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HIJOS y Comité Eureka lamentan que el gobierno haga a un lado los derechos humanos

Exonerar a Echeverría permite que en el país se perpetúe la impunidad, dicen ONG

Las desapariciones forzadas siguen siendo una práctica vigente en México, advierten activistas

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Plantón de las organizaciones civiles HIJOS y Eureka ante la Suprema Corte de JusticiaFoto Yazmín Ortega Cortés
Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Domingo 5 de abril de 2009, p. 7

El que un tribunal colegiado haya exonerado al ex presidente Luis Echeverría de su responsabilidad en la matanza de 1968 es lamentable, sobre todo porque permite que en el país se perpetúe la impunidad, además de que deja claro que no hay ninguna intención del gobierno de comprometerse realmente con la defensa de los derechos humanos, señalaron integrantes de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) e integrantes del Comité Eureka.

En el marco de la manifestación que realizan frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el primer sábado de cada mes –desde hace siete meses– en demanda de que sean presentados con vida todos los desaparecidos desde fines de los años 60 a la fecha, Pablo Álvarez Watkins, integrante de HIJOS, señaló que en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ya tenemos registrados al menos seis desaparecidos, y agregó que esto pone en evidencia que la desaparición forzada sigue siendo una práctica vigente.

Apuntó que no hay democracia con desaparecidos y tampoco la hay mientras no se castigue a los culpables de la desaparición forzada del pasado, y agregó que la impunidad del pasado perpetúa la impunidad en el presente.

En entrevista, Álvarez Watkins señaló que desde 1969 a la fecha hay más de 550 desaparecidos y el gobierno en el que más se utilizó esta práctica de terrorismo de Estado fue justamente el de Echeverría, en el que se calcula que hubo más de 300 personas desaparecidas.

Indicó que al haberse exonerado a Echeverría de lo ocurrido en 1968, todo hace prever que también lo será de lo acaecido en 1971 y de su responsabilidad en la aplicación del terrorismo de Estado, actividad organizada desde el gobierno en contra de la población, utilizando mecanismos contrarios a la ley para atacar a los movimientos que consideran subversivos.

Apuntó que en torno a esta situación de la desaparición política forzada, la SCJN no ha hecho justicia e insistió en que por ser un delito de lesa humanidad debe quedar constancia de que no prescribe. Subrayó que este reconocimiento como un ilícito de lesa humanidad lo debe hacer la Suprema Corte lo antes posible.

Señaló que de seguirse deslindando de su responsabilidad a las personas que tuvieron injerencia en dichos hechos, se envía un mensaje a la población respecto de que tampoco se van a castigar los atropellos cometidos en contra de la población por parte de gobernantes como Ulises Ruiz o a Enrique Peña Nieto, este último por lo ocurrido en San Salvador Atenco. Expresó que el caso Echeverría confirma que se van a seguir permitiendo y escondiendo actos de represión en contra de la gente.