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Son un termómetro de la democracia, dice el gobernador Juan Sabines Guerrero

ONG defensoras de los derechos humanos fortalecen el estado de derecho en Chiapas: Gobierno

Existen avances legislativos en beneficio de los derechos humanos

Sólo faltaría adecuar la legislación en materia de protección contra las desapariciones forzadas

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El gobernador Juan Sabines reconoció que en Chiapas, por décadas, el autoritarismo se volvió una costumbre, y la discriminación, el pan de cada día, donde la convivencia entre las diferentes creencias y modos de pensar ha sido sinónimo de conflicto y en ocasiones, incluso, de tragedia. Sin embargo, dijo que su administración, que inició el 8 de diciembre de 2006, trabaja en la construcción de un proceso de reconciliación basado en el respeto a las diferencias y a los derechos humanos
Ángeles Mariscal
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2009, p. 31

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de abril. El gobernador Juan Sabines Guerrero y el titular de la recién creada Fiscalía Especializada para la Protección de los Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos del gobierno estatal, Pedro Raúl López Hernández, coincidieron en que la existencia de los grupos civiles independientes que se dedican a la protección de los derechos humanos forman parte de los contrapesos y equilibrios para fortalecer el crecimiento, estabilidad, gobernabilidad y vigencia del estado de derecho en Chiapas.

En este tenor, el gobernador Juan Sabines Guerrero dijo que la fiscalía, creada apenas el 28 de marzo pasado, es un reconocimiento a la labor que realizan los distintos centros promotores de derechos humanos no gubernamentales en el estado de Chiapas, aun cuando en un primer momento esta instancia forma parte de la respuesta de su administración a la recomendación de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) para atender presuntas violaciones en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

El termómetro de la democracia de los gobiernos es la situación de los derechos humanos, sostuvo el mandatario estatal, parafraseando la percepción de Mary Robinson, quien durante cinco años fue la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Cuando anunció la creación de la nueva fiscalía, Sabines Guerrero reconoció también que, por décadas, Chiapas ha sido señalado por líderes de opinión, organismos no gubernamentales, analistas, agencias internacionales y la propia sociedad como uno de los lugares donde el respeto inalienable a los derechos humanos no ha sido una práctica común.

Por décadas el autoritarismo se volvió una costumbre, la discriminación el pan de cada día, donde la convivencia entre las diferentes creencias y modos de pensar ha sido sinónimo de conflicto y en ocasiones incluso de tragedia, sostuvo.

Añadió que el autoritarismo resuelve la crítica con represión, con cárcel o desapareciendo a periodistas, luchadores sociales, líderes religiosos, e incluso se afecta también a los organismos no gubernamentales dedicados a la defensa de los derechos humanos.

En ese contexto, iniciamos esta administración el 8 de diciembre de 2006, y comenzamos al lado de la sociedad la construcción de un proceso de reconciliación basado en el respeto a las diferencias y a los derechos humanos, dijo Juan Sabines, para quien la creación de la Fiscalía Especializada para la Protección de los Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos forma parte de esa estrategia.

Por su parte, Pedro Raúl López Hernández, quien fue nombrado fiscal de la nueva institución, consideró que uno de los pasos primordiales para avanzar en la consolidación del estado de derecho es la formación académica en materia de derechos humanos, para que la sociedad civil, servidores públicos y miembros de los organismos no gubernamentales, conozcan a profundidad los sistemas internacionales signados por México, y que todas las entidades deben respetar.

La labor principal de la Fiscalía es, en un primer momento, atender presuntas violaciones en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas derivadas del allanamiento que sufrieron en sus oficinas en el año 2006, y que nunca fueron investigadas; y también dar cuenta de otros casos del pasado o que en el futuro se presenten.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos generalmente no acostumbran levantar demandas formales cuando son agraviadas, por la desconfianza que tienen hacia el aparato de justicia oficial; en tales circunstancias, dijo López Hernández, la fiscalía actuaría de oficio, es decir, aun cuando los agraviados no presenten denuncias formales.

El fiscal reconoció que las denuncias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos son, en su mayoría, por agravios que comete el Estado (como el espionaje y la intimidación); en este caso, aseguró que la institución a su cargo goza de autonomía técnica, de operación y de ejecución para el cumplimiento de sus atribuciones.

Por ello, dijo que es prioritaria la vinculación de la fiscalía con los organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos, para profundizar el conocimiento de la sociedad civil, del importante trabajo que realizan en el marco de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones, en promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Cuestionado respecto a la nueva instancia, el secretario ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Diego Cadenas, sostuvo que por el momento el centro que dirige se reserva cualquier opinión, en tanto se está en espera de las actuaciones del fiscal Pedro Raúl López Hernández, y del margen de movimiento que le permita el gobierno del estado a la nueva institución.

Por otra parte, Pedro Raúl López Hernández dijo que actualmente existen avances en materia legislativa en el estado de Chiapas en beneficio de los derechos humanos. El gobierno que encabeza el gobernador del estado Juan Sabines Guerrero ha tenido una evolución sustancial en la armonización de su legislación local con los instrumentos del derecho internacional en materia de derechos humanos.

A iniciativa del Ejecutivo estatal –dijo– se han emitido la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, y recientemente la expedición de la Ley que previene y combate la discriminación en el estado de Chiapas.

López Hernández añadió que ligada a estos temas no puede soslayarse la expedición de una serie de disposiciones legales, vinculadas a la protección de las personas, como la Ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas en el estado de Chiapas.

A Chiapas sólo le faltaría adecuar su legislación en materia de protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y armonizarlo con la declaración y convención sobre esta materia, sin perjuicio de hacer una revisión de cada una de estos derechos, porque son perfectibles, y estar acorde a los tiempos en que vivimos, sostuvo el especialista.

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