Solicita además reporte sobre 50 casos de desacato de funcionarios federales

La ALDF pide a la Corte información sobre el encuentro entre Fox y Azuela

Sin transparencia seguirá deteriorándose la imagen de la justicia: Hernández Raigosa

RAUL LLANOS Y BERTHA TERESA RAMIREZ

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alfredo Hernández Raigosa, entregó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el punto de acuerdo aprobado por el pleno de los diputados locales para que esa instancia informe de los resultados que se tuvieron en el encuentro sostenido por el titular del máximo tribunal, Mariano Azuela, con el presidente Vicente Fox y el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha.

Acompañado de medio centenar de personas, el también vicecoordinador de la bancada perredista expresó que a la par se solicitó al ministro Azuela que entregue a la ALDF la información relacionada con los 50 casos de desacato en que han incurrido instituciones federales y locales, que este mismo servidor público ha citado ante la opinión pública. Hernández Raigosa expresó que de no transparentar aquella reunión de abril pasado entonces "seguirá deteriorándose la imagen de la Corte y de la justicia de este país".

Por su parte, la consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Estela Ríos, señaló que en virtud de que las pruebas que rechazó la sección instructora de la Cámara de Diputados que analiza el juicio de procedencia contra Andrés Manuel López Obrador son elementos que forman parte del procedimiento, la consejería valora la posibilidad de impugnar la resolución de los legisladores.

Dijo el jefe de Gobierno tiene muy claro que en este caso prevalecen las condiciones de tipo político y entonces tendrá que resolverse el caso en ese terreno, "porque si quienes aplican la ley son los jueces y es la Procuraduría General de la República la que decide lo que es la ley, resulta a veces hasta inútil impugnarlo, porque de todas maneras los jueces van a actuar de manera parcial".

Por otra parte, señaló que en estos días vence el plazo para que la defensa de López Obrador en este caso nombre al perito que se encargará de revisar cuáles eran las condiciones en que se encontraba el predio El Encino al concederse la suspensión definitiva.

Consideró que esas pruebas son innecesarias, porque en las constancias de autos "queda muy claro" que jamás hubo violación de la suspensión, sino que "lo que existió fue una modificación de los términos de ésta, cuando en un primer momento lo que declaran es que no se obstaculicen los accesos al predio y que se paralicen las obras sobre la parte expropiada de los accesos. Eso se cumplió; lo que pasa es que el segundo juez modificó la resolución y ordenó que se paralizaran todas las obras".

Ríos añadió que es evidente que hubo una acción parcial del juez cuando decide modificar la suspensión.

Informó que la parte acusadora también presentará un peritaje sobre las condiciones del predio, y si hubiera discordancia la sección instructora tendrá que nombrar un tercer perito.