| | | | México D.F. Jueves 18 de noviembre de 2004 |
El remate del petróleo
 El
nuevo máximo histórico alcanzado por Petróleos Mexicanos
(Pemex) en la producción sostenida de petróleo entre enero
y octubre -un promedio de 3 millones 400 mil barriles diarios- no es razón
de orgullo ni de complacencia. Por el contrario, el dato debe ser recibido
con preocupación por la sociedad, toda vez que es indicativo de
la dilapidación de una riqueza nacional finita y no renovable, así
como una señal de la debilidad que presenta la economía nacional
en su conjunto.
Se ha informado recientemente que las reservas probadas
de crudo de nuestro país van a agotarse en poco más de tres
lustros. Pero hace dos décadas que el Estado ha dejado de realizar
inversiones significativas en la modernización, el mantenimiento
y el equipamiento de Pemex, y las nuevas prospecciones y exploraciones,
y hasta los trabajos de extracción, están siendo transferidos
a empresas privadas por la vía de los contratos de servicios múltiples,
contrarios al sentido del artículo 27 constitucional. En esas circunstancias,
es claro que mientras más volumen de crudo se extraiga de los yacimientos
nacionales más rápido se agotarán las reservas.
Desde los tiempos en que había que prepararse para
"administrar la abundancia" supuesta por la despilfarradora administración
de José López Portillo, y cuando las cifras de extracción
promedio eran de un millón y medio o 2 millones de barriles diarios,
el gobierno federal, y tras él el conjunto de la economía,
empezaron a depender en forma creciente de las exportaciones de hidrocarburos.
Las promesas de los gobiernos siguientes en el sentido de reducir esa dependencia
se quedaron en el discurso, y hasta la fecha los ingresos de Pemex constituyen
el primer rubro de ingresos de divisas para el país y el sostén
principal del presupuesto público. Los gobernantes actuales ya no
administran la abundancia, sino la persistente e inocultable crisis que
las cifras oficiales niegan y que las penurias de la gente confirman todos
los días. La factura petrolera es vista ya con normalidad como el
principal componente de los ingresos nacionales, y casi nadie, en las filas
de la clase política, formula propuestas orientadas a preparar al
país para cuando las reservas se acaben, ni para recapitalizar Pemex
con recursos públicos y ponerlo en condiciones de retomar el trabajo
de prospección y explotación, para reactivar la industria
petroquímica y para reconstruir la infraestructura de la paraestatal.
Con una irresponsabilidad indignante y escandalosa, los
gobernantes y los políticos miran hacia otro lado cuando se formulan
advertencias sobre la imprudencia de seguir cifrando la viabilidad económica
del país en sus exportaciones de crudo, sobre la necesidad de disminuir
el ritmo de la producción de hidrocarburos a fin de preservar una
parte de ese patrimonio nacional para la generación inmediatamente
posterior -no se diga para los nietos y biznietos de los actuales mexicanos-
y sobre la pertinencia de diseñar e iniciar una transición
ordenada y previsora hacia la economía ex petrolera que será
la mexicana, si el dispendio sigue a sus ritmos actuales, en 20 o 30 años.
Significativamente, los sectores que se encuentran tras
los principales rubros de ingresos de divisas del país, la industria
petrolera y el trabajo de nuestros connacionales que acuden al norte del
río Bravo, son objeto de un descuido y de un abandono injustificables
por parte del México oficial, el cual se empeña denodadamente,
en cambio, en cortejar hasta la impudicia a los inversionistas extranjeros,
los cuales aportan recursos financieros menores que la exportación
de crudo y que las remesas de los migrantes.
En este terreno, el gobierno del "cambio" no cambió
nada con respecto a los usos económicos depredadores y antinacionales
de sus predecesores. Cabe esperar que la sociedad logre articular una verdadera
alternativa para la sucesión de 2006 y que el Estado adopte, en
la preservación del patrimonio y en la defensa de los mexicanos
que trabajan en Estados Unidos, actitudes responsables, comprometidas y
acordes con el interés nacional de largo plazo.
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