Eduardo R. Huchim

Una resolución en suspenso

Anteayer se sumó al caso Medina-Abraham una singularidad más en la larga lista de peculiaridades que lo han acompañado a lo largo de ocho años: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debía decidir si el supremo tribunal atraía o no el caso, como se lo había solicitado el primer tribunal colegiado del decimocuarto circuito con sede en Yucatán, pero no pudo hacerlo porque se dio un empate a dos votos y el asunto hubo de ser pospuesto para cuando la mencionada sala esté debidamente integrada, ya que actualmente no lo está debido a la muerte de uno de sus miembros.

Como saben los lectores de La Jornada, el 15 de noviembre de 1995 Flora Ileana Abraham Mafud murió de un tiro al corazón, que ella misma se disparó, según sostiene su esposo Armando Medina Millet, y que fue producido por éste, según afirma la familia Abraham, que denunció por homicidio al marido, quien por tal cargo purga una sentencia de 20 años en el reclusorio de Mérida.

El mencionado caso ha polarizado a la sociedad yucateca (entre quienes aceptan la versión del suicidio y quienes lo hacen con la del homicidio), ha sumido a su clase política en un conflicto que ha enfrentado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y tiene a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sumidos en un juicio político incoado por el Congreso yucateco.

Así las cosas, y tras de una investigación y un proceso judicial rodeado de un torrente de irregularidades, con amparos y otros recursos desechados, el mencionado tribunal yucateco solicitó que la Corte ejerciera su facultad de atracción, argumentando que "la importancia del caso Medina-Abraham es de tal magnitud que resulta perfectamente válido sostener que ha permeado en el ámbito social y sobre todo en la buena coordinación de los tres poderes del estado de Yucatán, ya que al ser notorio que su enfrentamiento deriva de un caso judicial extremadamente polarizado social y políticamente, resulta incuestionable que cualquiera que sea la solución al problema jurídico aquí planteado, el impacto de la decisión podría seguir afectando la coordinación de esos poderes, en demérito de la estabilidad social en esta entidad federativa".

La argumentación del tribunal colegiado describe muy bien los efectos de un caso que de ninguna manera podría considerarse como meramente penal, dadas sus profundas repercusiones sociopolíticas. De cara a esa argumentación, resulta evidente la conveniencia de que la Corte atrajera el caso. No lo consideró así la ministra Olga Sánchez Cordero, quien propuso a la primera sala un proyecto de resolución que rechazaba ejercer la atracción, con lo cual estuvo de acuerdo el ministro Juan Silva Meza. Sin embargo, los otros dos integrantes de la sala, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Ramón Cossío Díaz, votaron por la atracción, y de ese modo se produjo un empate que sólo podrá ser resuelto cuando el quinto integrante de la sala se incorpore a la misma.

La vacante se debe a la muerte del ministro Humberto Román Palacios, cuyo sustituto, coincidentemente, fue definido ayer jueves por el Senado de la República, de entre una terna propuesta por el presidente Vicente Fox y cuyos integrantes son Bernardo Sepúlveda Amor, Sergio Valls Hernández y Felipe Borrego Estrada. El designado fue Valls Hernández.

La propuesta de la ministra Sánchez Cordero se inscribe en una corriente existente en la Corte, que tiende a dejar en el ámbito de los tribunales colegiados la última palabra en casi todos los asuntos, a fin de ceñir las tareas del supremo tribunal a los asuntos de índole estrictamente constitucional. Esta tendencia es correcta, pero aun aceptándola y teniéndola por legítima, es claro que debe admitir excepciones, y el caso Medina-Abraham reúne una serie de características que lo hacen merecedor de ser una de ellas.

Como señalaron los ministros Gudiño Pelayo y Cossío Díaz, el asunto reúne los elementos de importancia y trascendencia necesarios para que sea atraído por la Corte, y no porque la controversia rebase la capacidad de los magistrados del tribunal colegiado, sino por el conflicto entre poderes y el juicio político contra los magistrados yucatecos.

El caso Medina-Abraham ha atravesado todo el entramado judicial del país hasta llegar a la Corte. Independientemente del sentido que tenga la resolución de quien diga la última palabra, lo cierto es que su análisis y resolución en un marco de transparencia e imparcialidad -virtudes que no ha tenido hasta ahora el proceso- seguramente hará un servicio al desarrollo de la justicia en el país.