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México D.F. Martes 28 de septiembre de 2004

Panorama que vislumbra el Episcopado

Transición incompleta y democracia ineficaz

ENRIQUE MENDEZ

El presidente del Departamento de Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Abelardo Alvarado, cuestionó hoy que México vive una transición incompleta, con una democracia ineficaz y el debilitamiento de la institución presidencial por las cambiantes orientaciones de rumbo del Ejecutivo y la falta de respeto a la autoridad presidencial. Considera que el gobierno se quedó entrampado, sin poderse desempeñar a plenitud en el nuevo contexto.

''Particularmente ante un Congreso de la Unión en el que ningún partido tiene mayoría, y no ha podido negociar con la oposición'', lamentó.

Al presentar la posición de la Iglesia católica en las audiencias públicas Gobernabilidad democrática: Ƒqué reforma?, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de México también señaló que hay un inmovilismo legislativo, inflexible e indispuesto a los consensos para conseguir las reformas estructurales, una deficiente coordinación de las acciones de gobierno y una participación de los medios de comunicación que agrava el panorama negativo de la vida nacional, porque pareciera que son los que definen la agenda política, los tiempos y las prioridades.

La percepción de la situación actual del país, dijo el prelado, es que la política sufre un desprestigio con liderazgos débiles, fracturas y crisis de los partidos, así como falta de credibilidad en las instituciones gubernamentales. ''Este panorama negativo de la vida nacional se resume diciendo que hay una gran desilusión ciudadana, que se traduce en nostalgia por nuestro pasado autoritario y en la tentación de optar por un gobierno diferente, que no sea más de lo mismo.''

Sostuvo que después de la alternancia, en 2000, se pensó que la transición de un presidencialismo autoritario a una democracia representativa y participativa se llevaría a cabo de una manera segura y sin sobresaltos.

Si bien se lograron avances en normas claras y equitativas para acceder al poder y existe la impresión de una mayor autonomía, independencia y separación de los poderes, no se ha encontrado el diseño de un nuevo sistema de gobierno, afirmó. ''Se quisieron desechar las viejas formas, pero no se han acabado de encontrar otras nuevas'', resaltó.

También, y sobre las reformas que se requieren para concretar la necesaria gobernabilidad democrática del país, planteó de inicio que ambos conceptos, gobernabilidad y democracia, no necesariamente coinciden.

''Hablar de gobernabilidad es hablar fundamentalmente de eficacia y estabilidad, de conducción política certera; saber procesar las demandas de los ciudadanos, dándoles respuestas adecuadas; conciliar intereses de grupo, mediante acuerdos explícitos más satisfactorios para las mayorías, evitando los conflictos. También requiere la disponibilidad de los ciudadanos para transitar por los caminos de la legalidad'', señaló.

El también vocal de la Pastoral de Comunicación Social del Episcopado señaló que a su vez la democracia requiere de elementos como elecciones libres y apegadas a la ley, respeto a las libertades básicas de los ciudadanos, observancia del estado de derecho e instituciones que favorezcan y aseguren que la toma de decisiones se rija por el principio de mayoría.

Sin embargo, no se ha logrado que México sea un país democrático y la democracia es inoperante; no ofrece resultados porque ''de nada sirven elecciones libres, competitivas y legales si luego somos incapaces de impulsar los cambios que requiere el país''.

Alvarado Alcántara pasó lista de los elementos ''urgentes de una auténtica reforma del Estado'': establecer una política pública para la promoción de la cultura cívica; el respeto a la ley; concentrar (en una sola fecha) los procesos electorales para evitar el desgaste de la política en campañas permanentes; reducir tiempos y costos de campaña; fijar condiciones más estrictas para la creación de nuevos partidos y evitar la fragmentación del voto, así como revisar los montos del financiamiento público a los partidos.

Además permitir la relección de diputados federales y locales, así como de presidentes municipales; rendimiento de cuentas de la actividad legislativa, y suprimir las diputaciones plurinominales para que sólo hayan 300 diputados de mayoría.

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