las garantías constitucionales, difícilmente puede considerarse una respuesta eficaz a la crisis de seguridad pública que afecta a la sociedad en su conjunto.

La espectacular concentración de cientos de patrullas con las torretas encendidas en torno al Monumento a la Revolución, en el acto en que se dio el banderazo de salida para la movilización de fuerzas de seguridad federales y locales de Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Morelos, estado de México, Hidalgo, Guerrero y el Distrito Federal, pudo ser un gran regalo para las cámaras televisivas y hasta un relajante de efecto inmediato, pero fugaz, para los más crédulos de entre los incontables ciudadanos que viven en la zozobra a causa de la beligerancia criminal. Parece dudoso, en cambio, que el megaoperativo haya sido un factor de disuasión para una delincuencia cuyos detonantes principales no son precisamente la escasez de vigilancia ni la poca visibilidad de las corporaciones policiales, sino la corrupción e infiltración de éstas, por una parte y, por la otra, la persistente crisis económicas con sus secuelas de desempleo, marginación y descomposición social y familiar.

Los retenes y puntos de revisión establecidos al amparo del Comando Regional contra la Delincuencia, lejos de consolidar la vigencia de la legalidad, la socavan, toda vez que constituyen, en casi todas las circunstancias, atropellos al precepto constitucional que establece la prohibición de afectar a los ciudadanos "en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".

Las autoridades que participan en esta movilización policial parecieran dispuestas a sustituir la condición de flagrancia por el estatuto de sospecha. En los próximos días podrá verse, en efecto, qué porcentaje de los 156 detenidos -96 de ellos en el Distrito Federal- serán liberados por falta de pruebas y porque su arresto resultó injustificado. En contraste, las capturas fundadas de verdaderos delincuentes que se haya realizado en la cosecha policial de ayer y en los días siguientes no pueden justificar, de manera alguna, la generalización del atropello policial. Se habrá logrado, así, dar una vuelta de tuerca adicional al descrédito y la desconfianza que imperan en la ciudadanía hacia los cuerpos de seguridad pública.

Para resolver el grave desafío de la delincuencia se requiere de estrategias de reactivación económica de mediano plazo y de una política social de Estado que trascienda el deplorable y mojigato asistencialismo al que se encuentra reducido el accionar gubernamental en este terreno; es decir, es necesario reconstruir las desmanteladas instituciones de servicio y solidaridad social y el sistema educativo. Es pertinente retomar, al respecto, el señalamiento formulado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, quien dijo antier que la inseguridad en el país "es el reflejo de que no todos los mexicanos cuentan con viviendas dignas o con una fuente de empleo que les permita hacer frente a las necesidades elementales de cada persona", y que la delincuencia no podrá abatirse en tanto las autoridades sigan pensando que es necesario combatirla -y castigarla con penas más severas-- en vez de prevenirla.

La acción policial es necesaria en lo inmediato, sin duda, pero ésta no podrá ser más eficiente que la delincuencia si no se hace acopio de voluntad política para depurar a fondo los cuerpos de prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia, y si los palos de ciego -que no son otra cosa los retenes- no son remplazados por un verdadero trabajo de inteligencia policial.

Parece razonable suponer, por último, que la convergencia de voluntades propagandísticas entre el gobierno federal y las autoridades estatales priístas, panistas y perredistas que hizo posible la realización de este despliegue será más efímera que las raíces reales -sociales y económicas-- de la criminalidad. Por eso, con toda la razón, muchos ciudadanos vieron en el operativo iniciado ayer "una llamarada de petate" que, para colmo, pudo haber dado lugar a infracciones inaceptables de las garantías individuales. Al tiempo.