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Los PPS, más caros que la inversión tradicional, advierten en España

Busca el Edomex atraer recursos de la IP para proyectos sociales

Autoriza el Congreso local fideicomiso que garantizaría pagos

 
Periódico La Jornada
Martes 14 de abril de 2009, p. 38

Con el propósito de tener mayor capacidad de respuesta para atender las demandas sociales de la población, el gobierno del estado de México creó un fideicomiso de garantía que dé certidumbre a la iniciativa privada y la motive a participar en los proyectos para prestación de servicios (PPS) que llevará a cabo la administración de Enrique Peña Nieto, entre ellos un hospital de alta especialidad en el municipio de Zumpango.

El mandatario estatal obtuvo la aprobación del Congreso local para crear de un fideicomiso de garantía y/o fuente de pago, con el que se asegura el cumplimiento de las obligaciones económicas que se contraigan con las empresas proveedoras, sobre todo debido a que los contratos son de largo plazo y ante la eventualidad de que las unidades contratantes no estuvieran en condiciones de cubrir los pagos comprometidos.

Dicho fideicomiso se integrará con los recursos provenientes del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal (el impuesto de 2 por ciento sobre nómina), así como cualquier otro que lo sustituya y/o complemente en un futuro, indica el proyecto de decreto que entró en vigor el 10 de julio de 2007.

Respecto de estos esquemas de inversión, con participación de la iniciativa privada, organismos como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de España, donde también existen modelos de este tipo, afirman que –con base en la experiencia de más de 15 años– en Inglaterra ha quedado en evidencia que los PPS son mucho más caros en relación con los esquemas tradicionales de inversión sólo gubernamental, además de que por los compromisos de pago al empresario, se reduce y limita la capacidad económica de los estados.

Además, señala, se reduce el nivel de información y la transparencia, pues a pesar de que se trata de la prestación de un servicio público, en el caso de un hospital, las empresas suelen argumentar que actúan en un marco de competencia que les obliga a guardar confidencialidad sobre sus estrategias comerciales y los resultados de las mismas.

Con el proyecto aprobado por los legisladores del estado de México, el gobierno estatal inició las actividades para la realización de cinco proyectos: ampliación y modernización integral de la vialidad Las Torres, que incluye Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma; puente vehicular en las avenidas Prolongación Madero y James Watt, en Cuautitlán México; libramiento Atizapán de Zaragoza–Nicolás Romero; Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango, y el Centro Cultural Mexiquense de Oriente, en Texcoco.

El proyecto de Peña Nieto resalta los beneficios de los PPS, porque proporcionan mayor capacidad de respuesta sin necesidad de incrementar la deuda pública del estado, lo que tendrá como consecuencia desarrollo económico y generación de bienestar social, señala.

En la exposición de motivos, menciona la necesidad de proporcionar certidumbre a los inversionistas y a las instituciones públicas, para lo cual se han realizado diversos estudios sobre alternativas de beneficios y garantías que podrían hacer más atractiva la inversión y la participación del capital privado en este tipo de proyectos.

Como resultado de esos estudios, dice, se hizo patente la necesidad de brindar mayor seguridad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago de las unidades contratantes a los inversionistas que participen en los PPS. De ahí la importancia de contar con mecanismos financieros de garantía y fuente alterna de pago.

Enseguida resalta los beneficios de que la figura elegida sea un fideicomiso, porque ofrece al inversionista proveedor seguridad, dado que se afectan de manera irrevocable recursos para el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios y, por otra parte, permite que los recursos sobrantes sean recuperados por la Secretaría de Finanzas, sin afectar en forma importante la liquidez de las finanzas estatales.

Además, las obligaciones a cargo del fideicomiso no serían constitutivas de deuda pública. El proyecto de Peña Nieto también incluyó la previsión de que en un momento dado el fideicomiso no contara con los recursos suficientes para pagar a la empresa proveedora, y planteó la posibilidad de contratar entonces garantías con terceros.